La paradoja de la abundancia-enfermedad

Salud y minería en Potosí

Isaac Kukoc Paz

El ensayo examina la relación entre el modelo extractivo minero y los procesos de salud-enfermedad en Potosí, Bolivia. A partir de las historias de vida de Margarita y Bárbara, dos mujeres vinculadas al Cerro Rico, y de un recorrido histórico que va desde la mita colonial hasta el actual auge cooperativista, el texto propone que los perfiles epidemiológicos de las comunidades mineras no pueden entenderse como eventos clínicos individuales ni como deficiencias del sistema sanitario, sino como expresiones de un metabolismo sociedad-naturaleza organizado por el extractivismo. El análisis muestra cómo la silicosis reorganiza la vida familiar completa, produciendo endeudamiento, precarización e incorporación de mujeres y niños al trabajo minero, y cómo estos efectos se reproducen entre generaciones. Se examinan también las formas de resistencia cotidiana que las poblaciones desarrollan frente a estas condiciones, así como el creciente poder político de las cooperativas y su incidencia en la gestión de la seguridad social. El ensayo plantea que la naturalización del sufrimiento, asociada al orgullo regional y la identidad potosina, funciona como mecanismo de reproducción del modelo extractivo e impide nombrar la contradicción entre la riqueza que genera la minería y el deterioro que produce en los cuerpos y territorios.

No es posible el cambio en salud sin un cambio en la estructura social, […] la práctica en salud y la atención médica debe partir desde el pueblo, […] la salud es un campo de lucha política.

Edmundo Granda Ugalde (2009)

Vivir después de la silicosis

Margarita Canaviri Veliz[1] nació en Surumi, próximo a Coroma, en la provincia Quijarro (Potosí). Creció en una familia dedicada a la crianza de ganado hasta que la falta de oportunidades obligó a sus padres a migrar hacia la empresa minera de Caracota[2]. Allí pasó gran parte de su juventud. Pero las fluctuaciones de los precios del antimonio en los años 1980 provocaron la relocalización de los trabajadores y la familia tuvo que retornar a su comunidad. Poco después su padre murió en un accidente de tránsito, dejándolos otra vez en la incertidumbre[3].

Como muchas familias rurales del sur de Potosí, Margarita y su esposo intentaron sostenerse con el trabajo agrícola y la ganadería, pero los ingresos no alcanzaban. Migraron a la ciudad y su esposo ingresó a trabajar en la mina del Cerro Rico de Potosí. Durante algunos años lograron mantener a sus hijos. A los treinta y seis años, sin embargo, comenzó una enfermedad que cambiaría la vida familiar para siempre. Primero aparecieron el cansancio, la dificultad para respirar, la coloración morada de los labios y las uñas. Poco a poco dejó de poder trabajar y la enfermedad fue avanzando mientras la familia buscaba respuestas en distintos servicios de salud.

Él estaba asegurado en la Caja Nacional de Salud, pero durante mucho tiempo nadie les explicó con claridad qué estaba ocurriendo. Le hablaban de presión alta, le entregaban medicamentos y calmantes, y la enfermedad seguía avanzando. Cuando finalmente lograron llevarlo a Sucre (fuera de su seguro de salud), los médicos informaron que el pulmón derecho estaba prácticamente destruido. Solo entonces llegó un diagnóstico que ya era demasiado tarde: silicosis.

La enfermedad no solo destruyó su salud. Consumió progresivamente los recursos de toda la familia. Margarita vendió frazadas, garrafas y los pocos bienes que tenía. Contrajo préstamos en dos bancos para costear tratamientos y viajes médicos. Mientras la enfermedad avanzaba, las deudas crecían. Después de seis años de deterioro progresivo, su esposo falleció dejando cuatro hijos pequeños y una deuda que seguía vigente.

Con una hija de apenas seis meses y los préstamos pendientes, Margarita tuvo que buscar trabajo de inmediato. Nunca había imaginado trabajar en la mina, pero la necesidad la llevó al mismo lugar donde su esposo había enfermado y muerto. Observó que otras mujeres trabajaban como guardas y palliris[4] y decidió incorporarse. “He visto y he dicho: ¿por qué yo no puedo?”. Así comenzó una nueva etapa de su vida en la bocamina, donde permaneció más de diez años. Sus hijos crecieron ahí, ayudando a realizar la picha[5], recuperar restos de mineral que quedan dispersos después de la carga de las volquetas. La familia sobrevivió gracias a ese trabajo informal mientras ella pagaba las deudas acumuladas por la enfermedad.

