«La guerra nace de su paz»
América Latina en la Doctrina Trump (2025-2026)
Estados Unidos está reorganizando su doctrina militar y de seguridad para América Latina, y lo hace bajo el lema «la paz a través de la fuerza». A partir de la revisión de 35 documentos oficiales de estrategia publicados entre 2025 y 2026 —estrategias de seguridad y defensa, órdenes ejecutivas, leyes de autorización fiscal y diccionarios militares—, este texto nos presenta las líneas estratégicas del gobierno de Donald Trump para el continente: la contención de China y Rusia, una nueva fase de la «lucha contra las drogas», la definición de países peligrosos y el fortalecimiento de la infraestructura militar. Además, se expone el giro doctrinario hacia la guerra irregular y las operaciones multidominio, y cómo la reclasificación de los enemigos —como los cárteles convertidos en organizaciones terroristas— vuelve atacables los cuerpos y territorios de pescadores, campesinos y comunidades. Frente a este escenario, la autora propone la hipótesis de leer el momento donde las «presidencias satélites» explican el rol de los presidentes electos de derecha en la región es el de ser palanca de cambios del presidencialismo imperial. La reflexión sitúa la militarización de la región dentro del balance del ciclo progresista latinoamericano. Este trabajo permite situar lo que sucede en Bolivia en un contexto regional complejo.
LOS DE ARRIBA DICEN: LA PAZ Y LA GUERRA
son de naturaleza distinta.
Pero su paz y su guerra
son como viento y tormenta.
La guerra nace de su paz
como el hijo de la madre.
Bertolt Brecht, «Cantón de guerra alemán»
El escenario que se ha ido extendiendo en los últimos dos años en América Latina refleja las fuerzas y contradicciones de un tablero geopolítico global. Sobre él se libra además una contienda por la narrativa —en los términos de Oswaldo Zavala— que crea o destruye información, opaca verdades y derrama falsedades: desconcierta y confunde. A su vez, la curiosidad nos empuja a abordar directamente las fuentes de la doctrina militar de los Estados Unidos publicada en los últimos dos años.
Para responder a esa inquietud se revisaron 35 documentos oficiales de estrategia y política nacional publicados por el gobierno de los Estados Unidos entre enero de 2025 y el primer semestre de 2026: leyes, documentos de doctrina y órdenes ejecutivas, entre otros. El objetivo de revisar este material es comprender las miradas, los enfoques, los cambios de estrategia y los planes de acción hacia nuestro continente en la presidencia de Donald Trump; el lugar de América Latina en la geopolítica global; y su propio lema «la paz a través de la fuerza», expuesto en varios de sus discursos y documentos oficiales (U.S., 2025; France 24, 2025; El País, 2025). La paz —como nos lo recordaba Bertolt Brecht— no es ajena a la guerra ni a la desigualdad. No es una para todos, sino, en sí misma, un privilegio de pocos; «la paz a través de la fuerza» es una lectura descarnada de ello.
Estos materiales revisados no tienen un único emisor; por el contrario, cambian según la entidad responsable, el enfoque y la directriz. Por ejemplo, la estrategia de seguridad es la visión presidencial —la de la Casa Blanca—, que es política y amplia. En cambio, la estrategia de defensa es la del Pentágono: operativa y concreta. Una primera alerta frente a esta revisión es que la formulación de estrategia y doctrina de los Estados Unidos se alimenta cada momento de nuevos documentos. La llegada al poder de Abelardo de la Espriella en Colombia es uno de los últimos cambios radicales en la expansión de la influencia de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump en la región.
