Invocar a las almas

Altares, trauma colectivo y violencia de género en Bolivia

Natalia Chávez Gomes da Silva

En distintas zonas de herencia quechua-aimara de Bolivia, los lugares donde fueron hallados los cuerpos de cuatro mujeres víctimas de feminicidio — Inocencia Flores, Adela Cárdenas, la Cholita sin Nombre y Shirley Quispe— se convirtieron con el paso de los años en altares y santuarios de devoción popular. Este ensayo analiza esas prácticas como formas de procesamiento colectivo de un trauma que el Estado boliviano no ha reparado ni prevenido: en un contexto de impunidad estructural, las comunidades inventaron sus propios mecanismos para no olvidar. Por un lado, estas devociones funcionan como ensamblajes que restituyen presencia y agencia simbólica a las víctimas, pero al mismo tiempo reproducen inadvertidamente los mandatos de género que incidieron en sus muertes. Por otro lado, la lógica que las sostiene —la invocación acumulativa, sostenida y colectiva como fuente de poder— contiene una enseñanza política que trasciende el altar: nombrar la violencia de género de forma repetida e incómoda en el espacio público es el mecanismo por el cual los discursos culturales que la producen pueden comenzar a desarticularse.  Palabras clave: género, comunidades, medios de comunicación, discurso cultural, afecto.

 

En diciembre de 1977, en el mercado principal de Oruro, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer joven envuelto en una frazada, con visibles marcas de violencia en toda su superficie. En noviembre de 1996, cerca de la carretera que une Sucre y Potosí, apareció el cuerpo quemado e irreconocible de Adela Cárdenas, comerciante y madre de ocho hijos. En 1998, en el Valle Alto de Cochabamba, una niña que pastoreaba ovejas encontró el cuerpo sin rostro reconocible —porque lo habían mordisqueado los perros— de una mujer de pollera. Y en julio de 2003, en un peñasco del Valle Bajo cochabambino, fue hallado el cuerpo de una adolescente de cuyo vientre había sido extraído un bebé, también asesinado, cuyo cadáver fue encontrado cerca.

Enterradas donde hallaron sus cuerpos, los lugares de «descanso eterno» de estas cuatro víctimas de muertes violentas hoy en día son altares, santuarios y grutas que se han convertido en su «de contacto con el cliente» durante ya varias décadas: decenas de miles de personas, tanto hombres como mujeres habitantes de las zonas, acuden durante todo el año a esos espacios para ponerse en contacto con ellas y solicitarles y agradecerles por favores de intercesión entre las fuerzas invisibles del mundo y demandas individuales. Las ofrendas materiales y las prácticas de ritos —mesas de ofrenda, rezos, canciones— y acompañamiento —pasar tiempo tomando alcohol, fumando y acuclillando coca en el altar— de las comunidades devocionales alrededor de los espacios de memoria de las víctimas permiten sustraerlas del olvido total al que muchas otras mujeres como ellas son sometidas.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2024, Bolivia está en el primer lugar en la tasa de incidencias de feminicidio en Sudamérica y comparte el cuarto lugar en toda América Latina.[1] En 2024, se registraron 84 casos de feminicidio. De esos, solo 29 contaban con sentencia penal al momento del informe.[2] Estos números probablemente no representan el total real de crímenes de homicidio de mujeres por su condición de ser mujer ya que, cuando un caso de feminicidio puede tramitarse simultáneamente como homicidio y las penas son equivalentes, por razones de eficiencia jurídica y falta de especialización, el sistema elige la figura más eficiente. Entre los casos acumulados desde la creación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en 2013 y hasta 2024, solo 1 de cada 4 feminicidios terminó en sentencia ejecutorial[3].

La violencia de género en Bolivia no es una emergencia reciente ni mucho menos ha sido contenida exitosamente con medidas anunciadas en leyes y otros documentos prescriptivos. Es un trauma que se perpetúa y es el síntoma de una estructura social que se sigue reciclando y reforzando por falta de intervención desde múltiples flancos distintos a la justicia del Estado como los discursos culturales y las actitudes sociales frente a la violencia.

El problema debe ocupar espacio físico, conceptual y emocional

Conviene pensar en cómo se nombra —o no se nombra— el trauma que causa la violencia de género. Nombrar es una forma de definir el problema y un atajo productivo para referirlo constantemente y no perder de vista que es algo que debe solucionarse.