Hoy Margarita no cuenta con seguro de salud por problemas documentales que nunca ha tenido tiempo de resolver. Obtiene agua de bocaminas abandonadas o de pequeñas vertientes cercanas al cerro. El polvo de las operaciones mineras cubre diariamente los utensilios y espacios donde vive su familia (en pleno Cerro Rico). “Despiertas con la garganta seca, todo lleno de polvo”, relata. Pero su mayor angustia ya no es su propia salud. Es la posibilidad de que la historia se repita en la siguiente generación. Su único hijo varón trabaja actualmente en interior mina. Ella ha visto de cerca lo que la silicosis hace y reconoce los primeros riesgos que enfrenta el joven. Intenta protegerlo como puede, con aceite o recomendaciones aprendidas durante la enfermedad de su esposo, pero sabe que las condiciones siguen siendo las mismas. “Con verlo a mi hijo trabajando en la mina, a mí me duele como mamá”, confiesa.

La silicosis[6] no es solamente una enfermedad pulmonar. Es un proceso que reorganiza la vida familiar completa. Produce endeudamiento, abandono escolar, incorporación temprana al trabajo, precarización de la vivienda, exposición ambiental y reproducción del trabajo minero de una generación a la siguiente. La enfermedad empieza en los pulmones del trabajador, pero sus consecuencias terminan atravesando a toda la familia y prolongándose mucho después de su muerte. La historia de Margarita condensa algo que el debate público sobre salud en Bolivia rara vez logra nombrar.

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La enfermedad como producción social

La historia de Margarita plantea la pregunta central de este ensayo: ¿Cómo se expresan en la salud, la atención sanitaria y la mortalidad las condiciones históricas y contemporáneas de producción minera en Bolivia? La premisa es que la salud no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni exclusivamente biológico, pues se encuentra históricamente subsumida a las formas de producción y reproducción social dominantes (Breilh, 2003). Para entender la salud en Potosí no alcanza con describir el sistema sanitario y sus limitaciones. Hay que mirar las matrices productivas que determinan las condiciones materiales de vida y trabajo.

Durante los últimos años, el debate sobre el sistema de salud boliviano se ha concentrado en problemas como la fragmentación institucional, el déficit de personal, la falta de medicamentos y las limitaciones del Sistema Universal de Salud (Arze Vargas, 2018; Carvajal Saravia, 2018; Cuentas Yañez, 2018; Ramírez Hita, 2011; Torres-Goitia Torres, 2018). Son análisis necesarios, pero muchos permanecen en un nivel descriptivo, centrados en el funcionamiento del sistema sanitario en abstracto. La salud y la enfermedad en Bolivia son más complejas que el sistema de salud. Existen formas concretas de subsunción en la organización del trabajo, la economía y el territorio que producen históricamente desgaste corporal, contaminación, sufrimiento y muerte prematura.

La silicotuberculosis no se genera únicamente porque los pulmones inhalan sílice durante el trabajo minero. Es el resultado de un proceso donde se articulan exposición prolongada al polvo, condiciones laborales precarias, hacinamiento, mala alimentación, naturalización de la explotación, sobrecarga física, estrés constante y acceso limitado a servicios de salud. El polvo de sílice debilita progresivamente los mecanismos de defensa pulmonar y genera fibrosis, creando condiciones biológicas favorables para la activación de la tuberculosis. Pero la enfermedad emerge y se agrava dentro de contextos históricos de explotación y desigualdad social. En últimas, se asocia a una forma metabólica social, la del capitalismo y su idea de desarrollo perpetuo.

En Bolivia se han configurado condiciones materiales concretas que inciden directamente sobre los procesos de salud y enfermedad en contextos mineros. La contaminación del agua, la degradación de ecosistemas, la alteración de formas tradicionales de subsistencia, la precarización laboral y la desigualdad en el acceso a servicios básicos configuran un escenario donde las enfermedades de las comunidades mineras no pueden entenderse como eventos clínicos individuales. Son expresiones históricas de un metabolismo sociedad-naturaleza alterado por modelos de desarrollo centrados en la acumulación y la explotación intensiva del territorio.

Los perfiles epidemiológicos observados en estas comunidades expresan abigarramiento de procesos estructurales, territoriales y culturales. En ese sentido se encuentra la persistencia de enfermedades como la neumosilicosis, la silicotuberculosis[7], el alcoholismo[8], la violencia[9] y problemáticas vinculadas al deterioro ambiental; de forma conjunta y como evidencia de que los cuerpos terminan encarnando las contradicciones de un modelo productivo inequitativo.

La salud colectiva latinoamericana ha insistido en que los procesos de salud-enfermedad se producen socialmente, y en el caso minero esto se evidencia en la forma en que las comunidades articulan sus experiencias de daño con memorias de contaminación, transformaciones ecológicas y cambios en sus modos de vida.

La historia como cimiento

La relación entre minería y enfermedad en Bolivia tiene raíces coloniales. La mita del Cerro Rico de Potosí implicó formas extremas de explotación laboral, exposición constante al mercurio y altas tasas de mortalidad indígena por accidentes, configurando uno de los primeros grandes regímenes de producción de enfermedad por trabajo en América Latina. En ese período la salud no puede entenderse separada de la organización colonial del trabajo, del control territorial y de las jerarquías raciales impuestas por el imperio español (Barragan Romano, 2025; Robins, 2011; Zagalzky, 2023). Las epidemias, la desnutrición, los accidentes mineros y los daños respiratorios no eran un efecto colateral de la economía colonial, sino que estaban determinados por su funcionamiento (Sempat Assadourian, 1982; Serrano, 2010).

