Diario inacabado de una guerra perdida

Medios, periodismo y poder en la Bolivia Plurinacional (2005-2025) 

Santiago Espinoza A.

Este ensayo sostiene que el declive del periodismo de prensa escrita en Bolivia entre 2005 y 2025 no es una crisis meramente económica, sino una precarización moral —cuando no ontológica— del oficio, que ha reducido al periodismo de “cuarto poder” a un eslabón más de los poderes político y económico. Escrito en primera persona desde dos décadas de trabajo en el periódico Opinión de Cochabamba, el texto reconstruye ese proceso a lo largo del ciclo del Movimiento al Socialismo y su desenlace, articulando cuatro dimensiones: el uso de la publicidad estatal como mecanismo de premio y castigo —práctica compartida por gobiernos de distinto signo—; la seducción y cooptación política de los trabajadores de medios; el derrumbe del modelo de negocio sostenido en la pauta ante la digitalización; y la frágil excepción de los medios nativos digitales de autogestión. Antes que un anecdotario, propone una lectura situada de las tensiones entre medios, periodismo y poder en la Bolivia Plurinacional. 

Primera entrada: «Mi tío es el director de tu periódico»

Comencé a trabajar en el periódico Opinión, de Cochabamba, a principios de 2005, con poco más de 21 años. Me llamaron para cubrir una vacancia en calidad de «trabajador eventual» —fuera de planilla—, tras un periodo previo de pasantía universitaria. No estaba seguro de que mi destino fuera ser periodista, pero empezar a ganar dinero me libraba de tener que pensar en qué hacer al finalizar la carrera de Comunicación. Apenas aguanté unos tres meses de pesada carga laboral y liviana recompensa económica. Volví escarmentado a la universidad para acabar mi tesis —que tampoco hice—. Las jornadas de 12 o más horas de trabajo diario en oficina, el desconocimiento de la burocracia pública, el ninguneo de las fuentes institucionales, la presión de las editoras y, sobre todo, los turnos nocturnos y de fin de semana me colapsaron. Pasé muchos sinsabores, pero ninguno tan ingrato como el de la vez en que una secretaria departamental de la aún Prefectura cochabambina me telefoneó al diario para llamarme la atención por una nota en la que la había tomado a ella como fuente principal. «Debes ser nuevo, ¿no?», me retó de buenas a primeras. «Voy a tener que llamar a mi tío para quejarme. Mi tío es el director de tu periódico», remató para meterme más miedo. No recuerdo bien si le pedí disculpas, tampoco si correspondía hacerlo, menos aún cuál era el motivo de su molestia. Y aunque el «tío director» nunca me reprendió, la llamada de su dizque sobrina fue la primera gran lección que recibí sobre las tensiones entre el periodismo y el poder político.

Más que una anécdota, la escena relatada en el primer párrafo pretende servir como una suerte de introducción de este ensayo concebido con el objetivo de analizar retrospectivamente la relación entre el periodismo y el poder político en Bolivia desde mediados de la primera década del nuevo siglo (2005) hasta mediados de la década actual (2025). A su manera, es una revisión que abarca los últimos 20 años en el país durante los cuales gobernó el Movimiento al Socialismo (MAS), salvo el periodo inmediatamente anterior (2005 a 2006), el año transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) y los primeros meses de la administración de Rodrigo Paz (2025). Si apelo a la memoria personal y a la escritura en primera persona, es porque confío en buena medida en las palabras del padre del ensayismo, Michel de Montaigne, cuando afirma que «yo mismo soy el contenido» de estas páginas. Con esto no quiero decir que vaya a exponer nada más que un anecdotario insulso de mi vida como periodista, sino que aspiro a ilustrar mis ideas con experiencias profesionales cercanas que, vaya uno a saber si por azar u otras circunstancias, han coincidido en tiempo y espacio con al menos dos vectores de interés para este artículo: el declive del periodismo tradicional y la «vida-pasión-y-muerte» del Estado Plurinacional. En resumen, voy a hablar de la extinción de una forma de —entender y hacer— periodismo en Bolivia desde mi condición de benemérito boliviano de esa «guerra perdida». Un ejercicio en el que, desde luego, recurriré a otras lecturas teóricas e investigativas que han abordado la interacción entre medios, periodismo y poder.

Hecho el descargo, vuelvo a la escena narrada al principio. Con el tiempo comprendí que ese encontronazo con el poder institucional, encarnado en una emperifollada secretaria departamental, se asentó en mi memoria no solo por el miedo que me provocó entonces, sino porque las tensiones reveladas en esa llamada iban a replicarse con variaciones a lo largo de mi carrera como periodista e iban a modelar mi percepción del mundo político.