En la cobertura mediática latinoamericana, los términos femicidio y feminicidio circulan con frecuencia como expresiones aparentemente equivalentes para referirse a los asesinatos de mujeres por razones de género. El término femicidio fue utilizado por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, y fue redefinido por Diana Russell y Jane Caputi en 1990 como «el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. Feminicidio, en cambio, es la categoría desarrollada por la académica y activista mexicana Marcela Lagarde para nombrar no un hecho puntual sino un fenómeno social: la violencia contra un «tipo» de persona —la mujer— como categoría. Como señala Rita Laura Segato en La guerra contra las mujeres (2016), la intercambiabilidad de ambos términos en el sentido común y en los discursos mediáticos no es inocente: la primera categoría (femicidio) permite visibilizar el carácter íntimo y relacional de muchos crímenes, pero corre el riesgo de reforzar lo que Segato llama la «privatización de la violencia de género» (2016, p.87), confinándola al ámbito de lo doméstico y dificultando la percepción de sus manifestaciones en escenarios más amplios. La segunda, feminicidio, desplaza la mirada hacia una comprensión estructural y colectiva: los crímenes por condición de mujer revelan misoginia y participan de una violencia sistemática que puede leerse como una forma de destrucción social dirigida contra un grupo específico.

Esta distinción es fundamental para entender las muertes de las cuatro mujeres de este texto. Sus casos no son tragedias individuales ni accidentes de la intimidad; son instancias de un patrón estructural que castiga con violencia extrema lo que Liliana Colanzi ha llamado «la desobediencia» de las expectativas de género del patriarcado. En el prólogo de La Desobediencia, una antología de ensayo feminista boliviano que la autora dirigió y publicó, Colanzi escribe que desobedecer “es negarse a ser cómplice de un sistema, pero también imaginar que la realidad podría ser de otra manera (…)» (2020, p.13).

Inocencia Flores, adolescente migrante de una comunidad pequeña de las afueras de Oruro, había llegado a la ciudad para incorporarse al trabajo remunerado y alcanzar independencia económica. Su asesino, José Leaño Perales, la había empleado como ayudante en su comercio del mercado central y la asesinó cuando ella se negó a ser «su querida». Adela Cárdenas, madre de ocho hijos que vivía en el terreno de la familia de su esposo, fue asesinada por éste, cuando ella, después de que su esposo la hubiera engañado y abandonado, recurrió al marco legal para exigir la manutención de sus hijos. Shirley Quispe, adolescente hija de un padre alcohólico y desempleado, fue asesinada por su pareja —de una familia de estrato social distinto al de ella— cuando su embarazo representó para él una responsabilidad que amenazaba su propia libertad.

El caso de la Cholita sin Nombre es distinto ya que reúne aspectos de la intersección entre género, etnicidad y exclusión social. La ausencia de información sobre su historia personal y las circunstancias de su muerte son datos significativos. El hallazgo de su cuerpo en un área poco densa entre pueblos pequeños de la zona de San Benito en Cochabamba puede interpretarse como la expresión de una violencia que se ejerce con mayor impunidad sobre sujetos de ciertas categorías sociales, como la de la mujer. Estos sujetos son aún más susceptibles de ser víctimas de violencia si hay otros aspectos de interseccionalidad agravantes de su vulnerabilidad: por ejemplo, si la mujer es de una clase socioeconómica baja o desconectada de las redes de poder y de la justicia, o si pertenece a una comunidad aislada o hermética. La violencia como opción se fortalece por la constante comunicación de que las consecuencias para estos actos son erráticas e inconsistentes por parte del resto de la sociedad. En el caso de la Cholita sin Nombre, su anonimato refuerza la lógica de deshumanización que sostiene estas violencias y evidencia cómo, en ciertos contextos, existir al margen de los marcos normativos que garantizan protección es, de una forma extremadamente injusta, en sí mismo una transgresión.

En todos los casos, la violencia funciona como sanción frente a formas diversas de desobediencia: la búsqueda de independencia económica, el ejercicio de derechos legales, la sexualidad fuera de los marcos morales legitimados, la existencia sin red comunitaria de referencia. Considerando las zonas geográficas donde suceden estas muertes y donde surgen las devociones —áreas de significativa presencia e influencia de las etnias quechua y aimara—, las desobediencias adquieren su forma específica en el contexto de una matriz cultural andina en profunda tensión consigo misma.

El modelo de complementariedad chacha-warmi —la dualidad hombre-mujer como eje de la estructura social comunitaria— ha operado históricamente como uno de los marcos de sentido que regula las expectativas sobre los roles de género en las zonas andinas. Sin embargo, como advierte Silvia Rivera Cusicanqui (2012) en Mujeres y estructuras de poder en los andes: De la etnohistoria a la política, este modelo nunca representó un equilibrio verdadero: incluso antes de la colonización española, el sistema de género en estas sociedades implicaba un equilibrio «inestable, móvil, contencioso» (p.180) cuyas tensiones principales residían en la distribución desigual del poder simbólico, social y ritual. La colonización no hizo sino agravar esas tensiones al imponer, como analiza María Lugones en su trabajo sobre la colonialidad del género, un régimen híbrido en el que la feminidad quedó asociada a la reproducción y a la obediencia relacional, producto del desplazamiento de los modelos de organización comunitaria hacia familias nucleares de cabeza masculina. Rivera Cusicanqui precisa el mecanismo específico por el que opera esta reconfiguración en el contexto andino: la aculturación masculina produce un doble proceso de colonización —cultural y de género— en el que «la autoridad y el modelo pasan a ser regidos por la imagen masculina aculturada, que reniega de lo suyo a través del desprecio de su propia compañera o madre» (2012, p. 196). La violencia conyugal creció en espiral a partir de esa herida colonial, marcando, como dice Rivera Cusicanqui, «a hierro a todas las generaciones del mestizaje colonial andino» (p.196).