Con el auge del estaño a principios del siglo XX, se consolidaron formas de medicina laboral vinculadas a la productividad obrera y al control de los cuerpos trabajadores. Emergieron hospitales mineros, sistemas de previsión y discursos sobre higiene y pobreza que entendían la salud como condición para la producción (Llambías & Orozco, 1931; Subieta, 1945; Gumiel, 1970; Serrano Bravo, 2004).

Las reformas neoliberales modificaron profundamente el panorama. La descentralización, la municipalización y la reducción del rol estatal reorientaron la salud hacia criterios de eficiencia fiscal y focalización poblacional. La Atención Primaria en Salud se convirtió en eje organizador mientras aumentaba la presencia de ONGs y cooperación internacional en territorios rurales e indígenas. Este período coincidió con el cierre de minas, migraciones masivas y nuevas formas de precarización social que impactaron directamente los perfiles epidemiológicos del país (Alvarez et al., 2016).

El Estado Plurinacional en los años iniciales de este siglo impulsó un discurso de descolonización de la salud centrado en interculturalidad, participación social y articulación con medicinas tradicionales. En lo práctico, aunque se ampliaron derechos y la cobertura mediante políticas públicas como la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y el Sistema Universal de Salud (SUS), emergieron tensiones entre el sistema biomédico, las prácticas indígenas y las limitaciones estructurales del Estado (Ramírez Hita, 2011). «Lejos de transformar estructuralmente el sector de la salud, el proceso de descolonización parece haber generado una profunda fractura ideológica y organizativa en su interior, reflejo de la sociedad boliviana en su conjunto» (Plard, 2025).

Bolivia llegó al Bicentenario (2025) con estas contradicciones intactas. Persisten la fragmentación institucional, la segmentación, la inequidad sobre todo para sectores precarizados e indígenas (Aillón Terán, 2024), el déficit de infraestructura, la escasez de personal y fuertes desigualdades territoriales y socioeconómicas (Lafuente-Luizaga & Arias-Uriona, 2026). El país enfrenta simultáneamente envejecimiento poblacional[10], crecimiento de enfermedades crónicas y persistencia de enfermedades transmisibles[11], todo en un contexto de debilidad fiscal[12]. La «universalización» del sistema de salud formal no se ha traducido en acceso efectivo. Amplios sectores rurales y populares continúan dependiendo de medicina tradicional, automedicación o sistemas precarios. El derecho a la salud existe normativamente pero no materialmente para toda la población.

El auge extractivo y sus costos

En el transcurso de su historia la minería del país ha atravesado ciclos de auge y caída. Actualmente vivimos un nuevo auge impulsado por los precios elevados de los minerales, una bonanza asociada en buena medida a situaciones externas trágicas como las guerras. El valor de la producción minera pasó de 631 millones de dólares en 2005 a más de 4.169 millones en 2017 (López et al., 2020) y superó los 6.246 millones en 2023 (Calisaya Argollo, 2024), un incremento de más del 560%. Simplemente como ejemplo de crecimiento, dado que en la minería del oro la silicosis es poco común (tienen otras asociadas al mercurio), el auge de la minería aurífera fue particularmente significativo. La producción oficial de oro pasó de 7 toneladas en 2009 a 53 en 2022 (EL PAÍS, 2023), un crecimiento que trajo consigo fuertes conflictos sociales en las regiones auríferas (Ruvenal, 2026)[13]. Todo esto estuvo acompañado por la expansión del sector cooperativista[14], la ampliación territorial de la actividad extractiva y la intensificación de conflictos socioambientales vinculados al acceso a recursos naturales, agua y territorios.

El sector cooperativista adquirió un papel central en la estructura minera nacional. Las cifras dan cuenta de la magnitud de esta transformación. En 2006 se habían creado 724 nuevas cooperativas y se reportaban 120.000 cooperativistas; hacia 2026 las cifras alcanzaban aproximadamente 1.300 cooperativas y 160.000 mineros (CEDIB, 2013; Mongabay, 2026)[15]. Más que una continuidad histórica de la minería boliviana, lo que se configura es una nueva fase de intensificación extractiva, caracterizada por el fortalecimiento económico y político de las cooperativas y sus federaciones. Su capacidad de presión e influencia sobre el Estado se tradujo en relaciones concretas de intercambio político. Representantes del sector cooperativista llegaron a ocupar hasta siete curules entre diputaciones y senadurías (Fides, 2016), y el gobierno le otorgó acceso a maquinaria, créditos accesibles, nuevas áreas de operación y otros beneficios sectoriales (Fides, 2026a, 2026b; Michard, 2008; Reyes, 2025)[16]. La minería cooperativizada no es únicamente un actor productivo; es también un actor político con capacidad de incidir en decisiones normativas, fiscales, ambientales y laborales (Kukoc Paz, 2020, 2021).

