¿Hasta las últimas consecuencias? 

Violencia racializada y fragmentación social en movilizaciones por la renuncia de Paz

Magali Vienca Copa Pabón

Este artículo analiza la conflictividad social desarrollada en Bolivia entre mayo y junio de 2026 en torno a la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, con énfasis en la represión racializada y las tensiones que atravesaron a las organizaciones indígenas y campesinas movilizadas en La Paz. El análisis muestra, por una parte, que la actuación de las fuerzas del orden reprodujo jerarquías coloniales que incidieron en la criminalización y violencia ejercida sobre sectores indígenas y campesinos. Por otra, evidencia que la fragmentación de las dirigencias no implicó necesariamente la desarticulación de las bases, sostenidas en estructuras territoriales vinculadas con ayllus, comunidades y sindicatos. Finalmente, se problematizan los límites de formas históricas de presión como el bloqueo y el mandato de resistir «hasta las últimas consecuencias», recuperando otras prácticas de organización, cuidado y acción colectiva como posibilidades de reconstrucción del tejido social.  Palabras clave: Movimientos indígena-campesinos, crisis orgánica, bloqueos, represión racializada, autonomía política.

 

En los primeros meses de 2026, ante las medidas antipopulares del gobierno, los conflictos sociales escalaron a un escenario de violencia estatal y social que profundizó la crisis económica, social y política que vive el país. Esta situación afectó con mayor fuerza a los sectores más precarizados y abrió paso a un giro autoritario, marcado por el control policial-judicial-militar de los sectores sociales movilizados y por la vulneración sistemática de sus derechos humanos.

En este panorama, la invitación de la revista En/clave Salvaje a no normalizar y a nombrar las violencias que nos atraviesan resulta fundamental. El acto de nombrar significa desmantelar las narrativas dominantes y las versiones polarizadoras que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. Cuestionar y sustituir términos que se instalaron desde el poder —como «vándalos», «narcoterroristas» o «bloqueadores»— por otras denominaciones capaces de develar los rostros, voces y reflexiones de los cuerpos políticos que tomaron posicionamiento crítico, lucharon en las calles y continúan en estado de emergencia.

Ahora, tras el conflicto, como acontece en los territorios y zonas de resistencia en las que se activaron las asambleas, ampliados y reuniones, comienza un proceso de reflexión interna y de reorganización. Un cuarto intermedio para identificar dónde están nuestras faltas, qué debemos abandonar y qué no, y dónde debemos insistir.

Ello implica re-significar los hechos desde nuestra indignación colectiva. Re-sentirse y protestar, no como respuesta, sino como aprendizaje, para recordar quiénes somos y situarnos en el momento actual para mirar hacia adelante.

De esta manera, este escrito busca reconstruir los entuertos de la indignación social de los supuestos «perdedores» de uno de los movimientos de resistencia social más significativos desde la salida del MAS del gobierno y el retorno al poder de la clase política elitista y conservadora que lidera Rodrigo Paz.

Nuestra contribución se concentra en la racialización de la violencia y la represión desplegadas durante las movilizaciones, así como las dificultades que influyeron en los procesos de resistencia de los movimientos indígenas y campesinos de la ciudad de La Paz.

Para ello, luego de situar brevemente el contexto de las movilizaciones y las tensiones que atravesaron su articulación, examinamos la matriz colonial y patriarcal que estructura históricamente a las fuerzas del orden y la forma en que estas jerarquías se proyectaron sobre el ejercicio de la represión. A partir de los hechos ocurridos durante el conflicto, analizamos las distintas formas que asumió la violencia estatal sobre los sectores movilizados, atendiendo particularmente a su dimensión racializada que atraviesan tanto las prácticas represivas como las propias formas de resistencia. Desde esta perspectiva, el conflicto permite observar qué cuerpos son expuestos, sacrificados o invisibilizados en los escenarios de la movilización social.

Finalmente, dirigimos la mirada hacia las propias organizaciones indígenas y campesinas para identificar algunas de las tensiones que atravesaron su participación en el conflicto. Nos interesa distinguir la crisis y fragmentación de ciertos niveles dirigenciales de la capacidad de organización que persiste en las bases territoriales, particularmente en la relación entre ayllus y estructuras sindicales de las provincias paceñas. A partir de allí, examinamos también los límites y posibilidades de formas históricas de lucha como el bloqueo y el mandato de llegar «hasta las últimas consecuencias», atendiendo a otras prácticas de organización, cuidado y sostenimiento de la movilización que suelen quedar menos visibles. Este recorrido permite problematizar la fragmentación no como división a secas, sino como un escenario desde el cual preguntarnos por las posibilidades actuales de reconstrucción y rearticulación social desde abajo.