Esto no significa que la colonialidad del género sea una causa directa de los crímenes cometidos contra estas mujeres. Sí significa que el discurso cultural en el que esos crímenes se producen —y se toleran— tiene raíces que las reformas institucionales más recientes no han alcanzado a desarticular. La ya mencionada Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia —creada en 2013—, la actualización del Ministerio de Culturas para incluir la «despatriarcalización» en su nombre — en 2020— y los protocolos de atención a víctimas en todas las instituciones que están implicadas en esos dos pilares legislativos han convivido con: una implementación deficiente, la corrupción de  un sistema que opera dentro del pacto patriarcal y la falta de especialización de jueces y fiscales en materia de[4]género. El resultado es que el abuso físico, sexual, financiero, psicológico y emocional —ejercidos frecuentemente en simultaneidad o secuencialmente a medida que pasa el tiempo por hombres del círculo afectivo, laboral o comunal próximo de las víctimas— persiste como antesala del feminicidio que es el máximo acto de violencia de género. Y cada vez que un criminal queda impune, se refuerza un discurso cultural de indefensión, impotencia e indiferencia ante esa violencia.

Bolivia es, según el Banco Mundial, el país del continente americano con la tasa más alta de participación femenina en el mercado laboral: el 71,8% de las mujeres mayores de 15 años trabaja fuera del hogar. Esa cifra no es solo un dato económico; es la medida de una contradicción estructural en la que las mujeres han expandido masivamente su presencia en la vida llamada pública sin que el orden de género haya cedido proporcionalmente en la vida privada ni en la cultura institucional.

El trauma de la violencia de género es colectivo

Las devociones que se formaron alrededor de Inocencia Flores, Adela Cárdenas, la Cholita sin Nombre y Shirley Quispe inventan formas de mantener vivos a sus muertos.

Cathy Caruth (2001), reflexionando sobre el trauma, la muerte y la supervivencia, argumenta que cuando la conciencia se enfrenta a la interrupción violenta de una vida, es incapaz de atestiguar del todo ese momento límite. Como mecanismo de defensa, mantiene la presencia del ausente «intacta», refiriendo continuamente a una vida que no puede aprehender como terminada. En el encuentro traumático con la muerte, «la propia vida intenta servir como el testigo que la conciencia no puede proporcionar» (p.10). Aplicada a las comunidades próximas a estas cuatro mujeres —especialmente a las mujeres que compartían con ellas una condición social, territorial e identitaria similar—, esta idea permite comprender las prácticas devocionales ya no como fenómeno cultural de fe de rasgos sincréticos, sino como una forma de procesamiento colectivo de un daño que excede la experiencia individual. La violencia de género en Bolivia no es solo el crimen cometido contra una mujer en particular: es un peligro latente que potencialmente afecta a toda la población que se reconoce en su historia. El impulso de rodear a estas mujeres de objetos, palabras y rituales —y de no dejar que se queden solas— es también el impulso de no dejar que su violencia sea normalizada.

Los medios de comunicación jugaron en esto un papel decisivo y ambivalente. La forma en que los casos fueron narrados en la prensa —con detalles de los daños en los cuerpos, las marcas de la violencia, las circunstancias del hallazgo— puede leerse, en una primera aproximación, como una irresponsabilidad ética que banaliza el horror en busca de impacto. El caso de Inocencia Flores fue narrado en el periódico La Patria de Oruro en diciembre de 1977 con precisión forense: las marcas de golpes en el dorso, los cortes en la cara y el traumatismo encéfalo-craneal causado por un golpe de martillo que dejó una herida de siete centímetros. Las mismas notas mencionaban, al caracterizar al agresor, el tipo de mujer que habitualmente elegía para su negocio: «mujeres jóvenes, campesinas, de familias humildes». La yuxtaposición entre el perfil de la víctima y el hecho violento puede producir inadvertidamente la confusión entre un efecto y la causa con la que no debería haber correlación alguna: como si el destino nefasto fuera consecuencia del perfil de la mujer, y no de la conducta criminal del perpetrador. Estudios sobre el encuadre noticioso de los feminicidios en México (Salazar Rebolledo et al., 2020) y Canadá (Jiwani y Young, 2006) muestran que este tipo de cobertura tiende a producir una cnaturalización de la susceptibilidad de ser violentadas» para ciertas mujeres —las migrantes, las trabajadoras informales, las indígenas— mientras que reserva mayor espacio en la agenda a casos de víctimas de alto perfil profesional o social.

