Editorial

José Octavio Orsag Molina, Beiby Vaca Parada y Huáscar Salazar Lohman

Este tercer número de en/clave salvaje ve la luz en el marco de un Estado de Excepción. El decreto que lo declaró en junio de 2026 vence el 20 de septiembre. Mientras escribimos estas líneas la Asamblea discute ampliarlo entre treinta y ciento ochenta días. Un diputado oficialista sugirió que la medida podría servir también para atender emergencias climáticas. Esta situación de «excepción», que por definición debería ser breve, comienza a prefigurar una forma de gestión de la política, algo que viene pasando en países de la región, como Ecuador y El Salvador.

Este decreto se promulgó luego de más de cincuenta días de bloqueos que pusieron en vilo al país en el segundo trimestre del año. El binomio Paz-Lara ganó en octubre de 2025 presentándose como la opción moderada frente a la derecha ortodoxa de Jorge Quiroga, con la promesa de mantener el subsidio al combustible del transporte público y de no acudir al FMI por nuevos préstamos. A junio de 2026, el subsidio estaba eliminado y el gobierno negociaba con el FMI un crédito de cinco mil millones de dólares. Además, con la excusa de la crisis, se impulsaban medidas complementarias, como la Ley 1720, que beneficiaban a las élites agrarias del país.

El malestar social era evidente. Las movilizaciones empezaron reclamando por los salarios y rechazando las políticas de ajuste, pero más adelante terminarían pidiendo la renuncia del presidente en medio de disputas y búsqueda de protagonismos al interior de las propias organizaciones sociales. El gobierno, que no lograba dar respuesta a las demandas, comenzó a utilizar el concepto de «narcoterrorismo» para deslegitimar la movilización, mostrando su intención de buscar una respuesta castrense. Fueron semanas duras para todo el país. La falta de alimentos, de combustible y de medicamentos afectó primero a quienes viven del día a día, a los pequeños comerciantes, a las mujeres a cargo de cuidados, a los trabajadores ambulantes. Hubo al menos nueve muertos, varios como consecuencia de la dificultad de movilización por los bloqueos y otros por la represión estatal. En ambos casos fueron las mismas familias las que pusieron el cuerpo.

Hay quienes leen todo esto como improvisación, como un gobierno sin rumbo que administra el desastre heredado de una crisis que no presenta alternativas. Sin embargo, se hace evidente que, dentro de este desorden, también se construye una respuesta desde el poder. El gas dejó de producir el excedente extraordinario que sostuvo gran parte del gasto estatal durante dos décadas y lo que está ocurriendo es una reorganización socioeconómica desde el Estado alrededor de la riqueza que sí existe en el país, aunque esta sea menor que la de hace diez años. Con el nombre de «ajuste», esta reorganización viene sucediendo a través de varias normas. Por ejemplo, el Decreto 5503 de diciembre de 2025 eliminó los subsidios e intentó colar más de cien artículos de reforma económica, y la Ley 1720 de abril de 2026 abrió la puerta para la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad. De la misma manera, es evidente un acercamiento a Estados Unidos y un endurecimiento conservador del discurso público que no estaba en los tiempos de campaña. En esa reorganización está en juego quién sigue apropiándose de qué en el país. Los intereses de las grandes mayorías son desplazados a un segundo plano porque el reacomodo se hace en función de otros intereses. En otras palabras, la política pública intenta normalizar la precariedad en el marco de una situación aparentemente desordenada y caótica.

Pero no solo nos preocupa la dimensión económica de este reacomodo. Este proceso está ocurriendo cuando la sociedad boliviana tiene sus capacidades de disputa y lucha muy disminuidas. Veinte años de cooptación dejaron dirigencias fracturadas y organizaciones sociales con horizontes poco claros. La prensa escrita se desmontó y con ella buena parte de la capacidad de investigar y de sostener una conversación pública que no dependa del par binario derecha-masismo. Los sentidos críticos se vaciaron de tanto usarse como consigna oficial. Y aunque las movilizaciones de los últimos meses evidenciaron que existe una fuerza social con capacidad disruptiva en el país, la pregunta que queda abierta es qué de esa fuerza se mantiene cuando pasa el conflicto, y cómo se van a proponer y desplegar alternativas distintas a las que son diseñadas desde el poder frente a una crisis económica, política y energética que no deja de afectar la cotidianidad de millones de personas.

