La disputa por la bolivianidad

Entre la República y el Estado Plurinacional

Luciana Jáuregui J.

La plurinacionalidad no operó sólo como una reforma del Estado, también modificó la manera en que Bolivia se imagina como comunidad política, sobre quiénes se consideran como parte de ella y quién puede hablar en nombre de «Bolivia». En este ensayo se sostiene que reconocer la diversidad no elimina la necesidad de construir algo en común, y que como ese problema quedó sin resolver, la plurinacionalidad fue perdiendo, a medida que la sociedad se transformó, la capacidad de interpelación. En primer lugar, el artículo muestra cómo el Estado diversificó las diferencias según territorios, transformando el mestizaje en una identidad regional y convirtiendo la autodeterminación indígena en autogobierno, aunque para sostener una base en común convirtió a la indigeneidad en el fundamento de la nación. Posteriormente señala las grietas que debilitaron este orden simbólico, como el cambio generacional, el malestar mestizo, la territorialización y la diferenciación interna del propio sujeto indígena. Finalmente, el texto analiza cómo el retorno del nacionalismo mestizo opera como un intento de re-homogeneización, que, sin embargo, al chocar con la inclusión indígena, tiende a resolverse por la fuerza. De esta manera, deja de estar centrada en integrar la heterogeneidad, sino en construir algo común después de que la nación se pluralizó.

Introducción

Usualmente, la plurinacionalidad se ha estudiado como una forma de reorganización estatal, contrastando sus límites y alcances para transformar las estructuras políticas, económicas y territoriales respecto a las propuestas que le dieron lugar. Sin embargo, poco se ha analizado el modo en que la plurinacionalidad trastocó los significados de la nación y de la pertenencia debido a que su dimensión simbólica suele reducirse a un recurso de encubrimiento destinado a velar la inercia estructural. No obstante, la plurinacionalidad transformó las categorías de percepción y clasificación del mundo mediante las cuales se representa la comunidad política, se distribuyen posiciones entre los miembros y se validan determinadas formas de existencia social. De ese modo, si durante el ciclo republicano la comunidad política se fundaba en una concepción homogénea de la nación y en un principio de ciudadanía «universal» que subsumía las diferencias culturales en el mestizaje, la plurinacionalidad afirmó la heterogeneidad estructural de la sociedad y reconoció una pluralidad de sujetos colectivos —naciones y pueblos— como componentes constitutivos. No se trató, sin embargo, del reemplazo de un sistema de clasificaciones por otro, sino de la superposición tensionada de distintos principios de legitimidad. De ahí que ni el nacionalismo ni la plurinacionalidad lograron resolver la problemática relación entre diferencia y universalidad. Más bien, a la larga, se produjo una reacción mestiza por la desposesión simbólica, al tiempo que el discurso plurinacional entró en desfase con la modernización occidental promovida por el Movimiento al Socialismo (MAS). Así, se abrió una crisis hegemónica, en la que la lucha no se reduce al modelo político y económico, sino también a cuál será la cultura legítima que nomine la bolivianidad.

En el fondo, la tensión entre el nacionalismo y la plurinacionalidad reaviva los viejos debates sobre la «cuestión nacional» que ponían como problema fundamental la (im)posibilidad de constitución de una nación en una sociedad multisocietal. La propuesta plurinacional buscaba precisamente superar este dilema escindiendo la comunidad política de la comunidad cultural, aunque, en los hechos, tampoco pudo prescindir de la bolivianidad para articular a los distintos pueblos y naciones en un marco de pertenencia común. No obstante, la pregunta todavía abierta es ¿qué constituyó la bolivianidad cuando la comunidad política ya no se fundaba en una identidad homogénea? El problema, entonces, no consiste solo en definir qué significa la bolivianidad, sino en indagar qué ocurre con este significante cuando la plurinacionalidad puso en cuestión la posibilidad misma de un referente común. Sin embargo, poco se ha explorado qué ocurrió con las formas de pertenencia, identificación y representación de la bolivianidad desde la institucionalización de la plurinacionalidad. ¿Qué significado adquirió lo boliviano? ¿Cómo cambió el sentido de pertenencia al pluralizarse la comunidad política? ¿Cómo se reconfiguró quién puede hablar en nombre de «nosotros» con la ampliación de los sujetos reconocidos como legítimos? ¿Hasta dónde logró la plurinacionalidad producir un nuevo sentido compartido? ¿Qué tensiones erosionaron su capacidad para representar la totalidad? Y, en definitiva, ¿fue posible reconocer la pluralidad sin establecer, al mismo tiempo, un nuevo principio de comunidad? Al fin y al cabo, la plurinacionalidad no solo amplió el demos, sino que lo reconfiguró al hacer de los indígenas una plebs capaz de reclamar la representación del populus.