Sin embargo, la misma nota que contenía ese relato registraba algo diferente: la respuesta de la comunidad. Una vez publicado el nombre del asesino, las mujeres comerciantes de los mercados Bolívar, Campero y calles adyacentes salieron a las calles con pancartas exigiendo justicia y el fusilamiento inmediato de José Leaño Perales. Gritaban frente a su tienda y su casa. Denunciaban públicamente sus crímenes previos. La visibilidad del crimen —tanto haber sido estas mujeres testigos como el horror nombrado en el periódico que cubrió el crimen— fue la condición que hizo posible esa respuesta colectiva.

Elaine Scarry, en The Body in Pain: the Making and Unmaking of the World (1985), explica que el dolor, aunque indudablemente real para quien lo sufre, es irreal para los demás a menos que se acompañe de una evidencia visible del daño (p.56). La narración de la violencia concreta hace perceptible el sufrimiento de la víctima para una segunda persona, habilita la empatía y convierte a la mujer muerta en un sujeto reconocible ante el mundo. Esa es la paradoja que organiza la relación entre los medios, las comunidades y las devociones: la visibilidad del crimen —incluso en su versión más incómoda y morbosa— fue una parte importante que convocó a las comunidades y lo que inició el largo proceso de no olvidar.

La forma cultural específica que tomó ese no olvidar responde a una espiritualidad sincrética que articula herencias católicas con ontologías andinas de larga duración. En la cosmovisión quechua-aimara, los difuntos siguen activos en los planos fuera del mundo físico; no hay una frontera rígida entre vivos y muertos sino una continuidad relacional mediada por ofrendas, rituales y presencias compartidas. Este marco de sentido —que en las zonas andinas de Bolivia convive hace siglos con elementos del catolicismo, en una dinámica que más que fusión representa la persistencia de epistemologías indígenas de larga duración frente a la imposición colonial— hizo posible que el hallazgo de los cuerpos de estas mujeres activara una lógica de reconocimiento y reciprocidad: al presentarse, al hacerse visibles a la comunidad, estas mujeres se convirtieron en portales de intersección entre el mundo de aquí y otros planos de existencia, con un poder acumulable a través de ofrendas y rituales de comunicación. Lo que importa aquí no es la teología del fenómeno, sino su función social. Las devociones son una forma de procesar colectivamente aquello que la institución pública no ha procesado.

Lo que los altares hacen y lo que no hacen

Los espacios devocionales que se formaron alrededor de estas cuatro mujeres son ensamblajes de objetos, rituales, imágenes, palabras y prácticas que significan como conjunto: no solo por sus elementos individuales sino por las relaciones que establecen entre sí y con quienes entran en contacto con ellos. Para este ensayo, se considera el conjunto de objetos y prácticas en estos espacios —los altares y las locaciones geográficas cargadas de sentidos culturales específicos— como ensamblaje en vinculación con el concepto de Deleuze y Guattari (1997) de assemblage y agencement en los que los elementos participantes del conjunto significan como conjunto, assemblage, y se significan entre sí por estar en la articulación del conjunto, es decir, unos en relación con otros. Siguiendo la pregunta que Jasbir Puar formula en su lectura de Deleuze y Guattari —no qué son los ensamblajes sino qué hacen los ensamblajes—, estas expresiones materiales hacen dos cosas simultáneamente: mantienen vivas a las mujeres víctimas en la memoria colectiva, y mantienen presente la idea de que la violencia de género existe y sigue sin resolverse.

La primera función opera a través de un mecanismo de presencialidad continuada. El poder de las santas crece porque su presencia crece y esta incide en la percepción de su magnitud milagrosa. Para hacer sus ofrendas, rezar y quemar mesas, los solicitantes deben estar físicamente en el lugar, expuestos a los objetos y a otras personas devotas. Visto desde la perspectiva de teorías de estudios culturales sobre el afecto,[5] el contacto con los signos y el ensamblaje tiene un efecto en las personas que se encuentran con estos en el espacio de la devoción. Según la teoría del afecto, la percepción sensorial de la presencia de los signos materiales activa reacciones precognitivas que dirigen a los sujetos a una búsqueda de sentido de esa reacción. Siguiendo a Massumi en Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation (2022), la activación del afecto del ensamblaje en los participantes se sitúa en una zona de potencialidad —«lo virtual»[6]— que precede a la respuesta consciente y en la que el cuerpo funciona como un sistema de información cuya capacidad excede a la de la conciencia. En este sentido, encontrarse con un gran volumen de objetos juntos o con una fotografía alterada de la difunta puede causar en la persona en contacto con el ensamblaje una reacción corporal sensorial sin definir, que luego puede nombrarse —como lástima, curiosidad, tristeza, compasión, entre muchas otras— y experimentarse en distintas intensidades.[7] Durante o después del contacto, esta emoción, según el proceso de afectar descrito por las teorías del afecto, dará paso a una reflexión posicionada y personal respecto a uno o muchos aspectos como: la vida y la muerte de estas mujeres, la muerte en específico o, incluso, la posibilidad de lo sobrenatural, esto por encontrarse la persona rodeada de testimonios respecto al poder milagroso de la santa.