Los años me hicieron entender que, aun con todas mis ínfulas de prospecto valluno de García Márquez, yo siempre sería un engranaje más de la maquinaria empresarial para la que trabajaba y a la que representaba: el medio de comunicación. Un medio que, para 2005, tenía dos décadas de vida, casi mi edad. Nacido en los primeros años de la democracia, el periódico venía acompañando el tránsito de un país que liquidó el estatismo forjado en un mundo bipolar para abrazar un nuevo liberalismo a tono con la hegemonía del capitalismo estadounidense, el cual, no obstante, había llegado a un estado de combustión que explotó con el llamado «socialismo del siglo XXI», la emergencia de liderazgos populares de izquierda y un mercado internacional que cotizaba para arriba sus materias primas. En 2005, el país era aún gobernado por los últimos sobrevivientes del apogeo neoliberal de los años 90 del pasado siglo: Carlos Mesa había llegado a la presidencia tras la fuga del presidente y su compañero de fórmula en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonzalo Sánchez de Lozada, epítome del neoliberalismo boliviano caído en desgracia por la emergencia plebeya. Faltaban pocos meses para que Bolivia diera un giro político radical que, obviamente, alteraría su ecosistema mediático y periodístico.

En su libro Periodismo y lucha de clases, Camilo Taufic sostiene que no puede entenderse la comunicación sin una contradicción de partida, esto es, la de un sistema de administración privado para un patrimonio humano: «Los medios colocan así a la comunicación ante su contradicción más fundamental: que siendo ella patrimonio colectivo de toda la Humanidad, de la cual ningún hombre puede ser excluido, sean los instrumentos que la sirven objeto de propiedad privada» (Taufic, 2012, p. 50).

Son, pues, los medios, en su sentido más amplio, pero también en el institucional, la encarnación de esa «privatización» del «bien común». Y al ser privados, se infiere que sus intereses son los de sus dueños, que no suelen ser periodistas, sino empresarios o agentes de poderes –políticos, económicos, religiosos– constituidos y de larga data. Apelando a una lectura marxista, Taufic precisa: «En tanto instrumentos, los medios de comunicación no jugarán otro rol que el que quieran asignarles sus dueños (…). Es la propiedad sobre el medio de comunicación la que determina al servicio de quiénes este se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, de qué clase social» (Taufic, 2012, p. 56).

Aunque elemental, este razonamiento estaba lejos de consumarse en la cabeza del reportero aún universitario y mal pagado que era entonces. Estaba lejos de comprender quiénes eran los dueños del medio para el que trabajaba, cuáles eran las causas por las que velaban, qué valores comulgaban y a qué clase social representaban. Para algunas de esas preguntas fui encontrando respuestas –oficiales o no–; para otras, las sigo buscando. Lo que sí supe, y aún sé, es que los nexos entre los medios de comunicación y las instituciones políticas eran muy profundos. Ambos mundos estaban, y aún están, unidos por vínculos endogámicos, familiares, tanto como un tío y su sobrina que, durante la semana, trabajan en oficinas alejadas entre sí y el domingo comen en la misma mesa.

Segunda entrada: Volando en helicóptero con el «jefazo»

Un domingo de turno de finales de 2008, mi editora me llamó para urgirme a ir hasta la Base Aérea de Cochabamba, desde donde partiría junto al presidente Evo Morales, mandatario entre 2006 y 2019, y otros periodistas a una entrega de proyectos educativos en el municipio de Sicaya, en la provincia Capinota. Aunque tras mi primera fallida incursión en Opinión me había prometido no volver a trabajar en un periódico, en 2006 me reincorporé a su Redacción atraído por la promesa de un cargo más estable y un poco mejor pagado que antes. Llevaba más de dos años como redactor —periodista raso— cuando llegó esa insólita cobertura —al menos para mí— con el gobernante. Por la premura no tuve tiempo ni para cambiarme el pantalón que se me había roto en un trajín previo. Viajé con la retaguardia semiexpuesta a un pueblo que llevaba sin visitar desde mi adolescencia. Volamos en un helicóptero que nos jalaba de la tierra como un columpio liberado de sus soportes terrestres. Fue una aventura única, irrepetible que, para más sorpresa, nos permitió a los pocos reporteros a bordo charlar informalmente con el «hombre más importante de Bolivia». Nuestro «primer presidente indígena» estaba más que curtido en las artes de la seducción política. Sus interlocutores lo mirábamos azorados por la familiaridad con que trataba a sus pilotos y las bromas que les gastaba a sus edecanes. Más de uno debió desear que la expedición no se acabara ¿Qué clase de privilegio es ese que te regala vuelos gratuitos en helicóptero y charlas con presidentes?

Traigo a colación aquel viaje aéreo con el «jefazo» porque entiendo que revela, por un lado, la capacidad de fascinación que ejerce el poder sobre los periodistas y, por otro, la estrategia conciliatoria que adoptó el régimen de Morales al cabo de unos años de gobierno que habían comenzado con recurrentes fricciones con los medios tradicionales, sus propietarios y sus periodistas.

El poder seductor de la política hacia los periodistas apunta Taufic, avala la tesis de que la naturaleza del periodismo es eminentemente política. Más allá de los discursos hechos que proclaman la independencia y la neutralidad de los medios de comunicación consagrados al ejercicio periodístico, lo cierto es que la producción y la puesta en circulación de contenidos de interés público están inevitablemente atravesadas por motivaciones políticas, entendidas estas por el sentido de influir en las decisiones de grupos de poder sobre el destino colectivo de determinadas comunidades. De hecho, Taufic afirma que la propia noción de «independencia periodística» se emplea como un «camuflaje» que «sirve a los capitalistas». Un camuflaje que desaparece al actuar «a cuerpo descubierto y proclamando su carácter de clase cuando sirve a los trabajadores» (Taufic, 2012, p. 99). En una perspectiva más amplia, el autor complementa: «El papel político del periodismo queda de manifiesto si recordamos que no existe la información por la información (…). Es decir, se informa para dirigir. En este sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total» (Taufic, 2012, p. 100).