¿Cómo se relaciona este ciclo extractivo con la salud? La expansión minera transforma economías locales y territorios, pero también las condiciones materiales de vida y trabajo: exposición prolongada a sílice y metales pesados, precarización laboral, debilitamiento de controles ambientales y presión sobre sistemas locales de salud. Lo que sorprende es que a pesar de los «triunfos», «beneficios» y «ventajas» económicos, las condiciones de salud no mejoran.

Las cifras de mortalidad hablan con contundencia. Solo en lo que va de 2026 se registraron 68 muertes en actividades mineras en Potosí (El Potosí, 2026). En 2025 la cifra alcanzó 121 fallecidos, más de dos muertes semanales vinculadas al sector (El Potosí, 2025). Lejos de constituir hechos aislados o fortuitos, estas muertes expresan condiciones estructurales de peligro asociadas a la intensificación extractiva contemporánea. La muerte se convierte en una posibilidad real y cotidiana, inscrita en las propias condiciones de producción minera.

La exposición permanente a situaciones malsanas, los accidentes laborales, el desgaste corporal y la incertidumbre configuran formas específicas de subjetividad y sociabilidad minera. El «cuerpo minero» que describe Absi (2005) está marcado por la naturalización de la enfermedad y la muerte. Estas condiciones suelen asociarse a elevados niveles de sufrimiento psíquico, consumo problemático de alcohol, dinámicas de violencia y prácticas compensatorias vinculadas a formas de masculinidad construidas históricamente en contextos extractivos (Robins, 2011).

Las desigualdades territoriales en salud se pueden leer a través de indicadores como los Años de vida perdidos (AVP)[17]. Según estimaciones exploratorias[18], los AVP por cada 100.000 habitantes en Potosí y Oruro, los departamentos del eje altoandino extractivo, son considerablemente mayores que los de Santa Cruz o Cochabamba, lo que sugiere una relación directa entre territorio minero y muerte prematura. Los bajos valores en la Amazonía deben leerse con cautela por posibles problemas de subregistro.

TABLA N°1

Años de Vida Perdidos (AVP) por departamento

DepartamentoAVP X 100.000 hab.Índice cualitativoLectura territorial
Potosí16.143Muy altoExtractivismo minero y desgaste temprano
Oruro15.200Muy altoPerfil altoandino-extractivo
Chuquisaca13.400AltoRuralidad estructural y acceso desigual
La Paz11.900Intermedio-altoComplejidad urbano-rural
Tarija10.600IntermedioTransición epidemiológica desigual
Cochabamba9.800Intermedio-bajoPerfil mixto urbano-rural
Beni9.400Intermedio-bajoCautela por subregistro amazónico
Santa Cruz5.833BajoMortalidad más tardía y urbanización
Pando4.900Bajo aparenteProbable subregistro

Nota. Elaboración propia con base en los datos del INE.

La distribución por género agudiza el cuadro. En Potosí los varones concentran una carga de AVP significativamente mayor (16.143 personas de 100.000 mueren antes de lo que establece la esperanza de vida – 70 años), un patrón consistente con actividades históricamente masculinizadas caracterizadas por alta exposición a accidentes, sustancias tóxicas y enfermedades ocupacionales. Pero que las mujeres presenten menores AVP no refleja mejores condiciones de salud. El indicador tiende a invisibilizar formas prolongadas de desgaste asociadas al trabajo reproductivo, las tareas de cuidado, la precariedad alimentaria y la exposición ambiental cotidiana (Kukoc Paz, 2021). Los cuerpos masculinos aparecen más vinculados a la muerte prematura; los cuerpos femeninos expresan formas más silenciosas y acumulativas de deterioro, igualmente centrales para comprender la reproducción social de la vida en contextos de extractivismo.

TABLA 2

Años de Vida Perdidos (AVP) por departamento y por Género

DepartamentoAVP hombresAVP mujeresLectura de género
Potosí10.0096.134Muerte prematura masculina; desgaste femenino invisibilizado
Oruro9.3005.900Trabajo minero y exposición laboral
Chuquisaca8.0005.400Ruralidad, pobreza y acceso desigual
La Paz7.1004.800Desigualdad urbano-rural
Tarija6.4004.200Transición desigual; Chaco vulnerable
Cochabamba5.9003.900Perfil mixto
Beni5.7003.700Posible subregistro
Santa Cruz3.8002.000Mortalidad más tardía
Pando3.0001.900Subregistro probable

Nota. Elaboración propia con base en los datos del INE.

Los AVP no explican por sí solos las causas de la enfermedad o la muerte, pero permiten observar una dimensión frecuentemente invisibilizada: la pérdida desigual de años de vida. Que los territorios mineros concentren mayores niveles de muerte prematura sugiere que parte de la riqueza producida convive con procesos persistentes de desgaste humano que rara vez son incorporados en las narrativas del desarrollo.