Breve contexto de la movilización social: ¿Rearticulación o fragmentación?

La agenda social que marcó las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz surgió de una acumulación de malestares. Entre ellos estuvieron el rechazo a leyes y decretos impulsados por el Ejecutivo, como el abrogado D.S. 5503, la crisis por el combustible, la gasolina adulterada, el encarecimiento de la vida, los riesgos de privatización de empresas públicas estratégicas y la exclusión de organizaciones sociales en la definición de las políticas económicas. A ello se sumó la percepción pública de que las medidas económicas descargaban el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables, mientras beneficiaban o protegían a otros sectores.

Cabe destacar que la marcha indígena y campesina contra la Ley 1720, norma que posibilitaba las rutas legales para la mercantilización de la tierra[1], fue el principal detonante de una rápida rearticulación de organizaciones y sectores sociales mediante procesos de autoconvocatoria por separado y si bien con agendas propias con una abierta comunión en su oposición a las medidas del gobierno. Aunque la norma fue abrogada, ello no amainó el descontento social que continuó creciendo permitiendo la articulación de una agenda amplia y heterogénea (Copa 2026a).

En La Paz, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz «Túpac Katari» y Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz «Bartolina Sisa» anunciaron el 3 de mayo un bloqueo general e indefinido de caminos en las veinte provincias, que comenzó el 6 de mayo. Ese mismo día, la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana se articuló con la Federación y asumió la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. El 11 de mayo, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dirigentes de los Ponchos Rojos y el senador suplente Nilton Condori suscribieron un pacto de unidad por el cual se comprometieron a no firmar acuerdos separados con el Gobierno y a mantener las movilizaciones hasta la renuncia del mandatario. Con el paso de las semanas, el conflicto se extendió a escala nacional marcado por más de cien puntos de bloqueos.

El 20 de junio de 2026, horas después de la promulgación del Decreto Supremo 5636, que declaró el estado de excepción por noventa días en todo el territorio nacional, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz «Túpac Katari» y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz «Bartolina Sisa» declararon un cuarto intermedio y dispusieron el repliegue temporal de sus bases a las comunidades para celebrar el Willka Kuti, Año Nuevo Aymara, del 21 de junio. La decisión se produjo, además, un día después del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), sin la participación ni la consulta orgánica de las organizaciones campesinas e indígenas que aún sostenían los puntos de bloqueo.

Las organizaciones campesinas rechazaron el acuerdo por haber sido negociado sin la participación ni el consentimiento de sus bases y sin lograr la liberación de los detenidos. En las semanas posteriores, el conflicto se trasladó al ámbito judicial, mediante la apertura de numerosos procesos contra manifestantes y dirigentes campesinos, entre ellos Vicente Salazar y David Mamani.

Si bien existió, en un comienzo, una convergencia en torno a la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, esta demanda desplazó del centro del conflicto cuestiones estructurales vinculadas con la tierra, los recursos y la participación efectiva de sectores sociales que perciben sus derechos y su presencia en el Estado como amenazados frente a una nueva articulación del poder, fuertemente racializado, asentada en un pacto de elites de poder económico y político. Al mismo tiempo, la persistencia de demandas sectoriales y su negociación por separado limitaron la posibilidad de construir una agenda común más amplia, capaz de articular al conjunto de los sectores movilizados.

Fuerzas del orden y los cuerpos de la represión

En contextos de alta conflictividad, la actuación de las fuerzas del orden no se despliega sobre un escenario social indiferenciado, opera sobre sujetos y cuerpos previamente marcados por relaciones históricas de clase, raza y género. De ahí que resulte necesario mirar no solamente la intensidad de la violencia ejercida, sino también contra quiénes se dirige, cómo se justifica y qué formas particulares adopta.

Durante los días de movilización, el conflicto se configuró progresivamente como una disputa de fuerzas antes que como un proceso efectivo de diálogo y concertación. Aunque el Gobierno presentó posteriormente el estado de excepción como una medida destinada a «pacificar» el país y restablecer el orden, distintos reportes muestran que, desde antes de su promulgación, ya se registraban arrestos arbitrarios y actuaciones violentas contra manifestantes, así como contra transeúntes y periodistas.