La guerra tiene de arte y de ciencia, de ahí que sus formulaciones sean una convergencia cristalizada de la política y la técnica, de lo que he denominado en otras ocasiones como la materialidad y la inmaterialidad de la guerra (Ciro, 2025). A través de estos documentos de doctrina y estrategia, se han dictado los rumbos de la presencia estratégica, militar y de inteligencia de los Estados Unidos en el mundo, y en el presente —como nunca— su lectura se hace obligada. Uno de los más importantes es la Estrategia de Seguridad Nacional (U.S. National Security Strategy, NSS), publicada el 4 de diciembre de 2025 y redactada por la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional. Es un documento amplio, con instrucciones diplomáticas, económicas e ideológicas que sostienen la idea de «America First» (Primero América), en el mismo se delimita la influencia en América Latina y el Caribe y busca rebalancear las relaciones globales, reescribir la Doctrina Monroe, restaurar el poder estadounidense en el continente, reajustar la presencia global militar, asegurar las fronteras, atacar a los cárteles y establecer acceso estratégico a territorios de interés (The White House, 2025). El pilar de esta propuesta es reclutar y expandir; es decir, atraer a los gobiernos afines y alinear a los incómodos o a los que controlan recursos estratégicos como la energía, los minerales críticos y las comunicaciones cibernéticas. «America First» no nace con esta doctrina; al contrario, hereda las convicciones que vienen cultivando los fascismos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial (Calamur, 2017; The Atlantic, 2017).
Tendemos a pensar los Estados Unidos como un actor monolítico y homogéneo, que tiene una presencia estable, continua y uniforme en el mundo, y las mayores diferencias que se pueden percibir desde fuera son las partidistas: la distinción, a veces no tan clara, entre demócratas y republicanos. Esta mirada estática del poder imperial nos impide ver las rupturas y grietas existentes, como las reseña Perry Anderson (2014c). Conviene insistir, además, en que vivimos en un momento de tránsito multipolar de la geopolítica global, y profundizar en estas tensiones internas puede darnos herramientas para entender mejor qué y cómo se juega en este tablero internacional, y la manera en que el presidencialismo imperial está derivando en nuevas expresiones autoritarias (Saxe Fernández, 2005). Tenemos una enorme invasión mediática de relatos, documentos, discursos, memes, tuits, posts y prensa que distraen; una de las intenciones de este texto es ordenar esta propuesta de la doctrina. Estamos avanzando en la tarea de descifrar, delimitar y caracterizar este momento sombrío que se cierne sobre nuestro continente, que opera para algunos como un Plan Cóndor 2.0 (Calloni, 2024).
Este texto consta de tres partes. La primera describe las líneas estratégicas que orientan la política militar estadounidense; la segunda expone los cambios más relevantes en su doctrina; la tercera cierra con unos comentarios en torno a una pregunta: ¿a qué se enfrenta la mitad del continente latinoamericano?[1]
Líneas estratégicas de la doctrina de los Estados Unidos en 2025-2026
Los documentos de la doctrina militar de los Estados Unidos exponen los intereses, lecturas y preocupaciones de este país en el escenario geopolítico actual. De estos se pueden identificar líneas clave para América Latina y, a pesar del esfuerzo de dividirlas, todas están de una u otra forma imbricadas.
Una primera línea estratégica es detener la influencia de China y Rusia en nuestro continente. Por ejemplo, en la ley que define la política fiscal para las tareas de defensa del año 2026 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, NDAA, S.1071, del 17 de diciembre de 2025) (Congreso de los Estados Unidos, 2025b), se destina presupuesto para un informe de evaluación de la presencia rusa en América Latina y el Caribe. Esta tensión geopolítica le otorga un lugar central a América Latina pues, como se afirma en la Estrategia de Defensa Nacional (National Defense Strategy, NDS) de 2025, se busca asegurar el terreno para la defensa del territorio nacional de los Estados Unidos, blindar las fronteras, identificar las redes de tráfico del hemisferio y proteger el terreno circunvecino —en particular Canadá y México—, lo cual se expresa en el control de la migración y en la redacción del corolario de la Doctrina Monroe en su relanzamiento en el 2025 (Department of War, 2026). En este plan, el fentanilo es considerado como un arma que controla China, una infiltración que recrea una revancha de «guerra del opio» en el siglo XXI. A esto se agregan las acusaciones de venta de marihuana en Estados Unidos por parte de plantaciones chinas ocultas en territorio nacional (The White House, 2026).