Legible en el volumen de objetos y prácticas en los espacios, el deseo de continuidad de las vidas de estas santas se materializa en un tipo de objetos en específico: las fotografías alteradas digitalmente de todas ellas que, por un lado, le dan una imagen a la figura santa y, por otro, le adscriben identidades posibles. Si bien el uso de fotografías se da en todos los espacios devocionales, solo se contaba con la imagen verdadera de dos de las mujeres, Shirley Quispe y Adela Cárdenas, cuyos familiares facilitaron una fotografía a partir de la cual se editaron muchas versiones y montajes. En el caso de la Cholita sin Nombre y de Inocencia Flores, dado que nunca se verificó sus identidades y sus rostros estaban muy dañados al momento de su hallazgo, los solicitantes crearon sus imágenes con rasgos que tendrían mujeres de la zona donde las encontraron.

Las fotografías intervenidas digitalmente que se encuentran en los altares posicionan el rostro real de Shirley Quispe en escenas que ella podría haber vivido (Figuras 1 y 2): aparece en uniforme de policía nacional, en uniforme de doctora y de enfermera, vestida de gala para una fiesta de graduación a la que nunca pudo asistir. Estas creaciones pueden leerse como un gesto de afecto hacia alguien que fue privada de sus propias decisiones y caminos: un voto de fe a la adolescente que, a pesar de haber quedado embarazada, podría haber escogido su propio destino.

Figura 1. Banners de lona de la imagen de Shirley con uniformes profesionales

Nota. Fotografía de altar de Shirley Quispe. Fotografía propia.

Figura 2. Imágenes de Shirley vestida de fiesta (cuadros en segundo plano)

Nota. Fotografía de altar de Shirley Quispe. Fotografía propia.

En el caso de la Cholita sin Nombre, cuyo rostro no era distinguible cuando encontraron su cuerpo y cuya identidad nunca se estableció, la comunidad creó una imagen de una cholita ficticia con rasgos de mujeres de la zona, repetida en distintos tamaños y medios: impresiones fotográficas, dibujos a lápiz, pinturas. Darle un rostro es un intento de humanizar a la víctima y de hacer concreto un hecho de violencia que, de otro modo, quedaría en la abstracción de lo anónimo. Lo mismo hace el poema escrito por Emiliano Baledormar y su familia, colocado en la tumba de la Cholita: «En la orilla del río Sulti / En marzo de 1988 / Con tu mirada hacia el cielo / Te hallamos muerta y embarrada. // Preguntamos quién eras / Nadie te conocía / Por eso te llamamos / LA CHOLITA DESCONOCIDA». El poema habla en primera persona del plural —«te hallamos», «preguntamos» —, asumiendo una comunidad como sujeto que acoge y da nombre a la mujer encontrada. El contacto con esas palabras, en ese espacio, puede producir una reacción de reconocimiento identitario, de dolor ante la injusticia, de compasión. Y esa reacción afectiva, acumulada en el tiempo y en la cantidad de personas que pasan por el lugar, expande la presencia de la Cholita sin Nombre hacia más y más personas que antes no la conocían.

Esta necesidad de nombrar y de dar rostro habla también de los límites constitutivos de las devociones: para que una víctima pueda ser venerada, necesita ser reconocible y tener una historia que pueda circular. Lo que queda fuera de ese reconocimiento —las muertes sin nombre, sin rostro, sin historia a difundir— queda invisible tanto para la devoción como para la justicia. El altar de la Cholita sin Nombre funciona, en este sentido, como una denuncia involuntaria: su existencia señala hacia todas las que no tienen altar.

Las expresiones sobre la continuidad de la vida de las santas en las fotos que se encuentran en los espacios, los pedidos de ayuda de los solicitantes y las ofrendas y prácticas rituales en general pueden leerse como signos de identidad de la comunidad que expresa sus deseos y necesidades por estas vías. Habrá que dirigir la mirada ya no al origen de las expresiones sino a la proyección de estas respecto al ethos de una comunidad en el cual analizar más a fondo los aspectos de género y justicia que nos interesan en este ensayo. Por ejemplo, podemos encontrar mensajes de solicitantes que piden que su pareja, hombre, deje de abusar de bebidas alcohólicas o que alguien les devuelva una deuda. En este sentido, es posible que se hayan agotado ya las vías directas de solución: el vicio del marido es muy complejo para «solucionar» y las mujeres no disponen de los medios materiales o de tiempo para cargarse con la labor emocional de hacer que el marido vaya a un tratamiento psicológico o psiquiátrico para la adicción. En el caso de un problema de deudas, la intercesión de la santa puede sustituir un proceso legal dilatado, corrupto y costoso de demanda en el sistema judicial. Así, «Si la lógica racional, la ciencia y el sentido común dicen “no”, se recurre, mediante la fe y la esperanza, a aliados provenientes de otro ámbito de posibilidades: lo sagrado y el misterio» (Gómez Arzapalo Dorantes, 2014, p.81). En este sentido, la atribución de poderes a las figuras analizadas podría entenderse como una triangulación entre tres ideas: primero, la convicción de que, por su carácter local, estas santas comprenden los pedidos y deseos de quienes se consideran a sí mismos parte de su comunidad; segundo, la fe en su capacidad de interceder efectivamente en la concreción de los pedidos cuando esta comprensión es recíproca —es decir, los solicitantes conocen la historia de las santas porque tienen una relación con ellas—; y tercero, la reputación acumulada de cumplimiento que circula socialmente en torno a ellas. Esta triangulación delimita un espacio de confianza compartida, en el que los solicitantes se reconocen a sí mismos como miembros de una comunidad con experiencias y marcos de sentido comunes, anclada en relaciones de proximidad afectiva con la santa.