Este trabajo analiza la trayectoria de la plurinacionalidad como artefacto cultural. Interesa fundamentalmente comprender de qué modo la plurinacionalidad produjo un nuevo orden simbólico que, al modificar el principio de legitimidad de la comunidad política, generó nuevas contradicciones que terminaron por debilitar su capacidad para operar como significante universal. El argumento del texto es que la plurinacionalidad, al dejar irresuelto el problema de la unidad, vio progresivamente tensionada su capacidad de articulación a medida que la diferenciación social se profundizaba, creando, así, las condiciones para la rearticulación del nacionalismo como una nueva forma de homogeneización. De ese modo, la aporía de la plurinacionalidad radicó en que el reconocimiento de la heterogeneidad no eliminó la necesidad de producir un principio de unificación. Dicho esto, el trabajo está organizado en tres apartados. El primero analiza la institucionalización de la plurinacionalidad como artefacto cultural. A continuación, se examina la pérdida de eficacia del orden simbólico plurinacional, identificando las tensiones y desajustes que comprometieron su capacidad para representar a una sociedad en transformación. Finalmente, se analiza la renovación del nacionalismo como tentativa de reposición mestiza y resubalternización indígena, que busca restablecer la unidad mediante una nueva operación de homogeneización. Así, se espera reconstruir el campo de la lucha simbólica, identificando las nuevas formas de disputar y producir unidad política en una sociedad altamente diferenciada por procesos de individuación, cambio generacional y territorialización.

La plurinacionalidad como artefacto cultural

Como se sabe, una nación no es una realidad natural ni una comunidad preexistente que se realiza en la constitución de un Estado. Al contrario, como plantea Benedict Anderson (1993), una nación es una forma históricamente producida de imaginar y representar una comunidad política, que se construye y despliega, no antes, sino gracias a la iniciativa estatal.

De esa forma, la nación no refleja una unidad previa, sino que la produce a través de un trabajo político que transforma diferencias sociales en posiciones reconocibles dentro de un mismo campo de pertenencia. El problema aparece cuando ese principio es impugnado al revelarse que toda universalización encubre un particularismo dominante, que obliga a reconocer las diferencias y revisar los criterios de pertenencia. En ese caso, la diferencia deja de ser aquello que debe ser subsumido para convertirse en aquello que debe ser reconocido y rearticulado dentro de otro tipo de unidad. Pero, ¿cómo producir unidad sin que ningún particular pueda ocupar el lugar de lo universal? La plurinacionalidad planteaba precisamente una nueva forma de organización simbólica de la comunidad política, no como reflejo inmediato y transparente de la heterogeneidad social, sino como una operación de selección y dotación de sentido político a la diversidad. Esto supuso que las diferencias fueran seleccionadas e interpretadas mediante categorías que establecieron cuáles podían ser reconocidas como legítimas dentro de la comunidad política. De ahí que resulte necesario examinar qué tipo de artefacto cultural constituyó la plurinacionalidad. ¿Qué formas de diversidad hizo visibles y reconocibles?¿Cómo clasificó y reordenó las diferencias?¿Qué relaciones de poder desdibujó y qué formas de exclusión produjo la propia inclusión? ¿Cómo se redefinieron las formas de pertenencia? Y, en ese caso, ¿qué sentido adquirió la bolivianidad en tiempos de pluralidad?