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Una vida de trabajo

Bárbara Colque Ramos nació en Tomavi[19], cerca de Uyuni. Creció prácticamente huérfana. Su padre, excombatiente de la guerra del Chaco, murió primero; después falleció su madre, inválida. Ella y sus hermanos quedaron dispersos entre familiares y sobrevivieron “donde la gente”, en un pequeño cuarto prestado por sus abuelos. Desde muy niña conoció la pobreza extrema: “no tenía zapatos, con abarquita… de la cabeza de la llama”.

Su infancia transcurrió en los años 70s, en el altiplano potosino, estuvo marcada por el trabajo precoz y la muerte ligada a la minería. Dos de sus hermanos murieron jóvenes “con mal de mina” (silicosis) trabajando en Caracota. Mientras ellos bajaban a interior mina, ella pastoreaba llamas y luego migró sola a Uyuni siendo apenas una niña. Trabajó desde los ocho años como empleada doméstica. No recibía salario; le pagaban con ropa usada y comida. Más adelante fue llevada a Tarija, donde sufrió violencia física dentro del hogar donde trabajaba. “Hasta a mí me ha pegado”, recuerda. Finalmente escapó “de ocultitas”.

La minería aparece en la vida de Bárbara no como espacio de trabajo propio sino como una estructura que absorbe también la vida de las mujeres. Después de la muerte (suicidio) del padre de sus hijas, sus propios hermanos la obligaron a unirse con otro hombre de su pueblo. Él bebía constantemente y faltaba al trabajo, así que Bárbara terminó haciéndose cargo de las obligaciones laborales y familiares. “Yo no más pues responsable de toda la empresa era”, cuenta. Pasó por distintos oficios: cuidó ovejas, fue trabajadora del hogar, y cuando llegó al Cerro Rico, en los primeros 20 años de este siglo, trabajó como guarda para sobrevivir[20]. Paralelamente vendió comida, lavó ropa en la ciudad, comerció en mercados. Todo para “ganar platita” y hacer estudiar a sus hijas. Así comenzó a trabajar como guarda en los sectores mineros de Pailaviri, Sukuman y La Plata, donde permaneció casi quince años.

Las condiciones laborales eran extremadamente precarias. Empezó ganando 300 bolivianos al mes y terminó recibiendo apenas 500. “En estas empresas grave yo he sufrido, pero qué voy a hacer, tenía para comer”, explica. Como mujer sufría discriminación y menores salarios: “Como mujer sí menos pagaban, igual no más yo me aguantaba”. La contaminación minera atravesaba completamente su vida cotidiana. Al vivir en el sector de La Plata en el cerro el humo y el polvo mineral entraban todas las noches a su cuarto desde las operaciones de Manquiri[21]: “grave era pues la contaminación… el humo polvo mineral… el viento trae de allá… ese a nuestro cuarto entra, en ese vivíamos todos los días”. La enfermedad, el polvo y el desgaste aparecían naturalizados como parte inevitable de la vida minera.

A todo esto, se sumaron los accidentes y las deudas permanentes. Su esposo sufrió un grave atropello que le destruyó la pierna (fuera de la mina). Bárbara vendió lo que tenía para costear el tratamiento. “27 mil me cuesta su pie”, relata, recordando los años que tardó en pagar. Mientras tanto seguía trabajando en el cerro y sosteniendo a toda la familia.

Pero la historia de Bárbara no es únicamente una historia de sufrimiento. A pesar del hambre, la discriminación y la explotación, insistió en que sus hijas estudiaran. Muchas veces sobrevivía mascando coca mientras guardaba la comida para ellas. “Yo no comía aquí, coquita no más tenía”, recuerda. Gracias a becas y esfuerzos familiares, una de sus hijas logró convertirse en profesora.

La vida de Bárbara muestra que el Cerro Rico produce algo más que minerales. Produce cuerpos desgastados, enfermedades respiratorias, contaminación, violencia y pobreza acumulada entre generaciones. El “Plan Estratégico de Erradicación de la Silicosis en Bolivia” reconoce que el “mal de mina” continúa afectando a miles de trabajadores y familias. Pero en relatos como el de Bárbara queda claro que los efectos de la minería exceden el interior mina: atraviesan la infancia, la alimentación, la vivienda, la maternidad y la vida cotidiana de las mujeres que sostienen silenciosamente el mundo minero potosino. La salud aparece entonces como una construcción colectiva que se produce en medio de condiciones adversas y que tiene sello de mujer.

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Resistencia y naturalización

Reducir la realidad minera potosina a la naturalización de la explotación invisibilizaría las múltiples formas de resistencia que las poblaciones han desarrollado para sostener la vida. Las poblaciones mineras pueden naturalizar ciertos riesgos laborales y ambientales, pero al mismo tiempo desarrollar mecanismos sociales y culturales que les permiten enfrentar parcialmente esas condiciones.