De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Departamental de La Paz, se registraron 365 personas arrestadas en operativos policiales y militares, 114 procesos penales, 335 personas investigadas y 26 con detención preventiva (Defensoría del Pueblo, 2026, pp. 6-12; Correo del Sur, 2026). A ello se sumaron personas heridas y fallecidas en el contexto de la conflictividad, evidenciando que la confrontación desbordó ampliamente el discurso del Gobierno respecto a medidas para restablecer la circulación en carreteras y adquirió una dimensión distinta del conflicto ¿Sobre quiénes se imprimió violencia estatal? ¿Quiénes eran esos cuerpos, qué compartían a pesar de ser de diferentes sectores? Estas son algunas preguntas que nos permiten tener una lectura distinta del papel de las fuerzas del orden en el conflicto.

Para comprender cómo operó esta violencia, es necesario atender, por una parte, a las estructuras coloniales y patriarcales que históricamente atraviesan a las fuerzas del orden y, por otra, a la manera en que esas jerarquías se proyectaron sobre los cuerpos movilizados. Desde esta doble mirada, la represión deja de aparecer como un ejercicio indiferenciado de la fuerza y permite observar sobre quiénes recayó con mayor intensidad, qué formas adoptó y qué relaciones de raza, clase y género atravesaron su despliegue.

El carácter colonial y patriarcal de las fuerzas del orden

El 13 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz posesionó al nuevo alto mando militar. El acto cerró con el discurso del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, quien cambió la frase «patria o muerte» —que caracterizó a esta institución durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS)— por «Dios, familia y patria», siguiendo el primer discurso presidencial tras la posesión del primer mandatario. Posteriormente, se modificó el escudo de las Fuerzas Armadas, eliminando la wiphala y otros símbolos de las naciones y pueblos indígenas, y, además, se restituyó el emblema del antiguo ejército. De igual forma, en el mando policial se advirtieron cambios en lemas, símbolos y discursos.

Las disputas por el sentido simbólico de las fuerzas del orden no son sino el reflejo de cómo estas instituciones pueden adaptarse a los cambios políticos coyunturales, sin que ello implique cambios institucionales que la trastoquen. Si bien esta frase no se queda en el plano discursivo, pues pretende inaugurar un nuevo ciclo político de reorientación institucional, debajo de la misma se revela la persistencia de instituciones anquilosadas en patrones coloniales y patriarcales.

Esta matriz colonial no es reciente. Irurozqui señala que el Código Militar de 1843 transformó el papel deliberante del Ejército y orientó su institucionalización hacia la sumisión y la obediencia al poder centralizado. Este proceso estuvo acompañado por la profesionalización militar y la reorganización de la Guardia Nacional en un cuerpo activo y otro pasivo. El primero estaba integrado por ciudadanos que cumplían plenamente los requisitos legales, considerados «propietarios» y «hombres de bien»; mientras que el segundo agrupaba a quienes no gozaban de una ciudadanía plena, incluida la población indígena, por lo que puede ser considerado un antecedente de los ejércitos auxiliares indígenas (Irurozqui 2018, pp. 97-98; Barragán 1999).

La persistencia de esta estructura jerárquica se hizo visible, por ejemplo, en abril de 2014, en pleno auge de las transformaciones constitucionales, en la que suboficiales y sargentos de bajo rango irrumpieron en el espacio público mediante una marcha de protesta en la que exigieron el fin de la discriminación institucional, un trato igualitario y reformas en el escalafón y en el sistema de ascensos por medio de la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) (ANF 2014).

Aquella movilización, altamente reprimida, puso en evidencia las jerarquías raciales que continúan operando dentro de la estructura institucional de las Fuerzas Armadas. El racismo institucional de las fuerzas del orden se expresa en la masiva presencia de soldados de origen indígena, que continúan siendo el reflejo de lo que Fausto Reinaga[2] escribe en la Tesis India: «como en ningún país y en ningún tiempo, el ejército de Bolivia es la imagen, la expresión más objetiva de la sociedad boliviana: un manojito blanco-mestizo de generales, sentado sobre una masa de soldados indios» (Reinaga, 2009 [1970], pp. 38-39).