Recordemos que la plurinacionalidad fue pensada como un proyecto cultural capaz de responder a la contradicción histórica entre una sociedad multisocietal y un Estado mononacional. Su punto de partida fue impugnar el universalismo blanco-mestizo que presentaba a la cultura occidental y a la ciudadanía liberal como formas neutras y generales de organización social e, incluso, como el único horizonte histórico al que todas las sociedades debían aspirar. La crítica sostenía que ese universalismo no era más que la elevación del particularismo blanco mestizo, que relegaba a las demás a la asimilación o la exclusión. Frente a ello, la plurinacionalidad propuso desarticular la propia lógica de universalización, reconociendo la coexistencia de múltiples pueblos y naciones sin subsumirlos bajo un único modelo cultural. Sin embargo, como plantea Tapia (2006), este desplazamiento no suponía renunciar a la unidad política, sino propiciar un espacio intercultural capaz de sostener la diferencia. Para sortear esta tensión entre unidad y diferencia, se planteó conformar círculos concéntricos que articularan la autodeterminación de los pueblos con la existencia de un gobierno compartido, que se retroalimentaran entre sí de manera horizontal y circular (Tapia, 2006: 91-92). De ese modo, la autodeterminación no equivalía a separación, sino a constituir un núcleo común intercultural en el que las diferencias pudieran relacionarse y reconocerse en condiciones de igualdad. No obstante, si bien quedaba claro que esta unidad ya no podía basarse en la homogeneidad, tampoco era posible prescindir de un referente común para sostener la idea de bolivianidad. Pero, ¿sobre qué fundamento podía sostenerse ahora la unidad? Preservar la bolivianidad suponía indefectiblemente volver a trazar los límites de la comunidad.

Sin embargo, la plurinacionalidad dejó abierta qué era Bolivia como unidad política y desplazó el problema del «todo» hacia las partes. De ese modo la disputa se trasladó hacia la definición de quiénes podían constituirse como sujetos legítimos, qué diferencias podían ser reconocidas y bajo qué condiciones podían formar parte de la comunidad política. La cuestión, por tanto, no era únicamente reconocer las diferencias, sino producir las formas bajo las cuales estas podían integrarse en un nuevo horizonte común. Sin embargo, en el campo popular coexistían distintas formas de identificación, articuladas en torno a categorías étnicas y de clase, como indígena, originario, campesino, colonizador e intercultural, que se superponían, a su vez, con categorías políticas como pueblo, nación o nacionalidad. Además, los indígenas tenían una identidad compuesta, al reconocerse tanto como parte de sus pueblos como de la bolivianidad (García Yapur et al., 2014). Mientras que los mestizos tendían a desmarcarse de una adscripción étnico-cultural explícita y a reconocerse mediante categorías cívicas, como la de ciudadano, o nacionales, como «bolivianos» (Schavelzon, 2012). De ese modo, no existían en verdad categorías equivalentes, dado que mientras unos reclamaban una doble pertenencia, otros continuaban presentándose como expresión de lo universal. El antagonismo era que los indígenas impugnaban la primacía mestiza y que lo indígena operaba, a su vez, como un exterior constitutivo de la identidad mestiza. El problema, por tanto, era cómo tramitar diferencias no equivalentes y potencialmente antagónicas, sin que su integración implique reducirlas a un mismo código cultural. La plurinacionalidad debía producir una arquitectura simbólica capaz de asumir el carácter irreductible de las diferencias y tramitar la exclusión mutuamente constitutiva de las partes desde la interculturalidad. Pero ¿hasta qué punto la plurinacionalidad podría neutralizar el antagonismo convirtiéndolo en complementariedad?

La plurinacionalidad no pudo reconciliar ambas tendencias, sino que produjo una forma de coexistencia basada en la compartimentación de las diferencias. El Estado hizo una distribución diferenciada de los espacios de pertenencia, delimitando, a través de las autonomías indígenas y las autonomías departamentales, el ámbito en el que cada cultura podía ejercer su autoridad, de tal modo que todas pudieran coexistir sin tener que reducirse a un principio universal. La demanda de autodeterminación de los pueblos indígenas se resignificó como autogobierno, de manera que su ejercicio quedara inscrito en la estructura estatal. Mientras que la demanda de autonomía de la media luna se redujo a un régimen de competencias más acotado que las previstas en su proyecto original. De ese modo, cada cultura pudo conservar y ejercer —parcialmente— su propia forma de organización política, jurídica y económica, pero dentro de su territorio. Las autonomías se convirtieron, así, en una forma de organizar la pluralidad sin llegar a la escisión ni establecer una nueva homogeneización. A decir del gobierno del MAS, era «una forma imaginativa para que estas fuerzas mantengan el equilibrio necesario» (Álvaro García Linera citado en Eju.tv, 2010). Al punto en que el conflicto dejó de consistir en qué somosy pasó a consistir en quién tiene autoridad y sobre qué. Así, las diferencias político-culturales se transmutaron en diferencias jurisdiccionales, estableciendo una solución de compromiso que reacomodó las posiciones en pugna mediante concesiones mutuas, aunque sin eliminar el desacuerdo que lo originó (Spang, 2023: 594). Así, ambos proyectos —el indígena y el mestizo— pudieron coexistir sin resolver plenamente su incompatibilidad en el plano nacional. No obstante, la bolivianidad permanecía abierta, considerando que la unidad no fue resuelta, sino políticamente administrada.