Pero junto a esta función de restitución de presencia que habilitan las devociones opera una ambivalencia constitutiva que no puede ignorarse: en la medida en que el vínculo con estas figuras se articula fundamentalmente a través de demandas individualizadas —en el ciclo de ofrenda-pedido-agradecimiento—, el impulso colectivo hacia la exigencia de transformaciones estructurales se ve desplazado.

Relacionado a ello, el poder que generó el feminicidio puede quedar eclipsado por las necesidades inmediatas de quienes acuden a venerar a las santas. En el altar de la Cholita sin Nombre, ubicado cerca de la carretera donde fue hallado su cuerpo, hombres transportistas dejan forros de volantes y pisos de hule encomendando su seguridad en el camino (Figura 3). El vínculo que alguna vez conectó su presencia con la violencia de género que la originó se ha expandido hacia un territorio de influencia más difuso. Que eso sea posible habla de la vitalidad y adaptabilidad de estas devociones, pero también de la facilidad con que la violencia puede quedar en segundo plano frente a las urgencias de la cotidianidad.

Figura 3. Mensajes en papeles en la tumba al aire libre de la Cholita sin Nombre

Nota. Fotografía propia.

Más revelador aún es el caso de la placa de granito en la tumba de Shirley Quispe. El texto relata en detalle la brutalidad de su asesinato, mencionando al bebé extraído de su vientre a los ocho meses, la mutilación y su cuerpo quemado en las rocas de un cañadón. A medida que avanza, introduce desplazamientos discursivos significativos: el agresor no es nombrado, aun cuando su identidad es pública y conocida en la comunidad, y se incorpora la mención de que ambos estaban discutiendo y bebiendo alcohol el día del crimen. Dice el texto en la placa: «Más de una persona dice que ambos/ estaban bebiendo y que toda la tragedia/ pudo haberse desencadenado a partir del/ exceso de alcohol. Como el motivo y la/ razón cuando superan los sentidos, de la/ discusión pasaron a los golpes» (líneas 63 a 70). El alcohol aparece como factor explicativo que desplaza la responsabilidad del hecho hacia un desborde emocional o una pérdida del control, sugiriendo, sin decirlo explícitamente, una forma de corresponsabilización de la víctima. En lugar de presentar el feminicidio como un hecho estructural de la sociedad machista, la explicación apela a una lógica cultural que naturaliza el castigo y sugiere una forma implícita de merecimiento asociada a la transgresión de normas morales.

Y las fotografías intervenidas de Shirley, aunque son un gesto de afecto profundo hacia alguien privada de su futuro, no son completamente inocentes. Junto a las imágenes en uniformes profesionales que la proyectan hacia una vida de agencia y autonomía, aparece la fotografía de Shirley sosteniendo en brazos al bebé que no llegó a dar a luz. La maternidad trunca se reinstala como destino imaginado, el mismo mandato cuya transgresión —un embarazo adolescente fuera del matrimonio— posiblemente precipitó su asesinato. Que este gesto sea completamente inconsciente no lo hace menos revelador: en el acto de imaginarle un futuro, la comunidad devocional reproduce, sin saberlo, el orden de género que incidió en su vida y su muerte.

Lo que todo esto muestra es que la santificación popular no está exenta de las mismas tensiones de género que atraviesan el orden social. Estos espacios funcionan como dispositivos comunitarios de memoria y, al mismo tiempo, como campos de disputa simbólica en los que el impulso de restituir presencia y dignidad a las víctimas coexiste con la reproducción inadvertida de los mandatos que las condenaron. Al honrar a estas mujeres, las comunidades no han podido salir completamente del orden cultural que las rodea. El análisis de las devociones como ensamblaje revela que resignificar el sufrimiento como poder es posible sin necesidad de cuestionar las condiciones que produjeron ese sufrimiento. Esa es, precisamente, la ambivalencia constitutiva de estas prácticas: una restitución simbólica que coexiste con la perpetuación de los discursos que la hacen necesaria.