Esta revista nació en este contexto hace ya dos años. El primer número, en septiembre de 2024, armó un dossier para (re)pensar la Amazonía, una región que en Bolivia se nombra casi siempre con imágenes prestadas, el jaguar del mural, el rostro con plumas de la postal, el infierno verde lleno de fieras y enfermedades, el Dorado rebosante de recursos y muy poco desde las voces que la habitan. El segundo número abordó los intersticios del agronegocio cruceño para mostrar que el modelo que se presenta como el motor de la economía nacional produce también jerarquías raciales, despojo territorial y una máquina financiera que nadie audita, y para mostrar también que desde esas grietas surgen voces disidentes y de interpelación. Estos dos números abordaron discusiones que estaban bloqueadas o capturadas, tratando de darles un poco de aire. Que hayan circulado y se hayan discutido como lo hicieron nos dice menos sobre la revista que sobre la falta que esta discusión hacía. Hay pocos lugares en Bolivia donde se pueda pensar en voz alta sin la obligación de alinearse con alguno de los dos bandos que se reparten el ruido público, y ese vacío es un problema político antes que editorial.

Frente a ese escenario, la sección Coordenadas de este número se dejó llevar hacia dos preguntas que terminan estrechamente conectadas: ¿qué se está repartiendo en el marco de los actuales ajustes estructurales y con qué recursos contamos para disputarlo?

Para responder la primera parte de la interrogante —el mapa de las continuidades del despojo y la acumulación—, reunimos tres aproximaciones complementarias. Marxa Chávez León escribe desde Tariquía, donde casi una década de lucha comunitaria contra el pozo Domo Oso X3 dejó algo que su texto llama el mapa en la memoria. Frente a la cartografía estatal, que dibuja el territorio como superficie con límites y esconde la cuenca, las comunidades sostienen un saber de flujos y de ciclos producido en el trabajo diario del agua. Su artículo también muestra la línea recta que va de los contratos y decretos del MAS al capitalismo energético inteligente que promete el gobierno actual. Esta misma línea de continuidad histórica y económica es analizada a escala macro por Huáscar Salazar Lohman y Blanca Rivero Lobo trabajan esa misma continuidad desde la economía y la llevan a la historia larga del país, de la plata al estaño y del estaño al gas, para desarmar la idea de que la crisis actual es un problema de mala gestión. Al desplazar la pregunta central, los autores desplazan también el debate: no se trata de cómo reponer el excedente extractivo perdido, sino de fiscalizar dónde se encuentra el ya producido. Por su parte, Isaac Kukoc Paz evidencia las consecuencias encarnadas de este patrón de acumulación sobre los cuerpos. A través de las historias de Margarita y Bárbara —dos mujeres ligadas a la minería—, Kukoc sostiene que los perfiles epidemiológicos de las comunidades mineras no se explican por deficiencias del sistema de salud, sino por cómo la silicosis reorganiza dinámicas familiares, endeuda, precariza y empuja a mujeres y niños a la mina, nombrando una dimensión que conecta de manera directa con la temática del dossier.

El segundo bloque de la sección desplaza la mirada hacia los dispositivos e instituciones con los que contamos para hacer frente a este momento. En el ámbito de la esfera pública y la mediación social, Santiago Espinoza A. reconstruye veinte años de declive del periodismo de prensa escrita desde adentro, tras dos décadas en el diario Opinión de Cochabamba, leyendo el proceso no solo como una crisis financiera, sino como una precarización moral del oficio donde la publicidad estatal y el derrumbe del modelo de negocio convirtieron al periodismo en un eslabón subordinado al poder. En el diálogo con esta transformación del espacio público, Wilmer Machaca examina el entusiasmo en torno a la política digital. Si bien las redes sociales alteraron la construcción de notoriedad y permitieron la emergencia de nuevos actores —como atestiguan las elecciones de 2025 y las subnacionales de 2026—, Machaca advierte que, aunque las plataformas proyecten viabilidad electoral, sigue siendo la organización de base la que determina la representación efectiva.