La plurinacionalidad desuniversalizó la diferencia mestiza y la reintegró al orden político, inscribiéndola en el ámbito regional. Los gentilicios locales, especialmente el cruceñismo, pasaron a condensar las viejas nociones occidentales de democracia, desarrollo y modernidad, pero resignificadas en clave territorial como defensa de la autonomía frente al centro, del «modelo de desarrollo cruceño» frente al estatismo y de una sociedad abierta, civilizada y liberal frente al proyecto nacional-popular. La alteridad también se reconfiguró, de manera que lo indígena representaba el polo nacional —el centralismo— frente al cual se constituía la identidad regional. De esa forma, los regionalismos les ofrecieron a las élites tradicionales un nuevo punto de identificación para condensar una pertenencia que antes se expresaba en términos nacionales, permitiéndoles resguardar, afirmar y disputar su identidad dentro del orden plurinacional. El discurso regionalista logró anteponer el clivaje región/Estado a la oposición oligarquía/pueblo, haciendo que los conflictos étnicos y de clase se reinterpretaran como conflictos territoriales. Así, lo que antes era una disputa por la definición de la nación se trasmutó en una disputa por el lugar y las competencias de cada departamento respecto al nivel central. Lo cierto es que la identidad mestiza no desapareció, sino que se rearticuló regionalmenteyuxtaponiendo las fronteras étnicas y territoriales (Jáuregui, 2023: 117). Lo que hizo la plurinacionalidad fue descentrarla, particularizarla y territorializarla, de manera que la diferencia mestiza pudiera ser procesada políticamente sin restituirse como representación del conjunto. No obstante, en esta operación discursiva, la región dejó de ser vista como una frontera a superar, como sucedía con el viejo nacionalismo, para convertirse en un enclave de poder, desde el cual las viejas élites podían reconstituirse como sujetos políticos y renovar su proyecto en clave regional.

Ahora bien, si para la diferencia mestiza la plurinacionalidad produjo una particularización territorial, para la diferencia indígena se convirtió la autodeterminación en autogobierno. Como plantea Schavelzon (2025), el Estado Plurinacional conservó gran parte de las demandas indígenas, pero debilitó su dimensión soberana. De ese modo, si bien se reconocieron cuestiones como la preexistencia ancestral, la autonomía indígena, la oficialización de sus lenguas, normas y procedimientos propios, entre otros, estas fueron traducidas en derechos y dispositivos institucionales específicos. Esta institucionalización también supuso construir una identidad genérica de los indígenas, asimilándolos a las culturas andinas y sosegando las fuertes contradicciones culturales y socioeconómicas entre ellos. El concepto de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” produjo así un sujeto indígena nacional artificial, que terminó atenuando la heterogeneidad y ruralizando la indigeneidad. Como consecuencia, hubo una jerarquización internaentrequienes erancompatibles con el proyecto neodesarrollista y quienes aparecían como obstáculos al desarrollo (Postero, 2020: 208-209). En este sentido, si la operación discursiva para el mestizaje fue pasar del universalismo al particularismo regional, para los indígenas fue pasar de la exclusión constitutiva al reconocimiento jurídico de la diferencia. De ese modo, se produjo una forma de pertenencia regulada, reinscrita dentro de los límites del Estado, que les hizo pasar de sujetos autónomos a titulares de derechos colectivos. Al fin y al cabo, las demandas indígenas tampoco eran unívocas debido a que algunos pueblos apostaban por la reconstitución plena de sus naciones, pero otros no luchaban contra el Estado, sino por otro Estado (Garcés, 2013).En todo caso, la plurinacionalidad tampoco reconstituyó su soberanía, sino que tradujo la autodeterminación en reconocimiento y formas acotadas de autogobierno.