Invocar como acto político

Estas devociones revelan una lógica que puede trasladarse más allá del altar. El poder de Inocencia Flores, de Adela Cárdenas, de Shirley Quispe, de la Cholita sin Nombre no existía antes de que sus casos fueran visibles. Lo que las convirtió en centros de circulación de poder para sus comunidades fue, antes que nada, la visibilidad pública del crimen: que sus historias circularan, que el horror no pudiera ignorarse, que sus nombres y sus muertes fueran invocados repetidamente en el espacio público. La visibilidad es la condición del poder de estas santas. Y ese poder crece de forma proporcional a la cantidad de voces que lo sostienen. Las plaquetas de agradecimiento, los mensajes escritos a mano, los banners de lona, los comerciantes que producen y distribuyen artículos devocionales, las notas de prensa que siguen circulando décadas después[8]: todo esto es un tejido vivo de invocación acumulativa. Cada visita, cada ofrenda, cada agradecimiento expande la presencia de las santas y refuerza la red de conocimiento sobre ellas. La reputación se construye así: de forma sostenida, colectiva, repetida, sin un centro que la organice.

Esta lógica, que las devociones han practicado orgánicamente durante décadas, no está confinada al mundo ritual. Es, de hecho, la misma lógica que necesita operar en el espacio público para que la violencia de género en Bolivia deje de ser un trauma que se procesa en los márgenes del sistema y empiece a ser una exigencia que la sociedad formula estructuralmente.

Invocar, en el sentido que estas prácticas enseñan, es alzar la voz de forma sostenida, acumulativa y colectiva. Es nombrar a las víctimas con sus historias completas, no con el perfil que las haga parecer merecedoras del daño que sufrieron. Es nombrar a los victimarios, aunque su familia tenga dinero o conexiones, como en el caso de Ramiro Pozo, el novio de Shirley, cuya madre intervino activamente para reducir su condena. Es no dejar que la impunidad se filtre y solidifique en las grietas institucionales del pacto patriarcal. Es cubrir periodísticamente estos casos no solo en el momento del hallazgo del cuerpo sino en el seguimiento del proceso judicial, en la pregunta sostenida por la sentencia y en el registro del abandono institucional cuando el sistema falla.

Y es también sostener la incomodidad. Uno de los efectos más dañinos de la normalización de la violencia de género es la fatiga de la denuncia: la sensación de que hablar de esto es repetitivo, de que ya se sabe, de que decirlo una vez más no cambia nada. La experiencia de las devociones sugiere exactamente lo contrario, es decir, que la repetición es el mecanismo. Las santas no son poderosas a pesar de ser invocadas una y otra vez; son poderosas porque son invocadas una y otra vez. La acumulación de presencia es lo que produce la potencia de afectar.

Lo mismo vale para la violencia de género como problema cultural. Los discursos que la producen y la sostienen, como el mandato de la maternidad como destino inevitable, la complementariedad chacha-warmi instrumentalizada para obligar a las mujeres a sostener el hogar incluso cuando el esposo las abandona o las golpea, la naturalización del control masculino sobre la sexualidad femenina, la idea de que ciertas mujeres «se lo buscaron», no se desarticulan en silencio.

La genealogía feminista boliviana tiene su anclaje en una tradición sindicalista y anarquista más que en la institucionalidad del Estado[9], y más en la organización horizontal de redes que en la burocracia de los ministerios. Las mujeres del mercado de Oruro que salieron a la calle en diciembre de 1977 exigiendo el fusilamiento de José Leaño Perales no esperaron que ninguna institución les diera el marco: lo crearon desde la rabia compartida, desde la identificación con Inocencia Flores y desde el reconocimiento de que lo que le había pasado a ella podía pasarle a cualquiera de ellas. Ese reconocimiento es, traducido a los casos de las cuatro santas de este ensayo, la identificación entre la víctima y quienes la invocan por la proximidad de sus condiciones de vida. Esa invocación es lo que da fuerza a las devociones y lo que puede dar fuerza también a una respuesta multifacética en la sociedad a la violencia de género.

En las devociones, el poder crece cuando más voces lo sostienen, incluyendo las voces de hombres devotos que también acuden a estos altares. La posibilidad de transformar las condiciones estructurales que hacen posible la violencia de género en Bolivia depende de una invocación equivalente en la vida pública: la de una colectividad que, sin distinción de género, sostenga de forma repetida y acumulativa la exigencia de justicia. No solo en los momentos de conmoción, cuando un caso se vuelve noticia, sino entre uno y otro: en el seguimiento y en la memoria.

Inocencia Flores, Adela Cárdenas, la Cholita sin Nombre y Shirley Quispe llevan décadas siendo invocadas por sus comunidades. El resultado es que hoy son figuras de poder en su territorio; presencias que organizan prácticas colectivas, que afectan a quienes entran en contacto con ellas, que cuestionan, aun en su ambivalencia constitutiva, la separación entre lo íntimo y lo político, entre lo visible y lo invisible.