Esta centralidad de lo orgánico reaparece al examinar las instituciones sociales y la identidad nacional. Marcia Mandepora Chundary hace un seguimiento del deterioro de la Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo guaraní y sostiene que el problema es político antes que pedagógico. Cuando la Asamblea del Pueblo Guaraní se fragilizó por cooptación e interferencia partidaria, el Estado absorbió el control del sistema y la identidad guaraní quedó reducida a folclore. Recuperar la EIB exige, por tanto, antes reconstruir la unidad orgánica de la APG. El problema de lo orgánico vuelve a quedar en el centro.

Llevando esta discusión al plano de las categorías conceptuales del Estado, Luciana Jáuregui J. va al fondo del asunto y cuestiona las categorías mismas con las que se imagina la comunidad política boliviana. Sostiene que la plurinacionalidad fue un artefacto cultural antes que un rediseño institucional. Al reconocer la heterogeneidad social sin resolver el problema de la unidad, el proyecto plurinacional perdió su capacidad de funcionar como significante universal. Lo que hoy intenta ocupar ese lugar vacío es una rearticulación del nacionalismo mestizo que encuentra en la inclusión indígena su límite constitutivo, y que por eso tiende a resolver por la fuerza lo que no consigue por consenso —ofreciendo así una clave de lectura a las preguntas sobre el auge de los discursos de derecha que planteamos en el número anterior —.

Finalmente, como punto de articulación entre ambas preguntas y puente directo hacia el dossier, el trabajo de Magali Vianca Copa Pabón sintetiza estas dos dimensiones. Al analizar la conflictividad de mayo y junio de este año en torno a la exigencia de renuncia de Paz, muestra cómo la represión reprodujo jerarquías coloniales sobre los sectores indígenas y campesinos movilizados, al tiempo que destaca cómo la fragmentación de las dirigencias no logró arrastrar a las bases, sostenidas todavía en ayllus, comunidades y sindicatos. También discute los límites del bloqueo y del mandato de «resistir hasta las últimas consecuencias», este texto se sitúa en el umbral de las discusiones que profundizaremos a continuación.

El dossier de este número se titula La violencia como normalidad y tiene su propia presentación, sin embargo, sí queremos decir por qué está en este apartado. La recomposición del patrón extractivo se apoya cada vez más en la minería aurífera y en la agroindustria, actividades que dejan menos renta fiscal y depredan más. Ese es exactamente el terreno donde el dossier encuentra las violencias que documenta. Y la pregunta con la que ese conjunto de textos cierra, por qué en Bolivia no logramos llevar estas violencias al centro de la discusión pública, tiene una parte de su respuesta en lo que discute Coordenadas. No solo nos faltan palabras. También fueron desarmados los procesos organizativos que las producían.

De ninguna manera esta revista intenta sustituir ese lugar de enunciación —tampoco podría—. En/clave salvaje intenta ser uno de los lugares donde se ensayan ideas y palabras que consideramos necesarias, y donde son discutidas sin forzar conclusiones, consensos o síntesis. Es el propósito que perseguimos con esta selección de textos.

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Agradecemos a quienes hicieron posible este tercer número. Al consejo editorial integrado por Diego Castro, Claudia López, Magalí Vienca Copa Pabón, Lucia Linsalata y Raquel Gutiérrez. A lxs autorxs, que se tomaron en serio nuestras preguntas y discutieron con ellas. A Daniela Rico Costa por las increíbles ilustraciones que acompañan estas páginas, a Gabriela Rus por la diagramación y a Paola Mercado por su dedicación durante la edición. A la Fundación Rosa Luxemburg, oficina región Andina, por la confianza y el apoyo financiero. Y a quienes leyeron los dos primeros números y nos hicieron llegar sus comentarios y sugerencias, que son parte de lo que este número intenta responder.

Un agradecimiento especial a Ara Goudsmit Lambertín, que integró el equipo editorial de los dos primeros números y fue parte de su diseño y creación. Su creatividad y su dedicación son la razón de que esta revista no haya terminado siendo un texto académico aburrido. Y damos la bienvenida a Beiby Vaca Parada, que desde Santa Cruz enriqueció ampliamente este número y con quien esperamos seguir caminando.

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