Sin embargo, la diferencia indígena no era un particularismo más, era el fundamento desde el cual se redefinió el propio sujeto del Estado. Si bien la plurinacionalidad buscaba abandonar la lógica hegemónica del Estado-nación, no pudo evitar requerir de un nuevo fundamento si quería preservar la unidad. Este nuevo principio no provino del indianismo, sino del indigenismo, es decir, de la nacionalización de lo indígena, antes que de la constitución de un sujeto autónomo. De esa manera, se hizo una reescritura de la historia de la bolivianidad presentando a la República como una ruptura dentro de una historia más larga y poniendo a la preexistencia indígena como punto de partida de una nueva genealogía nacional. También se resignificó la vieja consigna nacionalista de defensa de los recursos naturales como base de la soberanía, articulándola con la lucha por la tierra y el territorio de los indígenas. Por último, los rituales y símbolos indígenas le proporcionaron al Estado un nuevo repertorio simbólico para legitimarse, que, al folclorizarse e instrumentalizarse, terminaron desplazando la contemporaneidad y capacidad de agencia de los indígenas, en lo que algunos autores definen como pachamamismo (Macusaya y Portugal, 2016). No obstante, lejos de lo que se cree, esta no fue una mera operación de inclusión, sino una operación de universalización que, al convertir la indigeneidad en fundamento nacional, subsumió estas matrices culturales en una gramática occidental. Así, la autodeterminación se transmutó en un principio de soberanía nacional que permitió que una afirmación particular se convirtiera en el fundamento de la nueva comunidad. En otras palabras, los indígenas dejaron de ser minorías incluidas, como ocurría con el multiculturalismo, y se convirtieron en la base de un «nuevo nacionalismo». De ahí que Stefanoni (2006) caracterice este proceso, antes que como plurinacionalidad, como nacionalismo indígena.

En este sentido, la plurinacionalidad puede entenderse como un artefacto cultural que dotó de inteligibilidad a una sociedad heterogénea y produjo nuevas formas legítimas de representación de las diferencias para inscribirlas dentro de una misma comunidad política. De ese modo, atenuó y subvirtió las pulsiones soberanistas de las distintas formas societales al volverlas diferencias clasificables y reconocibles, susceptibles de ser gobernadas y administradas políticamente por el Estado. Sin embargo, antes que resolver la contradicción entre universalidad y diferencia, lo que hizo la plurinacionalidad fue compartimentar las diferencias para hacerlas compatibles con la existencia de un orden común que no implicara homogeneización. La operación discursiva fue establecer una nueva articulación entre etnicidad, centro y territorio, traduciendo las demandas de soberanía en regímenes diferenciados de autonomía. No obstante, para preservar un núcleo común, la plurinacionalidad debió recurrir a una operación hegemónica de universalización que convirtió la indigeneidad en el nuevo fundamento de la unidad nacional. Como plantea Lefort, la sociedad no puede representarse como una totalidad orgánica cerrada, pero eso no significa que se pueda prescindir de una representación para que sea reconocible como tal (Lefort, 1991: 17). Así, la plurinacionalidad traicionó tanto la aspiración de reconstitución plena de los pueblos, como la promesa de mantener un pluralismo irreductible al hacer que las diferencias fueran legibles, comparables y gobernables mediante categorías y dispositivos estatales. De ese modo, la plurinacionalidad, igual que el nacionalismo, se convirtió en una ficción bien fundada, no porque fuera falsa, sino porque produjo una representación armónica de una comunidad política inexistente, erigiendo una nueva universalidad que, al ser plural e históricamente subordinada, podía ser fácilmente contestada. Al fin y al cabo, el universalismo mestizo borró por mucho tiempo las huellas de su propia particularidad, mientras que lo indígena llevaba todavía inscrita su contingencia.