Más allá del esquematismo al que puede conducir una interpretación marxista de la cuestión, lo que no admite mayores dudas es la compatibilidad con que el periodismo y la política se desenvuelven en una sociedad, al punto de que no pocas veces sus actores se mezclan y confunden. Eso lo entendió pronto el gobierno de Evo Morales, que aplicó una estrategia de atracción de actores del espectro mediático y, fundamentalmente, periodístico hacia sus esferas. No fue el primero ni el último gobierno en hacerlo, pero sí se distinguió por incorporar figuras que, por su condición política y de clase, estaban fuera del ámbito de influencia de la clase política neoliberal. Las sucesivas gestiones del MAS «convencieron» a periodistas de base y con inclinaciones izquierdistas comúnmente marginados en las redacciones de los principales medios bolivianos. De seguro, ese desplazamiento tuvo un efecto benéfico sobre la vida de los periodistas seducidos por el poder, pero también vació casi por completo los medios de periodistas comprometidos con las reivindicaciones populares. Con honrosas excepciones, los que se fueron quedando en las redacciones fueron personas reacias al proyecto político masista, reporteros convencidos del «purismo apolítico» en los medios y otros inmunes a las tentaciones del poder.

Ahora bien, esta descripción no implica que los seducidos por el Estado fueran mejores profesionales que los que se quedaron en los medios y viceversa. Lo que busco es explicar el giro conservador del gremio periodístico en las últimas décadas, así como la cooptación de mercenarios que, a título de periodismo «progre», engordaron sus billeteras con fondos públicos reservados para lavar la cara de los gobiernos masistas.

Para no caer en generalizaciones, puedo mencionar el caso de Opinión, un medio relativamente mediano del que, entre 2006 y 2019, el Estado debió llevarse una media docena de periodistas que acabaron prestando servicios en distintas reparticiones públicas. Y no es que quiera juzgarlos ni mucho menos, pero tampoco puede ocultarse que este y otros medios materializaron la tesis de que la naturaleza política del periodismo no solo es incontestable, sino que, llevada a extremos, puede devorarse al periodismo y dejarlo como una actividad política pura y dura.

En el artículo «Las relaciones entre los medios y el gobierno de Evo Morales», Fernando Molina sostiene que la política del expresidente transitó de un modelo de «polarización» con los medios tradicionales a uno de construcción de una «hegemonía» a partir de la creación de medios propios y la toma de control de los tradicionales por vías económicas. El autor plantea que la «ideología» que movió ese proyecto de hegemonía se sostenía en rasgos como el antiliberalismo, el constructivismo, el dogmatismo y el maniqueísmo (Molina, 2014). Más adelante, esta ideología se vio favorecida por la crisis de los partidos políticos en Bolivia, que convirtió al entonces presidente en una figura monolítica en torno a la cual tendió a organizarse la dinámica política y comunicacional en el país: «La crisis de los partidos explica el gran peso que han vuelto a adquirir los caudillos políticos, pese a los esfuerzos de fortalecimiento de las instituciones realizados en los años 90. El caudillismo es característico de las culturas políticas holísticas, las cuales aspiran a cambios sociales ‘completos’, y por eso siempre están buscando una panacea política y un hombre providencial» (Molina, 2014, p. 71).

A ese «caudillismo» cabe también atribuir el poder de fascinación que por tanto tiempo ejerció Evo Morales entre periodistas incluso de fuera de Bolivia; pero a él también corresponde achacarle los anticuerpos que generó entre periodistas inmunizados para resistir a sus encantos y dueños de medios con proyectos empresariales y políticos de intereses acomodaticios.

Tercera entrada: «¿De qué medio son ustedes?»

Una tarde a mediados de diciembre de 2019, fui a Sacaba para presenciar el acto preparado por organizaciones cocaleras para conmemorar el primer mes de la «masacre de Huayllani»: una intervención policial y militar ejecutada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez para evitar el paso hacia la ciudad de Cochabamba de miles de campesinos afines a Evo Morales, quien renunció y huyó del país unos días antes, debido a una crisis postelectoral en la que su victoria en las urnas fue tachada de «fraude». La operación dejó más de una decena de muertos y más de un centenar de heridos, muchos abatidos con armamento letal. Esa violencia reabrió las viejas heridas que separan a sectores del campo y de la ciudad de Cochabamba. Mientras la movilización urbana promovía la caída de Morales, la rural denunciaba un golpe de Estado contra el mandatario.

Los medios tradicionales eran vistos como cómplices de las protestas «pititas» que dieron lugar a la renuncia de Evo y la asunción al poder de la senadora de derecha Áñez. Al puente de Huayllani, donde habían caído la mayor parte de las víctimas, llegué acompañado de otros periodistas de Opinión, quienes, en rigor, harían la cobertura del homenaje.