Esta falta de transformación también se expresa en los altos niveles de corrupción, arbitrariedad y violencia institucional que arrastran ambas instituciones. Según datos del World Justice Project, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países en «ausencia de corrupción»; dentro de ese indicador, la Policía y las Fuerzas Armadas figuran entre las instituciones peor evaluadas (Menacho 2025). Esta situación se vincula con la fuerte intrusión del poder político de los gobiernos de turno en el nombramiento de altos mandos militares y policiales.

A esta matriz colonial se superpone una estructura patriarcal que organiza jerárquicamente las masculinidades dentro de las fuerzas del orden. Las denuncias constantes de atropellos a los derechos humanos en los procesos de instrucción militar dan cuenta de soldados torturados mediante pruebas de virilidad extremas que, en múltiples ocasiones, les han costado la vida[3].

En ella, los hombres de bajo rango son subordinados, disciplinados y violentados por modelos de masculinidad dominante; al mismo tiempo, los efectos de esa violencia se proyectan sobre las mujeres de su entorno familiar, particularmente sus parejas. Como sostiene María Galindo «lo que administra las Fuerzas Armadas es la masculinidad del orden patriarcal de la sociedad boliviana» (Radio Deseo, 2021).

Consecuentemente, el cambio de lemas y símbolos no ha transformado las relaciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía. Aunque estas instituciones modifican la forma en que se presentan ante la sociedad, mantienen las mismas jerarquías y prácticas de exclusión.

La represión: los cuerpos expuestos de la movilización

«Hermanos, tenemos que pedir justicia. No es un delincuente, es un ciudadano ¿Qué les ha hecho? ¿Ha robado? ¿Ha matado? ¿Qué necesidad había de golpearlo así?», reclamó un familiar de Arturo, joven de Zongo gravemente herido durante la movilización del 10 de junio. Según la denuncia pública de sus autoridades, fue aprehendido, estrangulado y golpeado por varios efectivos de la UTOP; su cuerpo presentaba marcas de botines y de ser arrollado con una moto, además de otros signos de violencia en la cabeza, la nariz y otras partes del cuerpo y la sustracción de sus objetos personales. Aun internado en el Hospital de Clínicas, permaneció bajo vigilancia policial. Más tarde, las amenazas recibidas lo llevaron a apartarse del proceso y a no denunciar formalmente por temor a nuevas represalias.

El caso de Arturo, campesino de Zongo, se inscribe en una represión que recayó con mayor fuerza sobre sectores indígenas y campesinos que, en el propio desarrollo del conflicto, fueron presentados como vándalos, terroristas y narcotraficantes. Desde una lectura indianista, esta construcción puede entenderse como continuidad de una relación colonial en la que el indígena, cuando irrumpe políticamente y disputa el orden establecido, deja de ser reconocido como interlocutor y pasa a ser tratado como una amenaza que debe ser contenida. La lectura de Reinaga sobre la estructura racial de las Fuerzas Armadas adquiere aquí una vigencia particular, pues permite observar cómo esas jerarquías también atraviesan el ejercicio de la represión y hacen más tolerable la violencia ejercida contra determinados sectores de la sociedad.

La pregunta de su familiar, —«¿qué les ha hecho?, ¿ha robado?, ¿ha matado?»—obliga a cuestionar qué hizo Arturo para recibir semejante nivel de violencia. ¿Cuál fue realmente su delito? La ausencia de una respuesta frente a la brutalidad ejercida, sumada a las amenazas que posteriormente le impidieron denunciar, no solo dejó los hechos en la impunidad, sino que permite reconocer, en la experiencia de Arturo —un campesino de Zongo— una de las formas concretas en que operó la violencia y cómo esta no fue visibilizada ni condenada por los medios de comunicación.

Mientras la prensa mostró imágenes de los movilizados con el rostro cubierto y armados de palos y chicotes calificándolos como parte de una «marcha evista y otros sectores movilizados» (La Razón 2026); las redes sociales mostraban un panorama distinto, en el que, por ejemplo, se advierte a policías que interceptan y arrestan a tres mujeres de pollera que portaban una k’orawa o chicote en sus aguayos (Copa 2026b). La k’orawa, sin embargo, forma parte de la indumentaria de autoridades indígenas originarias y, en este caso, de la mama t’allas. Así, se termina instalando una narrativa de criminalidad que esconde expresiones de racismo institucional que no son cuestionadas ni visibilizadas, situación que generó una mayor indignación en los sectores movilizados.