Lo que estas devociones revelan, en última instancia, es la lógica de un mecanismo que trasciende el espacio ritual. La invocación permanente de los nombres, figuras e historias de estas santas produce la potencia que estas contienen. Ese mecanismo, trasladado al espacio público, al periodismo, a la política, a la conversación cotidiana, tiene el potencial similar de que la exigencia de justicia reciba el mismo tratamiento que los objetos de un altar: acumulativo, sostenido, colectivo. El poder de esa exigencia debe hacerse tan difícil de ignorar como el del altar repleto de objetos e historias de una santa que ha recibido ofrendas durante cincuenta años.

Referencias bibliográficas

Aillon, V. (2015). Debates en el feminismo boliviano: De la Convención de 1929 al “Proceso de Cambio”. Ciencia y Cultura, (34), 9–29.

Caruth, C. (2001). Parting words: Trauma, silence, and survival. Cultural Values, 5(1), 7–27.

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[1] Estos datos, presentados en el boletín n.⁰ 4 de la CEPAL (2026, p.5), refieren a la relación entre el número de feminicidios registrados por cada 100.000 mujeres. En Bolivia, fueron víctimas de feminicidio 84 mujeres.

[2] El resto tenía a decenas de sospechosos en detención preventiva sin sentencia.

[3] Entre los casos acumulados desde la creación de la Ley 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” en 2013 y hasta 2024, solo 1 de 4 feminicidios terminó en sentencia ejecutorial. Sobre esto, ver: Redacción El Diario. “Por Cada Cuatro Feminicidios, Solo Uno Termina En Sentencia.” El Diario – Decano de La Prensa Nacional [La Paz], 18 Jan. 2025 (Accedido en 31 de enero de 2026).

[4] Sobre esto ver: Achury (2021) Lawfare y transformación legal en la criminalización del feminicidio en Latinoamérica  y  Saccomano (2017)El feminicidio en América Latina: ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho?, estudios que explican que el número registrado de feminicidios probablemente no representa el número real de crímenes: cuando un caso de feminicidio corresponde también al de homicidio y las penas son equivalentes, por cuestiones de eficiencia jurídica y prescripción procesual (poca práctica y pocos especialistas en el tema), el caso se trata como homicidio.probablemente no representa el número real de crímenes: cuando un caso de feminicidio corresponde también al de homicidio y las penas son equivalentes, por cuestiones de eficiencia jurídica y prescripción procesual (poca práctica y pocos especialistas en el tema), el caso se trata como homicidio.

[5] En inglés llamada “Affect Theory”, pero traducida aquí de una forma que ocasiona menos ambigüedad de interpretación: “afecto” no como sentimiento, sino como el resultado de una afectación.

[6] “Lo virtual, la apremiante multitud de incipientes y tendencias, es un reino de potencial. En el potencial es donde el futuro se combina, sin mediación, con el pasado, donde el exterior está plegado y la tristeza es feliz (feliz porque la presión hacia la acción y la expresión es vida). Lo virtual es una paradoja vivida donde lo que normalmente son opuestos coexisten, se fusionan y se conectan; donde lo que no se puede experimentar no puede dejar de sentirse, aunque sea reducido y contenido” (Massumi p.30). Traducido del inglés por la autora.

[7] Aquí nos referimos a la intensidad del efecto que tiene la percepción de cualquiera de esos signos y símbolos, como explica Massumi respecto a las cualidades de los eventos observables: “(…) la fuerza o duración del efecto de la imagen podría considerarse su intensidad. Lo que resulta aquí es que no hay correspondencia o conformidad entre cualidades e intensidad. Si hay una relación, es de otra naturaleza. (…) el evento de la recepción de imagen es multinivel o tiene, por lo menos, dos niveles.” (Massumi p.24) Traducido del inglés por la autora.

[8] Es común que, alrededor de la celebración de Todos Santos en noviembre, la prensa publique artículos de periódicos a cerca de estas devociones y de las mujeres víctimas, haciendo que su historia vuelva a circular. También hay productos audiovisuales hechos por creadores de contenido en canales de YouTube que visitan los espacios en distintos tenores narrativos (de misterio, de curiosidad cultural y hasta turística) que relatan las historias de origen de las santas.

[9] En la Convención Femenina de 1929 —convocada por el Ateneo Femenino, una sociedad autónoma con fines intelectuales, artísticos y de bien público—, se dio cabida al estudio de todos los problemas sociales, en especial a los que atañen a la mujer en su condición civil y jurídica (Ayllón, 2015). A partir de este evento, la facción anarquista del feminismo en Bolivia puso atención en aspectos de liberación práctica y material, más allá de la participación en la sociedad (educación o derecho al voto). Algunos de estos aspectos fueron: jornada laboral de ocho horas, derechos de la mujer indígena en la ciudad y el amor libre (laico) para que la mujer no tuviera que afirmarse contractualmente a la relación con un hombre.

Natalia Chávez Gomes da Silva es escritora boliviana. Candidata a doctora en Literatura y Estudios Culturales Hispanos por la Universidad de Georgetown (Washington DC).

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