Para entonces, yo ya era jefe de Redacción del periódico y tenía a mi cargo al equipo periodístico. Sin embargo, estaba volviendo al trabajo tras tres meses de ausencia, obligado por una jugarreta administrativa aplicada para recontratar con sueldos menores a los trabajadores del diario. La crisis económica ya nos venía golpeando sin concesiones y, de querer seguir laborando en el medio, debíamos acogernos a una «reestructuración», esa palabreja que entraña una precarización consentida de las condiciones de trabajo. Aun así, volví. Y lo hice también porque, tras la crisis política de octubre y noviembre de 2019, sentí que quería seguir de cerca ese periodo de transición tan sensible que amenazaba con rompernos por completo como país. De eso caí en cuenta pronto, al llegar al punto donde un mes antes habían muerto asesinados campesinos a los que lloraban viudas, madres e hijos. Los periodistas que me acompañaron tenían miedo de ser mal recibidos por los cocaleros, algunos de los cuales, en efecto, nos cuestionaron por grabar el tributo a sus muertos. «¿De qué medio son ustedes?», nos interrogó más de uno, aún sacudidos por el duelo y resentidos con «la prensa vendida» que había sido «cómplice» de la caída de Evo y la represión del régimen de Áñez. Debimos aclarar tantas veces como fuera posible nuestra presencia en el lugar, exhibiendo credenciales y prometiendo no distorsionar sus palabras. Aun así, nunca dejamos de sentirnos extraños y culpables.

La extrañeza se hacía más evidente al constatar que los sectores populares, que por más de una década se habían empoderado para gobernar por intermedio de Morales y de otros sus representantes, en ese momento eran opositores al gobierno y hostiles a los medios de comunicación a los que el masismo había llegado a neutralizar por diferentes vías. Ya no estábamos para acompañar los actos de la oficialidad política, sino para atestiguar el destierro del poder de los actores políticos del Estado Plurinacional. El suyo era un acto de desagravio para el que no contaban con nuestra presencia y preferían sus propios medios alternativos. Ni rastros había del canal estatal que, hasta hace solo unos días, cubría religiosamente sus mítines y fiestas.

En el artículo «La continuidad del régimen mediático híbrido en Bolivia», Andreas Hetzer advierte que el campo mediático boliviano cambió poco a partir de 2006, cuando ascendió al poder Evo Morales. Uno de los contados cambios que anota es el ingreso de «nuevos actores». Por lo demás, dice: «El criterio básico de No Control por el Estado tampoco es violado bajo el gobierno de Morales, puesto que no existe una supervisión planificada de la comunicación de los medios ni el gobierno contempló en ningún momento el cierre de los medios» (Hetzer, 2016, p.16).

Otro cambio significativo es el de la dependencia política de los medios, que, a decir del autor del texto, aumentó desde 2006. «Esto es atribuible principalmente al desarrollo del aparato estatal de comunicaciones. Aquí se incluye la página de internet de la agencia estatal de noticias (ABI), la Red Patria Nueva de amplia cobertura con aproximadamente 40 estaciones, la televisión estatal Bolivia TV, así como el diario Cambio», medio escrito al que le darían luego otro nombre y con el que «intercambian informaciones y conforman un conglomerado multi mediático» (Hetzer, 2016, p. 18).

La pérdida de control de este «conglomerado multi mediático» fue una consecuencia directa de la pérdida del poder político. Sin su presidente y líder, las organizaciones sociales afines al llamado «proceso de cambio» se reacomodaron políticamente como un polo de resistencia contrario al gobierno de derecha, los medios de comunicación que pasaron a su poder y los medios privados que, en tiempos de Evo, parecían estar más neutralizados, sobre todo gracias al condicionamiento de la pauta publicitaria estatal.

La penetración de las nuevas tecnologías de comunicación, el auge de internet y el imperio de las redes sociales, un fenómeno que por sí solo merecería un análisis aparte, ya había herido de muerte el modelo de negocio de los medios de comunicación privados del país, sostenido en la pauta publicitaria. Los agentes privados redujeron al mínimo sus presupuestos para prensa, radio y televisión, priorizando inversiones para publicidad en plataformas digitales mucho más baratas y de alcance tanto o más masivo que los medios tradicionales. Con esto, el único anunciante con capacidad de inversión que quedó fue el Estado en sus diferentes niveles, aunque con preeminencia del Estado central y sus empresas estratégicas de ingentes presupuestos.

Este panorama ya había sido previsto por Hetzer, al observar que «la escasa rentabilidad en la mayoría de las empresas o la dependencia de subvenciones estatales» acabó configurando un escenario en el que «la participación estatal en el campo mediático solo reemplaza las dependencias de un modelo antes principalmente privado comercial» (Hetzer, 2016, p. 19).

La crisis política de 2019 no solo dejó huérfano al «bloque nacional-popular» que había cogobernado Bolivia junto con el MAS; también ensanchó un boquete económico en el sistema mediático que no dejaría de crecer, más aún cuando al otro lado del océano un insospechado virus de origen animal comenzaba a matar personas, paralizar ciudades y abismar el mundo hacia una catástrofe sin precedentes.