Esto se cruza con la segunda línea estratégica: la «lucha contra las drogas» como palanca de una nueva etapa de la intervención en América Latina y el Caribe. La ley de política fiscal de defensa para 2026 (Congreso de los Estados Unidos, 2025b) fijó como indicadores de la política de drogas y de defensa nacional el número de «incidentes» de incautación, la cantidad y el tipo de drogas. También ordenó publicar un documento de control de drogas, elaborado por la DEA y los secretarios de Defensa y de Estado, con políticas de control de tráfico, incautaciones y seguimiento de los precursores que abastecen los mercados de sustancias psicoactivas. El interés se reparte por regiones: la cocaína en Perú, Bolivia y sobre todo Colombia; el fentanilo en México y Canadá.
El documento que profundiza y delinea esta estrategia del control de drogas es la Estrategia Nacional de Control de Drogas (National Drug Control Strategy), publicada en el primer semestre de 2026 (The White House, 2026). Este expone los objetivos, acciones e indicadores de seguimiento de las principales estrategias del gobierno de los Estados Unidos para regular este mercado, enfrentar la crisis del fentanilo y conectar esta situación con el sufrimiento de las familias estadounidenses, cuyos duelos se relatan a lo largo de todo el texto. La crisis que afecta a las familias estadounidenses se concibe en clave geopolítica como un asalto químico dirigido por China y la sustancia y sus precursores quedan equiparados a «armas de destrucción masiva», a lo que ha respondido, por ejemplo, con la firma del HALT Fentanyl Act (Congreso de los Estados Unidos, 2025).
Como se ha mostrado en otros trabajos, el prohibicionismo encarnado en la «lucha contra las drogas» es un ejercicio clasificatorio de «buenos» y «malos», un «péndulo moral» en los términos de la Comisión de la Verdad (2022). En esta nueva fase estratégica de «lucha contra las drogas» es preciso resaltar el cambio en la clasificación de los enemigos; en el gobierno de Donald Trump se ha indicado en varios documentos que su objetivo son los grupos de extrema izquierda como los anarquistas y antifascistas —llegando al grado de señalar grupos en Alemania que no existen— y «los cárteles del narcotráfico». Estos últimos son clasificados como organizaciones terroristas internacionales (FTO, Foreign Terrorist Organization) y organizaciones criminales transnacionales (TCO, Transnational Criminal Organization). Este es un juego peligroso que desdibuja la frontera entre las insurgencias y la delincuencia, y los vuelve a todos atacables bajo la misma doctrina, estrategia, código penal y aparato represor.
De ahí las graves violaciones de derechos humanos al bombardear pescadores del Caribe y del Pacífico acusándolos de terroristas, aun cuando ni la propia ley permite un trato así a los traficantes de drogas (The New York Times, 2025). Convertidos los enemigos en cárteles o narcotraficantes, y bajo el marco represor del prohibicionismo, los pescadores, campesinos y ciudadanos en general se convierten en cuerpos y territorios susceptibles de ser atacados, envenenados, torturados, detenidos, desaparecidos, asesinados y bombardeados. Esto que no es nuevo y viene siendo estudiado desde hace más de una década; por ejemplo, Philippe Bourgois se refiere al prohibicionismo como una «malla farmacológica/cultural/biopolítica/económica», reflejo de una «acumulación depredadora» que profundiza las distancias entre Norte y Sur y se concreta en una gubernamentalidad represiva y el control de mano de obra lumpenizada y excluida (Bourgois, 2018). En la misma línea, Dominic Corva (2008) describe una gobernanza «iliberal», es decir, la que se ejerce allí donde una población —«desviados», «opositores», “criminales»— no puede ser gobernada mediante la libertad y el Estado la gobierna por coerción. Ese control se reparte entre un aparato militar y represor transnacional y un aparato de justicia penal —una transnacionalización de la violencia— y prolonga el imperialismo por otros medios: la narcovigilancia, la invasión, el «narcoespacio» y la representación geográfica del enemigo.