Esta contradicción se hizo visible también en los operativos presentados por el Gobierno como «corredores humanitarios». Pese al discurso oficial de pacificación y a la negativa de que existiera una política de represión contra el movimiento campesino, estos operativos estuvieron acompañados de intervenciones violentas que llegaron a tener consecuencias letales. El caso de Víctor Cruz Quispe, joven movilizado de 24 años que falleció el 23 de mayo en Vilaque Copata por el impacto de un proyectil de arma de fuego, muestra la dureza que alcanzó esa respuesta estatal.

De ahí que la represión se extendiera también a periodistas independientes y transeúntes detenidos únicamente por grabar, con la finalidad de encubrir estas formas de violencia ejercidas por las fuerzas del orden, con respaldo gubernamental y mediático.

Vivimos un momento en el que se está normalizando la criminalización de sectores específicos de la sociedad por su condición social, racial y de género, situando a sectores racializados como sujetos de segunda categoría, cuya vulnerabilidad es mucho mayor que la de otros sectores. Esto se advierte claramente en la continuidad de los arrestos mediante procesos penales y medidas de detención preventiva contra manifestantes y dirigentes sociales, sobre todo el movimiento campesino.

Finalmente, es necesario señalar que los fallecimientos de personas vulnerables que no pudieron acceder oportunamente a servicios de salud, así como las actividades económicas afectadas por los bloqueos, no fueron discutidos desde la responsabilidad estatal de generar condiciones reales de diálogo y de garantizar servicios mínimos durante el conflicto. Por el contrario, el debate público se concentró en responsabilizar y criminalizar a los sectores campesinos movilizados, colocando nuevamente sobre ellos todo el peso de las consecuencias del conflicto y dejando en segundo plano las omisiones del Gobierno para prevenir y atender sus efectos. Muchas de las personas más afectadas pertenecían, además, a sectores populares que, pese a sufrir directamente las consecuencias de los bloqueos, no dirigieron su rechazo únicamente contra quienes se movilizaban, sino también contra un Gobierno incapaz de asumir medidas oportunas y de conducir un proceso efectivo de resolución de un conflicto originado, en buena medida, por sus propias decisiones y omisiones.

Dimensiones de la fragmentación de los movimientos indígenas y campesinos en el conflicto

Los lugares de la fragmentación

Buena parte de la narrativa dominante tendió a generalizar y homogeneizar al movimiento campesino indígena como si se tratara de un solo bloque, sin considerar las estructuras territoriales detrás de los contundentes bloqueos que lograron sostenerse durante varias semanas. Este sesgo impidió advertir otro aspecto fundamental del conflicto, relacionado con el desgaste de las dirigencias y la fragmentación de las organizaciones sociales.

Una primera dimensión se vincula con las formas de organización de los ayllus y sindicatos, particularmente en las provincias andinas de La Paz. Esta precisión resulta importante porque permite distinguir entre la fragmentación de las dirigencias medias y superiores y la capacidad de articulación que todavía conservan las bases organizadas territorialmente.

En este sentido, el cuerpo movilizado expresa también la fuerza de una estructura asentada en comunidades, ayllus y sindicatos que, pese a las disputas y debilidades de sus dirigencias, mantuvo una importante capacidad para sostener una medida de presión de gran alcance, incluso a un costo considerable para los propios movilizados. Más que describir el funcionamiento interno de esta organización, interesa advertir la tensión entre la crisis de representación de sus dirigencias y la persistencia de un cuerpo social territorialmente articulado, particularmente visible en la estructura de la Federación Túpac Katari y Bartolina Sisa, con énfasis en la parte andina.

Un dato que permite dimensionar esta capacidad de articulación territorial, es justamente el hecho de que después de cerca de cincuenta días de bloqueo, cuando otros sectores habían comenzado a replegarse o negociar sus demandas, varias provincias de la Federación Túpac Katari y la Bartolina Sisa continuaban sosteniendo las medidas de presión; esta persistencia contrasta con la idea de que eran movilizaciones políticas alejadas de agendas y resoluciones territoriales, al final en muchos de los piquetes se advertía una fractura con relación a los niveles dirigenciales, asumiendo sus propias resoluciones.

Esto se debe a que en varias provincias de La Paz coexisten la organización territorial del ayllu y la estructura sindical campesina. A diferencia de otros departamentos, como Potosí, donde en algunos lugares ambas formas organizativas mantienen fuertes disputas, en La Paz su convivencia es más compleja. Las comunidades conservan autoridades originarias estrechamente vinculadas con el territorio y con sus bases, mientras las estructuras sindicales de nivel superior a la comunidad, como subcentrales y centrales, cumplen además funciones de representación e interlocución frente a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales.