Cuarta entrada: El «presi» se cae y, con él, la «publi» estatal

A finales de octubre de 2021, el entonces presidente Luis Arce (MAS) estuvo a punto de caer al suelo en un acto oficial en el campo ferial de la laguna Alalay de Cochabamba. El incidente ocurrió cuando ingresaba al stand que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había instalado en el evento. No hubo una versión oficial al respecto, pero, estando la presencia del mandatario cubierta por una gran cantidad de medios locales, la «caída» no pasó desapercibida. El hecho dio lugar a «notas de color» publicadas por distintos medios, entre ellos Opinión. Yo me enteré tarde del accidente. Y me enteré tarde no de las consecuencias que pudo haber tenido el tropezón en la humanidad del presidente, sino de las represalias que adoptó su Gobierno, a través de YPFB, con el periódico. Aunque la publicación fue borrada tras una solicitud no muy amistosa de los ejecutivos de la petrolera, sus consecuencias perduraron. Fue la excusa que adujeron por años, hasta 2025, para no volver a comprar espacios publicitarios en Opinión. No era poca cosa. La empresa responsable de administrar los ingresos por las ventas de gas era una de las principales anunciantes, cuando no la principal, de los medios privados y estatales. Quedar fuera de su radar equivalía a lo que para el país sería perder el negocio de las exportaciones gasíferas. Y todo por un tropezón que ni siquiera llegó a consumarse plenamente. La susceptibilidad de los funcionarios públicos más zalameros devenía en conductas de este tipo: la necesidad de congraciarse ante el «jefazo» y evitar que su imagen resultara mellada por un accidente menor, una caída a medias que, presumo, podía ser mal leída como una «caída de su popularidad o de su gobierno».

Opinión fue uno de los tantos medios que sufrieron este tipo de «penalidades no escritas» y aplicadas por los gobiernos del MAS, pero que, huelga aclararlo, no son una conducta exclusiva de las administraciones masistas, sino que replican gobernantes de distintos cuños políticos y en prácticamente todos los niveles de gobierno del Estado —alcaldías, gobernaciones—, sin importar su color partidario. Y en honor a la verdad, este periódico no fue el medio más penalizado. Otros abiertamente opositores fueron prácticamente vetados del presupuesto publicitario del Estado. A esta política chantajista se dedica el informe «Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en Bolivia», de las periodistas Zulema Alanes, Sabrina Lanza y Lenny Chuquimia. En ese documento, afirman: «La publicidad oficial constituye un mecanismo para imponer la agenda informativa oficial, difundir discursos estigmatizantes contra periodistas y medios considerados opositores y vulnerar el derecho a la libertad de expresión» (Alanes et al., 2024, p. 28). No es el único mecanismo de incidencia gubernamental en el funcionamiento de los medios identificado, pues añaden que la «asfixia financiera y la aplicación de controles fiscales y tributarios abusivos han provocado un estado de fragilidad económica que ha puesto a los medios al borde de la quiebra» (Alanes et al., 2024, p. 28).

Ahora bien, que la administración de Arce (2020-2025) sometiera a medios como Opinión a la «asfixia financiera» no quiere decir que dejara de ejecutar sus millonarios presupuestos para publicidad estatal. Lo que en verdad hizo fue redirigir las partidas comúnmente disponibles para medios privados de alcance importante hacia empresas noticiosas impresas y digitales de reciente creación. Así lo evidenciaron Lenny Chuquimia y Sabrina Lanza en un reportaje también publicado en 2024, en el que identifican 28 medios favorecidos, caracterizados por su «limitado alcance de audiencia [que] recibieron más de USD 500 mil, derivados de 94 contratos de publicidad con 17 ministerios de Bolivia» (Lanza y Chuquimia, 2024). Las autoras precisan que, como resultado del análisis de los contratos de publicidad, se estableció que, «de los 28 medios favorecidos por el Estado, 15 eran impresos y 13 digitales, los cuales estaban vinculados a funcionarios o extrabajadores del Poder Ejecutivo, principalmente, así como en uno de los casos, a un asesor actual de la Presidencia que figura como militante activo del MAS» (Lanza y Chuquimia, 2024).

Este patrón revela que, bajo control del MAS, el Estado boliviano puso en marcha un sistema de enriquecimiento de actores privados directamente vinculados al partido en funciones de gobierno. Un sistema que, dicho sea de paso, contribuyó a la crisis y muerte de más de un medio privado boliviano: el periódico Página Siete (La Paz) cerró definitivamente en 2023, el periódico La Razón (La Paz) suspendió su edición impresa en 2024, el periódico Opinión (Cochabamba) suspendió su edición impresa en 2026 y solo reactivó una mínima parte de su edición digital.