En 2025 y 2026 estamos ante una estrategia que viene siendo aplicada desde el inicio de la «lucha contra las drogas», aunque con nuevas tecnologías, en una coyuntura de crisis del multilateralismo y de los principios constitucionales de los Estados, en donde la garantía de derechos queda relegada a las urgencias de la seguridad y el ataque al «crimen organizado». Hoy la ciudadanía está más expuesta y más vulnerable que nunca.
Estos documentos empiezan a situar enemigos en un mapa geopolítico regional y, por ejemplo, consideran a México como un lugar donde los imperios criminales lanzan ataques químicos contra los Estados Unidos. De ahí que la Estrategia tenga como componente central un escenario de confrontación en dos frentes, que va más allá de sus fronteras:
- Atacar al enemigo en sus fuentes y métodos de distribución de drogas. Por esta vía han avanzado en el aseguramiento de la frontera y en los ataques militares contra narcotraficantes marítimos. La orden ejecutiva 14157 designó a los cárteles como FTO, lo que amplía la capacidad de ataque contra esta amenaza y habilita más recursos de investigación. Una de las estrategias es establecer, desde el Tesoro de los Estados Unidos y junto con instituciones financieras internacionales, mecanismos de control del lavado de dinero que permitan desarticular las TCO y las FTO. Se extenderán también operaciones de inteligencia sobre precursores químicos y equipos usados en laboratorios de producción de drogas.
- Fortalecer las comunidades, principalmente desde la detección temprana y acompañada de un fuerte trabajo de las iglesias y de la fe. En este apartado llaman la atención sobre las drogas y su atractiva comercialización entre jóvenes con las nuevas drogas que están expandiéndose en el mercado como tianeptina, kratom, psicodélicos legales y hongos.
En tercer lugar, los documentos definen países estratégicos. Por un lado, hay un interés especial en Haití, al que se le asigna un bureau (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, 2025; The White House, 2025). Por otro, y de forma más directa —como ya se vio en el apartado anterior—, México aparece imbricado en este escenario de enemigos y competencia. Se lo menciona en todos los documentos como un país fuente de peligro por la producción de fentanilo y, a la vez, como competidor económico (The White House, 2025). Por ejemplo, en la ley fiscal, se ordena a los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Internacionales de la Cámara elaborar, en un plazo definido, un reporte sobre la estrategia contra las organizaciones criminales de México, lo que involucra no solo el tráfico de cocaína, sino también la trata de personas, el fentanilo, contrabando, lavado, entrenamiento militar y control de fronteras norte y sur. México, como ningún otro país latinoamericano, es nombrado en la autorización fiscal de defensa de 2026 —59 coincidencias—, que insiste en reforzar la colaboración, coordinación y cooperación con el gobierno mexicano en «la lucha contra el narcotráfico», sobre todo en el control del fentanilo y la metanfetamina.
La planeación fiscal de defensa para 2026 destina presupuesto a un informe titulado «Annual report on efforts to prevent the smuggling of methamphetamine into the United States from Mexico», el seguimiento del Bust Fentanyl Act, la elaboración de la «Strategy for countering transnational criminal organizations in Mexico» y el «report regarding joint training with Mexico to counter transnational criminal organizations». Los reflejos de este énfasis se pueden observar en los debates del Congreso de los Estados Unidos; por ejemplo, en las testificaciones de centros de pensamiento estadounidenses ante el Caucus del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos, dedicadas a México (Felbab-Brown, 2025).
Además de México, en América Latina aparece un nuevo enemigo a partir de una nueva definición de país peligroso, entendido como aquel que mantiene rehenes estadounidenses. Es el caso de Venezuela, concebida como «Estado patrocinador de detenciones ilegales o arbitrarias» (State Sponsor of Unlawful or Wrongful Detention), categoría que la convierte en un país de preocupación. En estos documentos se nombran también otros territorios, como Groenlandia, el Golfo de América y el Canal de Panamá (U.S. Department of Defense, 2026).