Esta coexistencia permite distinguir también distintas formas de mandato y representación. Mientras las dirigencias sindicales pueden estar sujetas a elecciones, reelecciones y disputas políticas, los cargos originarios como el jilakata responden, en muchas comunidades, a sistemas de turno y rotación vinculados con la pertenencia territorial y el servicio comunal. Esta diferencia resulta importante porque el mandato de las bases no depende exclusivamente de las dirigencias sindicales, sino que se sostiene también en una organización territorial con sus propias autoridades e instancias de deliberación.

Durante los bloqueos, las comisiones y puntos de movilización expresaron en buena medida esa capacidad de organización desde los territorios. En cambio, a medida que la representación ascendía hacia los niveles provinciales y departamentales, aumentaba también la distancia respecto de las bases y la intervención de otras relaciones e intereses políticos. Esta tensión ayuda a comprender cómo pudo mantenerse una movilización territorialmente fuerte al mismo tiempo que sus niveles superiores de representación mostraban fragmentación y dificultades para sostener una conducción común, situación que se hizo visible incluso en la imposibilidad de concretar algunas instancias amplias de deliberación, como el cabildo que fue finalmente suspendido justo en el momento en que el gobierno anunciaba el estado de excepción.

Es precisamente en estas estructuras territoriales donde existen mayores posibilidades de reconstruir el tejido social fragmentado y rearticular, desde abajo, una capacidad de contestación acorde con el momento actual. Esto exige abandonar las lecturas que reducen al movimiento indígena campesino a un sector que depende enteramente de sus dirigencias para conducir la acción social. Al contrario, persisten formas de organización territorial, deliberación y acción colectiva que otros sectores sociales han debilitado considerablemente. La crisis de la COB muestra, en contraste, los límites de una estructura cuya fuerza se concentra cada vez más en sus niveles dirigenciales y que ha perdido capacidad para articular territorialmente a sus bases. En este escenario, la posibilidad de enfrentar las medidas antipopulares del gobierno de Rodrigo Paz dependerá menos de reproducir las viejas formas de pactos entre dirigentes que de reconstruir esos tejidos y producir nuevas formas de organización desde abajo.

¡Hasta las últimas consecuencias!

Otra dimensión tiene que ver con las formas de lucha que continúan marcando la acción de los movimientos indígenas y campesinos. La idea de que solo mediante la presión es posible conseguir una respuesta del Estado no surge únicamente de una cultura del bloqueo, sino de una larga experiencia de exclusión y desconfianza frente a instituciones que pocas veces han abierto canales efectivos para procesar sus demandas. Marchas, bloqueos y cercos fueron, en distintos momentos de la historia boliviana, mecanismos con los que sectores excluidos lograron hacerse escuchar y modificar decisiones que difícilmente habrían cambiado mediante los canales institucionales ordinarios.

La llegada del MAS al Gobierno no terminó de transformar esta relación vertical entre Estado y organizaciones sociales. Aunque durante ese periodo las movilizaciones también fueron utilizadas, convocadas o instrumentalizadas desde el propio poder, permaneció la idea de que la capacidad de presión constituye una de las principales formas de negociación con el Estado. De ahí que, frente a un nuevo escenario de exclusión y pérdida de espacios de interlocución, los repertorios históricos de movilización vuelvan a activarse con rapidez.

Sin embargo, el conflicto de 2026 también obliga a preguntarse por los límites actuales de estas formas de lucha. La consigna de llegar «hasta las últimas consecuencias» expresa una memoria histórica de resistencia, pero al prolongarse durante semanas también produjo un fuerte desgaste sobre quienes sostenían los bloqueos desde sus comunidades y territorios. Mientras el conflicto se extendía y otros sectores negociaban o se replegaban, el costo material y corporal recaía cada vez más sobre las bases que permanecían movilizadas.

La propia consigna de luchar «hasta las últimas consecuencias» contiene, además, una visión masculinizada de la resistencia. En las narrativas de lucha indígena y campesina, la fuerza, el aguante, la defensa del territorio y la disposición a entregar incluso la vida suelen asociarse con la figura masculina del dirigente, el guerrero o el defensor. Este mandato no solo exalta la capacidad de resistir, sino que también empuja particularmente a los hombres hacia los espacios de mayor confrontación y exposición a la violencia.