Las grietas del proyecto plurinacional

La institucionalización de la plurinacionalidad planteó un desafío nuevo, dado que ya no bastaba con integrar las diferencias, sino que era necesario sostener la unidad basada en la indigeneidad cuando teóricamente la definición del pueblo había devenido plural. Si bien desde la interculturalidad se imaginó el núcleo común como un ámbito de relaciones horizontales y complementarias, al no problematizar la cuestión del poder, se dejó sin resolver quién podía establecer los términos del intercambio y definir aquello que se consideraba común. La plurinacionalidad, en su lugar, aunque logró contener el antagonismo, multiplicó las formas de pertenencia y los sujetos habilitados para hablar a nombre de la bolivianidad. De ese modo, se constituyó un pueblo políticamente disgregado debido a que competían distintas formas de pertenecer y no existía un único referente de identificación. Los mestizos experimentaron la plurinacionalidad con extrañamiento, al no reconocerse plenamente como universal, mientras que los indígenas, aunque se apropiaron de lo nacional, preservaron un exceso que nunca pudo ser absorbido. El dilema, por tanto, era cómo sostener la unidad de un pueblo atravesado por formas de pertenencia que no podían reconocerse en un mismo lugar de lo común. Se configuró así un equilibrio inestable, en el que la unidad podía mantenerse mientras las diferencias permanecieran contenidas, pero que se volvía frágil cuando era la indigeneidad la que pretendía definir el sentido de lo boliviano. De ahí que el pueblo instituido por la plurinacionalidad fuera un demos inestable que estaba compuesto por sujetos que no eran simples partes del conjunto, sino que guardaban para sí una pretensión de totalidad. ¿Podría finalmente edificarse la plurinacionalidad o terminaría sucumbiendo a la contradicción entre fuerzas totalizantes?

Las primeras grietas aparecieron cuando surgió algo nuevo que la propia plurinacionalidad comenzaba a producir y que desbordaba sus formas de articulación. Recordemos que la plurinacionalidad resignificó el tiempo histórico al cuestionar la concepción lineal, evolutiva y etapista propia de la modernidad occidental. De ese modo, reinscribió lo ancestral en el tiempo histórico, convirtiéndolo en un horizonte desde el cual reinterpretar el presente e imaginar el futuro. Sin embargo, al hacer de lo ancestral el fundamento de la diferencia indígena, la plurinacionalidad tendió a situar a los indígenas en el pasado, limitando su reconocimiento como sujetos contemporáneos. De ahí que el cambio generacional, producido después de más de una década desde su institucionalización, comenzara a tensionar su régimen de temporalidad. El cambio generacional supone el relevo de sujetos socializados bajo experiencias históricas distintas que modifican las formas de habitar, percibir e interpretar el mundo social (Mannheim, 1993). Para quienes crecieron durante el ciclo del MAS, la ancestralidad comenzó a percibirse como un elemento del pasado que podía limitar sus posibilidades de proyectarse hacia el futuro, en un contexto de cambio tecnológico y globalización. De ese modo, el desencuentro con la ancestralidad se trasladó hacia las propias políticas estatales que buscaban reproducirla, haciendo de la reforma educativa uno de sus principales objetos de crítica porque los alejaba de los circuitos temporales asociados al capital: «¿para qué aprender una lengua originaria si no la voy a usar?» (El País, 20.04.2026). Su objetivo era acceder a las posibilidades del presente y proyectarse hacia el futuro sin que su pertenencia quedara fijada en un régimen estático, cuya continuidad comenzaba a percibirse como la perpetuación de un proyecto de poder. Así, se produjo un desajuste simbólico entre el horizonte que la plurinacionalidad ofrecía y las expectativas de una generación que ya no se reconocía en él.

Otra grieta de la plurinacionalidad fue la experiencia mestiza de la plurinacionalidad. Las élites tradicionales vivieron el descentramiento del mestizaje como una inversión de las jerarquías sociales, que ponía ilegítimamente a los indígenas en el lugar del poder y les relegaba a ellos a una posición subordinada. El malestar provenía de la percepción de que el nuevo orden otorgaba a los indígenas un estatus que, desde su perspectiva, no merecían, al concederles «privilegios» fundados en su diferencia étnica. De ese modo, vivían su desplazamiento como clase dirigente en términos de afrenta y de menoscabo del lugar que históricamente creían merecer. Así, surgieron las tesis de que los indígenas eran ahora una nueva oligarquía, que ejercía una suerte de «racismo invertido» y ponía a los mestizos en la condición de «ciudadanos de segunda». En el fondo, el problema era que se alteraron los criterios mediante los cuales se distribuía reconocimiento, mérito y estatus, al vincular, de manera ofensiva, el poder con la indigeneidad. Aunque, en los hechos, los mestizos continuaron ocupando espacios decisivos para su reproducción y el ascenso social indígena popular se produjo en clave occidental. Lo cierto es que, al perder centralidad, los mestizos dejaron de reconocerse en el núcleo común, ahora sostenido en la indigeneidad, porque vivían la pérdida de centralidad como un extrañamiento de lo nacional. Poco a poco el reconocimiento indígena dejó de ser visto como ampliación de derechos y comenzó a ser interpretado como una alteración injusta de las reglas de pertenencia. De ese modo, su crítica dejó de reducirse a la posición «privilegiada» de los indígenas y comenzó a proyectarse sobre la legitimidad del sistema. Así, de la tesis de que la plurinacionalidad dividió a los bolivianos se pasó a la necesidad de volver a la «República».