La resistencia no es una ruptura total con la minería sino, una capacidad de preservar vínculos comunitarios, prácticas culturales y estrategias colectivas de subsistencia en medio del extractivismo, que a la postre se convierten en factores protectores de la salud. Esto es posible puesto que la comunidad les provee aún de alimentos como papa y chuño, oca, camote e incluso charque de llama; pero también porque han llevado esa forma de agrupación y organización que se traslada al cerro, a los barrios periféricos. “Esta supuesta dicotomía entre resistencia y naturalización es una constante que convive de forma conjunta” (Kukoc Paz, 2015).

Una de las formas más importantes de protección ha sido la persistencia de relaciones comunitarias y agrícolas paralelas al trabajo minero. Históricamente, incluso durante la mita colonial, muchas familias mantuvieron actividades agrícolas que permitían sostener la alimentación y la reproducción familiar frente a las condiciones de explotación. «Muchas veces el trabajo agrícola continuo en manos de familiares o la mujer y esto les salvaba pues daba el alimento necesario para cumplir la mita, esta forma de resistencia es vigente en la actualidad en la vida de muchos mineros y guardas» (Kukoc Paz, 2015). El modelo extractivo nunca logró absorber completamente las formas comunitarias de organización y reproducción de la vida a mutado de forma que puede ser asimilado y complementario a su forma de vida agrícola.

Muchos trabajadores continúan vinculados a sus comunidades de origen, participan en ciclos agrícolas, festividades y redes comunales. Esta relación se expresa mediante viajes a las comunidades de origen en época de siembra y cosecha, y también mediante envíos de alimentos desde las comunidades. Estas asociaciones constituyen factores protectores de la salud (Kukoc Paz, 2021). Las organizaciones sindicales y laborales disputan condiciones de prevención de la silicosis y protección de los trabajadores. Y las propias guardas del Cerro Rico han desarrollado iniciativas concretas como la creación de viveros[22], formas de cuidado del territorio que existen, pero permanecen invisibles para el debate público. La resistencia en Potosí se expresa también en prácticas cotidianas de supervivencia, organización y preservación comunitaria que persisten pese a siglos de explotación extractiva.

La paradoja de la abundancia-enfermedad

Dos hechos recientes revelan con claridad cómo funciona la relación entre minería, Estado y salud en Bolivia. El primero es la designación de un dirigente minero como presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud[23], lo que evidencia que la seguridad social de corto plazo constituye un espacio estratégico de disputa política, económica e institucional más allá de la propia atención sanitaria (Acosta Rodríguez, 2026), esto se debe a una negociación entre el sector y el gobierno, no por salud, por espacios políticos. El segundo es la promulgación del Decreto Supremo 5618, que anuló fiscalizaciones y deudas coactivas de cooperativas mineras auríferas con la CNS acumuladas entre 2016 y 2025, 60,5 millones de bolivianos de Ferreco y 35,8 millones de Fecoman[24] (Correo del Sur, 2026). Desde hace algunos años el papel de las cooperativas mineras en la salud queda reducida a un problema técnico-administrativo y financiero, y los grandes ausentes de la discusión son precisamente los trabajadores afectados, los pulmones deteriorados por la sílice, los cuerpos expuestos a tóxicos, los accidentes laborales, el desgaste físico prematuro, las afecciones renales, respiratorias y neurológicas, las múltiples formas de sufrimiento psíquico asociadas a la precariedad minera contemporánea. Y no pueden olvidarse los actores que ni siquiera están asegurados, los campesinos que sufren las consecuencias de la explotación minera sobre el agua, las tierras y los cultivos.

La minería continúa siendo una de las actividades económicas más importantes del país, generando ingresos millonarios y sosteniendo una parte significativa de la economía nacional. Pero las poblaciones vinculadas a ella siguen enfrentando silicosis, accidentes, contaminación por metales pesados, precariedad sanitaria y barreras de acceso a la atención especializada. Esta contradicción sugiere que el problema no radica en la capacidad del sistema de salud sino en la forma en que se organizan la producción, la distribución de la riqueza y la gestión de los costos sociales y ambientales de la actividad extractiva.

Un elemento central para comprender por qué esta contradicción persiste es la representación social de la minería asociada al orgullo regional, la identidad potosina, el sacrificio y la grandeza histórica del Cerro Rico. Esta representación no es falsa, pero tiende a invisibilizar los costos humanos y ambientales, y produce una ceguera sobre el presente. La enfermedad, la contaminación y la muerte prematura dejan de percibirse como consecuencias de una forma específica de organización social y pasan a entenderse como parte inevitable de la vida minera. La naturalización del sufrimiento constituye así uno de los mecanismos más crueles de reproducción del modelo extractivo, dificultando la construcción de alternativas centradas en el cuidado de la vida y del territorio.