Frente a esta representación masculinizada de la lucha, resulta sugerente la portada que Hilda Reinaga diseñó para la tercera edición de La revolución india (2007) de Fausto Reinaga. A diferencia de otras ediciones, en las que aparece un hombre con un fusil y un pututo llamando a la revolución, Hilda representa a una mujer hilando. La imagen permite pensar la lucha más allá de la confrontación, la fuerza y el sacrificio del cuerpo. Hilar supone juntar, sostener y dar continuidad a un tejido que se construye poco a poco.

Algo de ese tejido pudo verse también durante las movilizaciones. Las mujeres no estuvieron únicamente en los puntos de bloqueo, también estuvieron sosteniendo la movilización desde el cuidado colectivo, preparando y organizando apthapis, las canciones y discursos propios que emergieron de ellas. Algunas de esas intervenciones circularon ampliamente en redes sociales, como ocurrió con Inés, mujer alteña cuya frase «que Lara más que voile» se volvió viral.

Por lo tanto, las formas de lucha desplegadas durante el conflicto fueron múltiples y excedieron ampliamente una sola medida de presión. Reducir la movilización a su expresión más visible invisibiliza otras formas de organización, cuidado, deliberación y acción política que también la sostuvieron, dejándonos atrapados en la narrativa del bloqueo.

Esta mirada permite, además, cuestionar la idea de que la transformación depende únicamente de llegar «hasta las últimas consecuencias». Una renuncia, la abrogación de una norma o una victoria obtenida mediante la presión pueden producir cambios inmediatos, pero los procesos posteriores requieren otro tiempo. Reorganizar las bases, reconstruir, crear instituciones propias, sostener espacios de decisión y producir cambios desde abajo supone un trabajo más largo y menos visible. En ese sentido, la imagen del tejido permite pensar la resistencia no solo en sus momentos de ruptura, sino también en su capacidad para transformar la vida cotidiana y construir condiciones que hagan duraderos esos cambios.

Últimas consideraciones

Lo ocurrido entre mayo y junio de 2026 no puede leerse solamente desde la derrota o el fracaso de una movilización que no consiguió la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El conflicto dejó al descubierto, por una parte, la persistencia de estructuras estatales capaces de activar formas racializadas de criminalización y represión cuando los sectores indígenas y campesinos irrumpen nuevamente como fuerza política. Pero también mostró las tensiones que atraviesan a las propias organizaciones movilizadas, entre dirigencias fragmentadas, negociaciones sectoriales y bases territoriales que continuaron sosteniendo las medidas de presión aun cuando las alianzas construidas al inicio comenzaban a romperse.

Ambas dimensiones se encontraron en el desgaste. Mientras el Gobierno apostó por prolongar el conflicto, criminalizar la protesta y responder finalmente mediante la fuerza, la consigna de resistir «hasta las últimas consecuencias» trasladó una parte cada vez mayor de sus costos hacia quienes permanecieron en los territorios y puntos de bloqueo. Esto obliga a revisar no la legitimidad histórica de la movilización, sino las condiciones actuales de su eficacia, particularmente cuando las demandas estructurales son desplazadas por objetivos coyunturales y las alianzas no logran convertirse en una agenda común capaz de sostenerse más allá del momento de confrontación.

Sin embargo, la fragmentación tampoco significa ausencia de organización. La persistencia de comunidades, ayllus, sindicatos, autoridades y espacios propios de deliberación muestra que debajo de la crisis de las dirigencias existe todavía un tejido social con capacidad de organizarse, disputar decisiones y reconstruirse. Quizá por ello la imagen de una mujer hilando elegida por Hilda Reinaga para representar La revolución india ofrece otra manera de pensar lo que viene. No toda transformación ocurre en el momento extraordinario del bloqueo, el cerco o la caída de un gobierno. También se construye en procesos más largos de reorganización, cuidado, deliberación y creación desde abajo.

Nombrar lo ocurrido, entonces, no significa únicamente recordar la violencia ni contar a sus víctimas. Significa también preguntarnos qué dejamos de ver cuando reducimos la movilización a sus bloqueos, a sus dirigencias o a sus derrotas. Si algo queda después de estos días es precisamente la necesidad de volver sobre ese tejido, reconocer sus fracturas y sus fuerzas y preguntarnos qué debe abandonarse, qué debe transformarse y qué merece seguir siendo tejido.