El proyecto encontró otro límite en el potenciamiento de los territorios como espacios de poder. El régimen de autonomías, lejos de aplacar las pulsiones regionalistas, produjo mayores incentivos para que las élites locales convirtieran el control del espacio en un recurso para disputar poder, recursos y capacidad de decisión frente al Estado central. De ese modo, el territorio se constituyó en un principio de articulación política, que hizo que las pertenencias regionales comenzaran a competir con las identidades indígenas. No en vano las ciudades capitales se constituyeron, en este ciclo, en el límite para la irradiación del proyecto plurinacional liderado por el MAS. A la larga, el fenómeno se complejizó a raíz de los procesos de urbanización asociados a la migración rural que, al tensionar la representación homogénea de las urbes, reforzaron más la identidad regional. De esa manera, se generó una paradoja, pues mientras el territorio adquirió mayor capacidad para producir identidad y poder, la población se volvió más heterogénea. De ahí que las élites locales buscaran lidiar con esa transformación, reforzando sus fronteras simbólicas y, al mismo tiempo, intentando subsumir la diversidad emergente bajo la identidad regional. Por eso, en 2019, resurgió el regionalismo atravesando, ya no solo al oriente, sino también a occidente, como en Potosí, para lidiar con los sectores populares que —ya sea como interculturales, campesinos o mineros— amenazaban el control de la tierra, el territorio y los recursos. Progresivamente el regionalismo se fortaleció al convertir estos conflictos étnicos y de clase en conflictos territoriales, ofreciéndoles a las élites mestizas un nuevo lugar de enunciación desde el cual disputar la totalidad sin volver a reivindicar la vieja República. Así, las ciudades terminaron imponiendo un límite territorial a la pretensión nacionalizante de la indigeneidad.

Por último, los problemas del artefacto también alcanzaron a los propios indígenas. Su ascenso social, profesionalización y creciente urbanización transformaron las condiciones desde las cuales experimentaban su pertenencia, haciendo cada vez más difícil encajar en la identidad institucionalizada por la plurinacionalidad. La individuación, la ética del mérito y la urbanidad tensionaron la representación de lo indígena como una condición esencialmente subalterna, colectiva y rural. De ese modo, la transformación de las condiciones de reproducción hizo que la propia categoría de «indígena originario campesino», se debilitara porque ya no podía representar trayectorias sociales cada vez más diferenciadas. Es más, en la medida en que se ampliaron los espacios de acción, la identidad indígena dejó de ser el único recurso desde el cual acceder a reconocimiento, poder o movilidad social. El problema fue que la plurinacionalidad permitió el ascenso social sin transformar la estructura de distribución de recursos, posiciones y reconocimiento, de manera que la movilidad social indígena comenzó a desenvolverse dentro de lógicas sociales que tensionaban y excedían el marco político de la descolonización y la plurinacionalidad. Al contrario, se abrió una competencia con las élites mestizas que desplazó la disputa hacia el interior de las mismas jerarquías que al inicio se buscaba desmontar. De ese modo, en la medida en que posiciones que antes les pertenecían exclusivamente a los mestizos se volvieron disputables, estos recurrieron al racismo para restituir las distancias sociales y devolver al indígena a la posición de subalternidad. No se trata, sin embargo, de leer este proceso desde una lógica dicotómica y rupturista, sino de dar cuenta de la diversificación de las formas de vivir la pertenencia indígena y de las nuevas contradicciones que esta abrió en el tejido social. Por ahora, basta decir que el sujeto indígena producido por la plurinacionalidad comenzó, paradójicamente, a diferenciarse internamente hasta desbordar la representación unitaria que lo constituyó a inicios de siglo como sujeto político.