Una cuarta línea estratégica es la mejora de la infraestructura militar. Por ejemplo, estas publicaciones exponen los proyectos que adelantan dentro de sus fronteras para fortalecer sus fuerzas armadas. Dentro de los planes internos están los 28 proyectos de construcción y adquisición de tierras para las fuerzas aéreas, donde los más ambiciosos se ubican en Oklahoma y Dakota del Sur. A esto se suma una línea de proyectos de energía para fortalecer la fuerza aérea en el exterior (Diego García —océano Índico—, Alemania, Groenlandia, Noruega, Reino Unido y Japón), y el plan de fortalecimiento antinarcótico con México (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, 2025). De estos intereses también hace parte la urgencia por identificar y asegurar la infraestructura crítica basada en redes de energía, sistemas financieros, telecomunicaciones y, en particular, los centros de datos, concebidos como una tecnología crítica y emergente que permite a Estados Unidos disputar el liderazgo en términos de Inteligencia Artificial (The White House, 2026).
Nuevos modos de operar la nueva guerra
A la vez que el gobierno de los Estados Unidos va apuntalando sus intereses en cada país del continente americano, se va extendiendo una nueva manera de comprender y hacer la guerra, caracterizada por el lugar predominante que ocupa en ella la guerra irregular. Ese giro se expresa en la doctrina publicada en el segundo semestre de 2026 y en los diccionarios militares y de términos asociados (U.S. Department of Defense, 2025). Estos últimos incorporaron nuevos conceptos como guerra irregular —acciones indirectas u operaciones no atribuibles[2]—, dominios emergentes —como el ciberespacio o el espacio como dominios de guerra—, la inteligencia artificial y el poder nacional. Ese repertorio incluye también las definiciones de interdicción de drogas, incautaciones, operaciones, zona productora (source zone)[3] noción que converge en paralelo con lo que agencias como la UNODC empiezan a delimitar bajo la idea de enclaves productivos en las economías cocaleras de Colombia (UNODC, 2025). Este nuevo énfasis prolonga un camino de varias décadas, el de instalar la guerra no convencional como normalidad, y renueva una doctrina que venía desde 2014, en la que se refuerzan las operaciones especiales, interinstitucionales, intergubernamentales y multinacionales, combinando una tríada de fuerza especial, espacial y cibernética (Headquarters, Department of the Army, 2025a).
Para ejecutar esta nueva guerra, la preocupación central es la unidad de acción, no solo en el plano nacional sino en el internacional (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2025), esa unidad debe articular los objetivos multiservicio y multinacionales con la doctrina conjunta nacional, que sintetiza el vínculo entre fines y medios y cuya conducción recae en el comandante de las fuerzas conjuntas (JFC). La doctrina conjunta está por encima de las demás y prevalecerá a menos que el JFC y los altos mandos civiles responsables den otra orientación. Aun así, no puede contravenir ni imponerse sobre las demás doctrinas; mientras la estrategia describe cómo emplear los instrumentos para lograr el objetivo, la doctrina conjunta proporciona orientación unificada amalgamando la estrategia de seguridad, defensa y militar.
Figura 1
Comunidad de implementación de la Doctrina Conjunta (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2025).

Nota. Tomado de Joint Doctrine Development System (CJCSI 5120.02G/F) por el Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2025, U.S. Department of Defense.
Otros documentos explican con mayor alcance y detalle cómo se van a articular los diferentes actores —comandantes, estados mayores, líderes de ejércitos, cuerpos, divisiones y brigadas— con las misiones, las organizaciones y funciones del ejército para lograr las operaciones multidominio (Headquarters, Department of the Army, 2025b; 2025c). Estas definen las operaciones, el arte operacional y las funciones de combate, la doctrina operativa, y detallan los cambios que involucran el rol del Centro de Armas Combinadas del Ejército de los Estados Unidos y la Dirección de doctrina de armas combinadas, basadas en la operación multidominio y que concretan lo aprendido en Ucrania contra Rusia y con Israel contra Hamas. Por ejemplo, eleva la importancia del espectro electromagnético y buscan formaciones suficientemente integradas que permitan actuar y decidir de forma más rápida frente al enemigo. En esta nueva doctrina, la palabra clave es la interoperabilidad, la capacidad de operar en contextos globales de forma coordinada y conjunta.