Más allá de sus implicaciones empresariales, esta saga de muertes de algunos de los medios impresos más longevos e influyentes del país supuso la desaparición de cientos de empleos de periodistas, fotógrafos, armadores, administrativos, prensistas, publicistas y otros trabajadores involucrados en la producción periodística de medios escritos. En el mejor de los casos, los trabajadores fueron liquidados con el pago de todos sus derechos —salarios, aportes, antigüedad— y echados a un mercado laboral perverso en el que cada vez tienen menor cabida. En el peor de los casos, se quedaron sin empleos y a la espera de que sus empleadores honraran sus deudas con ellos. Uno de los casos más dramáticos es el de los extrabajadores de Página Siete, a los que los dueños del medio, fugados del país, deben sueldos desde hace más de 1275 días —según el conteo que publican los afectados a través de su cuenta de Facebook—. Cientos de extrabajadores de medios aún vivos como Los Tiempos (Cochabamba) enfrentan una situación similar; sostienen desde hace años procesos legales contra los antiguos y nuevos propietarios de los medios a los que reclaman el pago por sus años de servicios y por sus desvinculaciones, los cuales no llegan o se demoran años debido a la excesiva burocratización de los procedimientos judiciales.

Los pocos empleados que se han aferrado a los periódicos devenidos en sitios digitales, así como los últimos sobrevivientes de los periódicos de papel, lo han hecho a costa de renunciar a condiciones de trabajo dignas. Son una suerte de consultores a los que se les paga solo cuando hay ingresos, quienes, en muchos casos, deben mendigar publicidad de instituciones públicas y renunciar a su labor fiscalizadora del poder político y empresarial a fin de asegurarse los fondos suficientes para mantenerse activos. La precarización de los medios escritos ha llegado al extremo de convertirlos en agencias de informaciones que producen cada vez menos contenidos propios y priorizan coberturas pagadas u otras que faciliten contratos publicitarios.

La producción de información periodística se ha vuelto un servicio anexo y ya no esencial para las empresas periodísticas, entregadas a la generación de ingresos publicitarios mínimos. En este contexto, los medios otrora escritos han reducido sus contenidos investigativos para priorizar los de carácter espectacularizante y superficial, esos que no hacen daño a los funcionarios públicos o a los empresarios, sino que los «humanizan» y los proyectan a las audiencias como seres inofensivos y hasta benevolentes. Así, por ejemplo, a un alcalde se lo entrevista no para cuestionar la ejecución de proyectos educativos o ambientales, sino para preguntarle cuál es su equipo favorito para ganar el Mundial de fútbol.

De lo que hablo en estas líneas ha dejado de ser una mera precarización económica o material del periodismo para convertirse en una precarización moral, cuando no ontológica, del oficio periodístico. Por mucho tiempo llamado «cuarto poder», alguna vez considerado un «contrapoder», el periodismo de los grandes medios desaparecidos o precarizados ha quedado reducido a un tentáculo más de los poderes políticos y económicos asentados en la sociedad boliviana.

Habrá advertido quien haya llegado a este punto mi énfasis en los periódicos impresos o medios escritos. Esta atención responde a mi trayectoria de más de dos décadas como trabajador —y consumidor— de uno de ellos. Aunque inevitablemente limitante, este foco en la prensa tiene el valor esencial de aludir a los medios que tradicionalmente han ofrecido un servicio de mayor calidad periodística, por la calidad investigativa y la profundidad de sus contenidos. Se entenderá que esto también se ha debido a que, a diferencia de la radio o la televisión, los periódicos han tenido tradicionalmente en el periodismo su principal y casi única ocupación. Sus espacios de entretenimiento siempre han sido menores y menos rentables que los de los medios audiovisuales. Y su supervivencia solía también depender, en buena medida, de su venta física. Por los periódicos de papel, el lector pagaba y aún paga, mientras que, por los noticieros radiales, televisivos o las páginas digitales de medios, no. Pese a algunos intentos por aplicar modelos de suscripción de contenidos digitales —muro de pago —, el mercado boliviano no ha respondido favorablemente, como en otros países donde sí se han establecido los contenidos pagos y exclusivos para suscriptores.

Los medios escritos que aún sobreviven en Bolivia son periódicos con o sin edición de papel, con ediciones web abiertas y con contenidos distribuidos por redes sociales —Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X—. Producen y ofrecen textos acompañados de fotos, pero también producen videos, transmisiones en vivo, infografías, podcast y streaming con capacidad de monetización que, sin embargo, es muy reducida si se la compara con los recursos generados por venta directa de publicidad tradicional. Se han multiplicado los portales tipo agencias de noticias de libre acceso y uso —Erbol, ANF, Urgentebo, Brújula Digital—, que no viven —si es que lo hacen— de vender sus contenidos a otros medios, sino de publicidad directa u otros ingresos.

Por si fuera poco, las grandes cadenas de televisión también han incorporado periodistas para producir contenidos escritos que alimenten sus páginas web y redes sociales, con lo que el contenido escrito se ha popularizado, banalizado y automatizado, esto último sobre todo debido al uso intensivo de la Inteligencia Artificial (IA). Ya no existen solo periódicos o solo radioemisoras o solo canales de televisión. Todos han debido convertirse en plataformas multimedia, una transformación que, a primera vista, puede asumirse inevitable y hasta virtuosa, pero que, tras un análisis somero de los contenidos disponibles, revela otra forma de precarización periodística: la de la calidad de los mensajes ofrecidos al público. Podrá sonar radical, pero la extinción de los periódicos, o su mutación en multimedios, ha supuesto una merma en la calidad de los contenidos periodísticos en Bolivia. Esto no ocurre exactamente necesariamente en otros países, donde los multimedios sí invierten en contenidos de calidad en los que la escritura no desaparece, sino que se articula en productos de gran ambición técnica y discursiva. La palabra escrita sigue siendo sinónimo de investigación, profundidad y pulcritud de los mensajes periodísticos, algo que ocurre escasamente en medios sonoros, audiovisuales y digitales en el país.