Resulta llamativo que una región cuya historia ha estado profundamente marcada por enfermedades ocupacionales continúe careciendo de información epidemiológica suficiente, sistemas robustos de vigilancia y servicios especializados acordes con la magnitud del problema. Este período resulta central para pensar la salud como fenómeno abigarrado, atravesado por clase, etnia, género y degradación ambiental. Las historias de Margarita y Bárbara muestran que lo que está en juego no es un déficit del sistema sanitario. Es una contradicción constitutiva del modelo productivo: el mismo proceso que genera riqueza genera enfermedad, desgaste y muerte. Nombrar esa contradicción es condición para dejar de naturalizarla.

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[1] Fue entrevistada el 24‎ de ‎octubre‎ de ‎2017, en el centro de madres La Plata, parte posterior del Cerro Rico de Potosí Bolivia como parte del trabajo de campo de la tesis doctoral del autor.

[2] La mina Caracota es un importante yacimiento de antimonio ubicado en el Departamento de Potosí que esta activa desde la década de 1940, históricamente marcada por pleitos por tierras y problemas ambientales con las comunidades indígenas locales.

[3] Los años 1980 se caracterizaron por una brutal hiperinflación nacional (1982-1985) y el colapso del mercado internacional del estaño en octubre de 1985. Esto provocó el cierre de minas y el despido masivo de trabajadores en casi toda la minería nacional.

[4] En Bolivia históricamente el trabajo minero ha restringido la participación de  las mujeres, justificado mediante tradiciones que afirman que “traen mala suerte”, “envidia” o simplemente relacionado a la falta de fuerza física y debilidad femenina (Absí, 2005), en tal entendido trabajos no apreciados por varones son otorgados a mujeres como es el caso de guarda o serena de las bocaminas del cerro o las palliris separadoras manuales e iniciales de los minerales y escorias a la salida del mineral en las bocaminas.

[5] Es un termino quechua que significa barrer o limpiar, en lo práctico es un proceso de recolección de minerales sobrantes o escorias que los mineros consideran con poco valor, al ser extraído de la mina guardas pueden quedárselo para ganar un poco de dinero al juntar lo suficiente para su venta.

[6] La silicosis sigue siendo un problema relevante en la minería boliviana, aunque su magnitud exacta permanece incierta. Mientras algunos estudios reportaban prevalencias superiores al 20% entre mineros cooperativistas de Oruro y Potosí, datos recientes elevan estas cifras al 34% y 53%, respectivamente, e incluso se ha afirmado que hasta el 85% de los cooperativistas podría estar afectado (Ortúzar, 2025). La dispersión de los datos es tan significativa como las cifras mismas: todas sugieren una elevada carga de enfermedad, pero también revelan la limitada capacidad institucional para producir información confiable sobre uno de los principales problemas de salud laboral del país.

[7] Un reportaje de la Agencia de Noticias Fides evidencia que la silicosis continúa siendo una enfermedad desatendida en Bolivia, marcada por diagnóstico tardío, escasa prevención, falta de especialistas y débil respuesta estatal. A pesar de décadas de afectación, el país mantiene limitadas capacidades de control y atención en un contexto de precariedad laboral y exposición constante al polvo de sílice (Fides, 2024).

[8] Está documentado el consumo habitual de alcohol en ritos y actividades laborales mineras (Absí, 2005) y puede ser un factor que naturaliza el consumo, que estructura un ethos minero de la cotidianidad, algunos autores del área de salud lo consideran la antesala a procesos de alcoholismo (Ramírez Hita, 2011).

[9] La violencia surge por muchas causas, la exposición prolongada al mercurio (presente en el ambiente en cantidades preocupantes hasta ahora en Potosí), por ejemplo, produjo alteraciones neurológicas y conductuales en trabajadores mineros, hasta hoy (Robins, 2011); la violencia también responde a procesos sociales y culturales vinculados al trabajo extractivo, la naturalización del sufrimiento y determinados habitus asociados al «ser minero» (Tapia et al., 2019).

[10] La tasa de crecimiento anual disminuyó de 1,55% a 1,36%, y se registra una disminución de la tasa bruta de natalidad que se suma a la transición hacia el envejecimiento poblacional (Lafuente-Luizaga & Arias-Uriona, 2026).

[11] Bolivia estaría atravesando una transición epidemiológica sin haber resuelto las enfermedades de la pobreza. El país carga simultáneamente con enfermedades transmisibles asociadas a la pobreza y con enfermedades crónicas de alto costo propias de la urbanización y el envejecimiento (Aillón Terán, 2024). Expertos señalan que el sistema no está preparado para atender a la población envejeciendo (Lafuente-Luizaga & Arias-Uriona, 2026).

[12] El SUS amplió cobertura sin modificar estructuralmente el financiamiento. Más del 80% depende del Tesoro General del Estado, generando fragilidad fiscal. El gasto público en salud ha oscilado entre el 4,2% y el 4,6% del PIB, por debajo del umbral mínimo del 6% recomendado por la OPS (Lafuente-Luizaga & Arias-Uriona, 2026).