Figura 2
Guerra irregular y actividades de operaciones especiales

Nota. En el área sombreada destaca las actividades en que se solapan la guerra irregular y las operaciones especiales. Extraído de Headquarters, Department of the Army, 2025a.
Encarar un nuevo escenario
Las estrategias de intervención de los Estados Unidos se apoyan cada vez más en la guerra irregular, que requiere el acumulado de experiencia y conocimiento de las agencias de inteligencia, un componente que estos documentos pasan por alto. Así, aunque no se piensa en fuerzas de ocupación, sí se recurre a la intervención clandestina sobre puntos específicos de los países que se busca controlar Una de sus expresiones es «delegar» el poder sin necesidad de ocupar con tropas, como ocurre con Rodrigo Paz en Bolivia, Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina o Bukele en El Salvador y, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia. Se inaugura así la etapa de las presidencias satélites, en la que los presidentes electos se vuelven delegados del presidencialismo imperial, administradores locales —virreyes— encargados de dominar y someter el campo popular contrario y de servir de palanca a los cambios con la cual opera e interviene el gobierno de los Estados Unidos.
México se constituye en el objetivo estratégico principal de los Estados Unidos y su control podría ser la estocada final sobre América Latina. Allí, sin embargo, el calendario electoral no coincide con el estadounidense, de modo que la vía electoral no forma parte del plan de intervención. A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, en este caso deben pensar un escenario extraelectoral.
Finalmente, todo lo anterior configura un escenario central para pensar el balance del ciclo progresista en América Latina. Los Estados Unidos no están interviniendo en oposición al pueblo, sino de la mano de él, en una suerte de hartazgo o engaño generalizado frente a los resultados de las izquierdas progresistas que dirigieron los rumbos de gran parte del continente. Los análisis latinoamericanos que van del acuerdo de paz en Colombia y la reincorporación de las FARC en su dimensión regional, a la reciente captura de Nicolás Maduro y la pérdida de las elecciones de la izquierda de Gustavo Petro nos obligan a reflexionar en el continente, algo que difícilmente hemos podido construir de manera colectiva en América Latina, al sumirnos en la división y los debates de las izquierdas sobre el progresismo y en la imposibilidad de la autocrítica.
Referencias bibliográficas
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Bourgois, P. (2018). Decolonising drug studies in an era of predatory accumulation. Third World Quarterly, 39(2), 385-398.
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The White House. (2026). President Trump’s cyber strategy for America (National Cyber Strategy). https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/03/president-trumps-cyber-strategy-for-america.pdf
U.S. Department of Defense. (2025). DoD dictionary of military and associated terms. Joint Chiefs of Staff. https://www.jcs.mil/doctrine/
[1] Cuando nos referimos a la mitad del continente americano, es decir, a la consideración electoral de que en las elecciones desarrolladas en los últimos dos años parece haber una división muy clara entre un 50 % defensor de las políticas que representa Donald Trump y un 50 % anti-Trump.
[2] «Forma de guerra en la que Estados y actores no estatales despliegan campañas para asegurar o coaccionar a otros Estados o grupos mediante actividades indirectas, no atribuibles o asimétricas. También denominada IW». (JP 1, Vol 1). Traducción del Editor
[3] “En las operaciones antidrogas, área geográfica identificada donde se cultivan o se procesan de forma primaria los componentes agrícolas o sintéticos de las drogas ilícitas, y donde comienza el proceso de tráfico”. (JP 3-07.4). También nombran un Asymmetric Warfare Group pero no lo definen. (La traducción es del editor).
Estefanía Ciro es doctora del Programa de Posgrado de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana. Es autora del libro «Levantados de la Selva: Vidas y legitimidades de la actividad cocalera en el Caquetá». Uniandes (2020). Fue coordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (2019-2022). Fellow del grupo de investigación «Dimensiones de la Regulación: nexos drogas y violencia» de la Universidad de Bielefeld.