Una excepción a esta irreversible precarización de la oferta periodística en Bolivia la encarnan los medios nativos digitales que han conseguido consolidarse mediante la especialización temática y un sistema de autogestión más propio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que de las empresas periodísticas privadas. Hablo, por nombrar algunos, de proyectos como la revista Nómadas, Muy Waso, La Región, La Brava o Casa de Nadie, dedicados a producir piezas investigativas sobre medio ambiente, feminismos y derechos humanos, apelando a recursos de cooperación, financiamientos para desarrollo de proyectos, fondos concursables o iniciativas concursables transnacionales[1]. Estas últimas han sido también importantes para introducir materiales de investigación en periódicos tradicionales, siempre que sus periodistas hayan sido beneficiados por sus proyectos o hayan publicado trabajos de freelancers previamente financiados. La emergencia de estos sitios nativos digitales es una de las pocas buenas noticias que ha producido el panorama mediático y periodístico del último tiempo. Sin embargo, hay que advertir que su alcance aún es limitado, estando sus coberturas condicionadas a la consecución de fondos para realizarlas y a la compatibilidad temática con las fuentes de financiamiento que tienen una agenda predefinida en la que solo algunos asuntos son priorizados —género, medio ambiente, pueblos indígenas— y otros no tienen cabida más allá de su interés periodístico y social —deportes, cultura, seguridad ciudadana—.

Cierro esta descripción algo extensa, pero de todas formas incompleta, del ecosistema periodístico actual en Bolivia volviendo al punto de partida de este acápite: el uso del presupuesto de publicidad estatal como mecanismo de chantaje a los medios periodísticos en el país, ejerciendo tortura financiera sobre los díscolos, aplicando recompensas a los funcionales y desviando fondos para los artificiales solo creados para captar recursos públicos. Y es que, aun teniendo medios «hechizos» solo para absorber los fondos de publicidad, el gobierno de Arce no suspendió la contratación de espacios publicitarios en medios tradicionales de mayor alcance, los mismos a los que en otros tiempos el masismo había declarado los principales opositores de su gobierno. Es el caso de Red Uno de Bolivia S.A., propiedad del Grupo Económico-Kuljis, y de la Red Unitel —Empresa de Comunicación del Oriente S.A.—, de propiedad del Grupo Ganadero-Monasterio, ambos con base en Santa Cruz e integrantes de grandes conglomerados que, según las indagaciones del investigador Nathanael Hastie, conforman la oligarquía financiera y los grupos de mayor poder económico de Bolivia (2025). La figura del conglomerado no es menor, pues, en los hechos, revela que se trata de redes de grandes negocios en los que los medios constituyen apenas uno de sus eslabones, ni el principal ni el más insignificante, pero sí uno que sus dueños pueden darse el lujo de subvencionar en la medida en que les da acceso al poder político.

Pese a gritar a los cuatro vientos su militancia «por los más pobres y oprimidos», a la postre, los gobiernos masistas fueron hábiles en promover nuevas oligarquías y engordar a las ya existentes, empleando como uno de sus principales métodos de enriquecimiento la compra de espacios publicitarios cuyo único resultado comprobable fue el hacer más ricos a los ricos y crear nuevos ricos.

Quinta entrada: Tarde, ya no tenemos nada que perder

En las semanas finales del último gobierno del MAS, entre septiembre y octubre de 2025, Luis Arce fue motivo de una nueva controversia que observaba irregularidades en su condición de docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Para combatir las versiones que desacreditaban su trayectoria académica, el Viceministerio de Comunicación intentó lavarle la cara en algunos medios. Uno de sus emisarios escribió a varios colegas de Opinión hasta llegar a mí, que seguía siendo jefe de Redacción del periódico. Como ignoré sus mensajes y llamadas, el joven fue hasta nuestras oficinas. Me pidió abrir espacio para una entrevista con una «contraparte» que no era tal: un supuesto dirigente universitario que apoyaba la labor docente de Arce. Por un momento estuve a punto de acceder a su pedido, más por consideración al sufrido emisario que por deferencia con el malhadado presidente, quien nos dejaba un país quebrado, sin combustibles, con kilométricas filas de vehículos detrás de los surtidores, el dólar cotizándose a más de 15 bolivianos —más del doble del tipo de cambio oficial— y una inflación de los productos de la canasta familiar imparable. Lo pensé unos segundos y le dije que no. Sabía que la negativa podría traer consecuencias, pero qué más daba a esas alturas. El otrora ministro de Economía estaba a días de dejar la Casa Grande del Pueblo y Opinión también tenía los días contados. Coboce, el grupo empresarial dueño del periódico, llevaba más de medio año sin pagarnos el sueldo. Sus principales ejecutivos —empresarios constructores forrados en cemento y dinero— nos sugirieron desvincularnos como condición para recién saldar lo debido. De poco sirvieron los procesos laborales que iniciamos los trabajadores para exigir el cumplimiento de las obligaciones salariales: con mil y una chicanas, nuestros empleadores dilataron el pago de sus deudas y nos sometieron, a nosotros y a nuestras familias, a una tortura intolerable. Así que, cuando el enviado gubernamental insistió, le dije aun con más convicción: «No. No, no y no».