Referencias bibliográficas

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Copa Pabón, M. V. (2024). Las expulsadas: Luchas de la mujer aymara en la justicia indígena. Una crítica al feminismo comunitario. En A. G. Melgarito Rocha (Coord.), Mujeres indígenas y afrodescendientes ante el discurso del derecho moderno (pp. 245–268). CLACSO; Siglo XXI Editores.

Copa Pabón, M. V. (2026a, 15 de mayo). Resistencia indígena tumba ley de privatización de tierras en Bolivia. Ojalá. https://www.ojala.mx/es/ojala-es/resistencia-indigena-tumba-ley-de-privatizacion-de-tierras-en-bolivia

Copa Pabón, M. V. (2026b, 21 de mayo). Los “vándalos” para Rodrigo Paz son mujeres de pollera arrestadas por portar una k’orawa, un símbolo de su indumentaria como autoridad comunal. Bitácora personal. https://magalivianca.com/2026/05/21/los-vandalos-para-rodrigo-paz-son-mujeres-de-pollera-arrestadas-por-portar-una-korawa-un-simbolo-de-su-indumentaria-como-autoridad-comunal/

Defensoría del Pueblo. (2024). Informe anual 2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia.

El dirigente Justino Apaza recibe detención preventiva por terrorismo y otros delitos. (2026, 5 de junio). Opinión.

Fiscalía de La Paz reporta 114 procesos por bloqueos y 26 personas con detención preventiva. (2026). Correo del Sur.

Irurozqui, M. (2018). Ciudadanos armados de ley: A propósito de la violencia en Bolivia, 1839-1875. Instituto Francés de Estudios Andinos; Plural editores.

Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado (M. J. Aubet, trad.). Editorial Crítica.

Marchas confluyen en La Paz y provocan colapso y enfrentamientos. (2026, 18 de mayo). La Razón. https://larazon.bo/nacional/2026/05/18/marchas-confluyen-en-la-paz-y-provocan-colapso-y-enfrentamientos/

Menacho, N. (2025, 20 de junio). ¿Bolivia entre los más corruptos? Estas son las instituciones más afectadas, según el WJP. Red Uno de Bolivia.

Radio Deseo. (2021, 12 de agosto). ¿Existe Bolivia? Debate con Silvia Rivera Cusicanqui y María Galindo [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8geutNBlvqc

Reinaga, F. (2009). Tesis india. Yachaykuna, (12), 5–85. (Obra original publicada en 1970).


[1] La marcha y la posterior vigilia de las organizaciones indígenas y campesinas de Pando y Beni se desarrollaron entre el 8 de abril y el 13 de mayo, fecha en que fue abrogada la Ley 1720. La principal preocupación era que la norma abriera la vía legal para convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad, haciendo posible su embargo por entidades bancarias. Esta conversión también podía servir para legalizar procesos previos de acumulación de tierras realizados mediante ese mecanismo.

[2] Intelectual quechua Fausto Reinaga (1906-1994), principal ideólogo del indianismo, una tradición de pensamiento político indio que tuvo origen durante los años 1960 del siglo pasado en los Andes centrales de Bolivia y posteriormente se extendió hacia otros territorios del Kollasuyu —Perú, norte de Chile y norte de Argentina—. Cuenta con una prolífica obra escrita. Según Cruz (2013) publicó 26 libros, una revista y diversos artículos en periódicos y revistas. En 1962 fundó el Partido Indio Aymara Keswa  (PIAK), a partir de 1966 refundado como Partido Indio de Bolivia (PIB).

[3] El Informe Anual 2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura da cuenta de que, en los cuarteles, la disciplina y el respeto a la autoridad pueden ser interpretados por autoridades jerárquicas de forma que deriven en posibles malos tratos contra soldados, quienes no denuncian por «respeto» a dicha autoridad. Respecto de los centros de formación policial y militar, el informe identifica falta de canales adecuados de denuncia, desconfianza en la investigación y sanción, miedo a represalias, así como castigos como la «hora de reflexión», el «plantón», ejercicios físicos adicionales, restricciones de salida y exposición al sol, lluvia o frío, prácticas que podrían constituir malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando son aplicadas de manera excesiva o desproporcionada (Defensoría del Pueblo 2024, párrs. 203, 226, 229 y 232-235).

Magali Vienca Copa Pabón es aymara, doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) y licenciada en Derecho por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Bolivia. Investiga justicia indígena aymara, constitucionalismo y derecho socioambiental.

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