[13] Vale la pena recalcar que la minería aurífera actualmente se está desarrollando, mayormente, en el norte del País (La Paz, Beni y Pando) en los ríos y mediante el uso de dragas y mercurio para su beneficio, mientras que el lugar al que hacemos referencia es al sur donde se está produciendo estaño, zinc y complejos de plata mayormente, en socavones y mediante el uso de gravimetría y separación química con ácidos sulfurados o arsénico.

[14] Algunas de las cooperativas de oro del norte de Bolivia son filiales (no oficiales, no llevan el mismo nombre) de las cooperativas Potosinas y Orureñas.

[15] Las cifras de socios cooperativistas y cooperativas siguen creciendo. Es importante recalcar que no todas las cooperativas son iguales, que este ensayo no profundiza: existen en algunos casos explotaciones externas de mano de obra, y en otros casos, formas de cooperación y distribución equitativa de ganancias y del trabajo.

[16] La participación de cooperativistas en cargos legislativos se dio a pesar de la prohibición establecida en el artículo 65 de la Ley General de Cooperativas N° 356 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 2013), que restringe la posibilidad de que autoridades de cooperativas ocupen determinados cargos.

[17] Los Años de Vida Perdidos (AVP) son un indicador de mortalidad prematura que estima la cantidad de años potenciales de vida que una población deja de vivir debido a fallecimientos ocurridos antes de una edad de referencia determinada. No se deben únicamente a la minería, pero esta es ilustrativa, además de que los niveles más altos “coinciden” con los departamentos mineros. Son útiles en el sentido de que permiten identificar desigualdades sociales y territoriales en la distribución de la muerte, otorgando mayor peso a los fallecimientos ocurridos en edades tempranas que a aquellos producidos en edades avanzadas. De esta manera, los AVP expresan no solo cuántas personas mueren, sino también cuánto tiempo de vida se pierde socialmente como consecuencia de dichas muertes.

[18] Las estimaciones fueron elaboradas a partir de datos del INE y la OMS para las gestiones 2022 y 2023. Los AVP fueron calculados utilizando una edad de referencia de 70 años y posteriormente estandarizados por 100.000 habitantes para facilitar la comparación territorial. No son indicadores realizados por esas instituciones y no se pudieron realizar por edades productivas por carencia de datos del INE; por cualquier consulta ver la fuente de datos:

(https://www.ine.gob.bo/index.php/registros-administrativos-sociales/)  (https://data.who.int/countries/068).

[19] Fue entrevistada el 20‎ de ‎octubre‎ de ‎2017, en el centro de madres La Plata, como parte del trabajo de campo de la tesis doctoral del autor.

[20] Generalmente acceden al trabajo por el contacto con otras personas de su comunidad que han migrado, es así que entre los testimonios recolectados la mayoría son de la región circundante al salar de Uyuni.

[21] Ingenio minero que funciona a unos kilómetros de donde Bárbara trabaja como guarda.

[22] Durante la fase participativa de la Investigación Acción Participativa (IAP) desarrollada en la tesis doctoral del autor surgió la iniciativa de construir un espacio colectivo de cultivo a más de 4.200 m s. n. m., destinado a producir hortalizas que contribuyeran a complementar la alimentación de las familias de guardas de la zona, no dándoles únicamente alimentos sino manteniendo un lazo cultural con su origen campesino. Este proyecto autogestionado perdura hasta la actualidad y se ha ampliado a dos viveros comunitarios. Más allá de su valor alimentario, la experiencia demuestra que, incluso en un entorno fuertemente impactado por la actividad minera, es posible generar espacios productivos mediante la organización colectiva y ciertas medidas de precaución, como el traslado de tierra desde zonas no contaminadas. Sin embargo, también evidencia los límites impuestos por el propio extractivismo: uno de los viveros funcionó hasta el año pasado, cuando el terreno tuvo que ser cedido temporalmente a una escuela afectada por los hundimientos y derrumbes provocados por la sobreexplotación del Cerro Rico.

[23] El 19 de marzo se posesionó al dirigente minero Whodin Caracila Andina como presidente del Directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS), quien fue designado mediante resolución suprema (presidente y ministra de salud), considerado por la prensa más como un botín político que como una decisión técnica.

[24] En el contexto de los conflictos sociales y políticos que atravesaba Bolivia, el 17 de junio de 2023 el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5618, mediante el cual se anularon las fiscalizaciones y deudas coactivas que la Caja Nacional de Salud (CNS) mantenía contra las cooperativas mineras auríferas. La medida se produjo en un momento de alta conflictividad y fue interpretada como parte de una estrategia de negociación política destinada a evitar la incorporación del sector cooperativista a las movilizaciones en curso. Más allá de sus implicaciones coyunturales, la decisión evidencia la capacidad de influencia de las cooperativas mineras sobre las políticas públicas, incluso en ámbitos vinculados al financiamiento y sostenibilidad del sistema de salud.

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