En ese momento no lo pensé, pero con el paso de los días, mientras aún sopesaba el posible efecto de mi negativa, me acordé de un librito de Albert Lladó que había leído hacía no mucho: La mirada lúcida: El periodismo más allá de la opinión y la información (2019). De él recordé su evocación de un artículo de Albert Camus en el que identificaba los que, en su experiencia, debían ser los puntos cardinales del periodismo: la lucidez, la desobediencia, la ironía y la obstinación. Con mi negativa no me sentí especialmente lúcido o irónico, pero sí obstinado y, sobre todo, desobediente. Creo que solo entonces le perdí por completo el miedo a la amenaza de esa vieja secretaria departamental que prometió acusarme con «su tío el director del periódico». El miedo se esfumó porque su origen también había desaparecido. Unos meses más tarde me encargaría de armar la última portada impresa de Opinión y escribir el mensaje de despedida para nuestros lectores.

CODA

Mi último día de trabajo en Opinión fue el 31 de marzo de 2026, el mismo día en que Bolivia perdió ante Irak el repechaje para clasificar al Mundial en Norteamérica. El país ya estaba siendo gobernado por Rodrigo Paz, uno de cuyos autoproclamados esbirros locales había intentado pagarme unas semanas antes para entrevistar al dizque jefe departamental de la alianza accidentalmente ganadora de las elecciones de 2025. No acepté el pago; sí la entrevista. Sin embargo, el entrevistado faltó inexplicablemente a la cita. El esbirro se disculpó de todas las maneras posibles y me rogó reprogramar la entrevista. No volví a responder a sus mensajes. Unos días después, llegó a la Redacción del periódico un «regalo» suyo para mí y para el otro periodista que debía entrevistar a su «jefe»: una botella de singani y un vale por 150 bolivianos de un supermercado. No los aceptamos, pero el hombre tampoco fue a recogerlos. No volví a saber de esos «regalitos», entre otras cosas porque la oficina de Opinión a la que llegaron ya no existe: hoy es un predio que está en alquiler. Algunas cosas cambian y mueren: los periódicos, por ejemplo. Otras solo cambian de ejecutores y de recursos: los políticos y sus baratijas, por ejemplo.

Yo ya no trabajo en un periódico, pero aún intento reconocer en el mapa del oficio esos puntos cardinales que hace casi cien años nos señaló el autor franco-argelino. No aspiro a ubicarlos de memoria. A lo sumo, intento que me ayuden a no extraviarme por completo.

Referencias bibliográficas

Alanes, Z., et al. (2024). Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en Bolivia. En J. Torres y S. Marino (Eds.), Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina (pp. 26-34). Observacom.

Hastie, N. (2025). Dueños de Bolivia: Historia (no-oficial) del saqueo. Librería Editorial Subterránea.

Hetzer, A. (2016). La continuidad del régimen mediático híbrido en Bolivia. Punto Cero, 21(33), 9-23.

Lanza, S., y Chuquimia, L. (2024, 28 de mayo). Bolivia: más de USD 500 mil en publicidad a medios afines a gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Ojo Público. https://ojo-publico.com/5144/bolivia-financio-medios-afines-contratos-publicidad

Lladó, A. (2019). La mirada lúcida: El periodismo más allá de la opinión y la información. Editorial Anagrama.

Molina, F. (2014). Las relaciones entre los medios y el gobierno de Evo Morales: De la polarización a la hegemonía. Journal de Comunicación Social, 2(2), 45-76.

Montaigne, M. de. (2020). Ensayos. Editorial Alma.

Taufic, C. (2012). Periodismo y lucha de clases. Ediciones Akal.


[1] Excluyo deliberadamente de este esquema a los llamados “creadores de contenidos”, «streamers», «tiktokers» y demás seres alados del cosmos digital en los que, aun habiendo asomos de trabajo periodístico, no percibo un esfuerzo sistemático por crear contenidos de interés colectivo y de incidencia en la agenda pública que cumplan con ciertos parámetros de rigurosidad para la producción y puesta en circulación de mensajes. Otro actor que excluyo, aunque por un límite espacial, es el de las verificadoras de datos, que en el último tiempo han ido ganando presencia como medios especializados en combatir la desinformación, vigilar a otros medios y denunciar campañas no periodísticas tendientes a instalar mentiras o medias verdades en el debate público.

Santiago Espinoza A. es periodista, crítico de cine y docente. Es autor de los libros Operación fracaso y Eso que miramos los bobos, y coautor de El cine de la nación clandestina, Una cuestión de fe, Historia del cine boliviano 1897-2017 y Crónicas mundialeras del dios redondo. Fue director, jefe de Redacción y periodista del periódico boliviano Opinión y es editor del sitio de periodismo cultural Ramona. Su trabajo periodístico se ha publicado en medios bolivianos y latinoamericanos, como El País (España-México), Gatopardo (México) y elDiario.es (España).

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