Así fue como la plurinacionalidad comenzó a resquebrajarse como marco cultural. Las transformaciones sociales producidas durante el ciclo del MAS introdujeron nuevas disputas en torno a las formas de pertenencia, reconocimiento e identificación que organizaban el núcleo común. La plurinacionalidad había sido pensada para reconocer diferencias históricamente negadas y reestructurar el orden común. No obstante, ahora debía enfrentar una sociedad cada vez más tensionada y diferenciada como resultado de los propios éxitos y límites que ella misma generó. La plurinacionalidad tendía a organizar la diferencia como identidades relativamente delimitadas, mientras la transformación social producía sujetos y trayectorias complejas que entrecruzaban posiciones antes concebidas como distintas. Un indígena podía ser simultáneamente individuo, urbano y profesionalizado, mientras que la posición de los mestizos estaba devaluada, regionalizada y comenzaban a resentir la pérdida de centralidad como efecto de la igualdad. No obstante, las diferencias étnico-raciales no desaparecieron, al contrario, la competencia por posiciones y reconocimiento las exacerbaron para reafirmar viejas y legitimar nuevas jerarquías. Fue así como se quebró finalmente el equilibrio inestable pues las diferencias ya no podían permanecer contenidas sin disputar el lugar desde el cual se definía lo universal. Así, se quebró la sutura parcial de la totalidad a través de la plurinacionalidad y se abrió una nueva lucha por nominar la bolivianidad que terminó oponiendo República o Estado Plurinacional. ¿Podría la plurinacionalidad sobrevivir al cambio social? ¿Podría el viejo nacionalismo contener la nueva formación social? ¿Podrían estas fuerzas renovadas reconocerse en la complementariedad? Y, en medio de esta complejidad, ¿quién podría ofrecer un nuevo principio de unidad?

El retorno del nacionalismo mestizo

A partir de la crisis de 2019, el problema ya no era que la plurinacionalidad había dejado sin resolver la unidad, sino que comenzaba a perder capacidad para interpelar al conjunto de la sociedad[1]. En su lugar, comenzó a rearticularse el nacionalismo mestizo que buscaba responder tanto a la crisis de pertenencia de las élites tradicionales, como al debilitamiento de las formas tradicionales de identificación indígena de las nuevas clases medias y élites populares emergentes. Sin embargo, no se trataba simplemente de restaurar el viejo orden republicano, sino de absorber los procesos de cambio generacional, individuación y territorialización. Se trataba, por tanto, de realizar una nueva operación de universalización que pudiera convertir la nueva diversidad social, más compleja y superpuesta, en una forma de pertenencia común. No obstante, el límite del viejo nacionalismo radicaba en que las transformaciones que buscaba subsumir habían modificado las propias bases sociales sobre las que podía operar la universalización mestiza. Así, a diferencia del siglo pasado, ya no existían posiciones sociales fácilmente reducibles a una identidad común, las fronteras que organizaban las pertenencias se habían vuelto porosas y la identidad indígena estaba dejando de ser una identidad subalterna, para convertirse en una identidad rival. La disputa, por tanto, ya no podía resolverse mediante la simple exclusión o subsunción de lo indígena, el nacionalismo debía encontrar una forma de recuperar lo universal sin negarle el estatuto de igual a su alteridad. Sin embargo, ¿cómo podría el nacionalismo mestizo incluir a quien por principio era su exterior constitutivo? ¿Cómo podía reconocer la diferencia sin volver a producirla como subordinación? ¿Cómo podía integrar al indígena sin cederle otra vez la definición de lo común? En otras palabras, ¿cómo podía producir unidad sin reconstruir la frontera que sostiene su propio sentido de bolivianidad?

La respuesta comenzó a tomar forma al abordar el cambio generacional cuando el discurso nacionalista empezó a ofrecerles a los jóvenes un horizonte de pertenencia menos anclado en la «ancestralidad» y más próximo a las aspiraciones de futuro y «modernidad». Los jóvenes ya no hablan desde el lenguaje de la ancestralidad, la memoria y el reconocimiento, sino desde el lenguaje de la elección, la autonomía individual y la realización personal. El nacionalismo ofrece justamente articular esas demandas de actualización, cambio tecnológico e internacionalización en un nuevo horizonte aspiracional que promete innovación y conexión con el mundo. De ese modo, el nacionalismo puede hacer una promesa de renovación sin volver simplemente al viejo universalismo mestizo. No obstante, su límite de época reside en que los jóvenes ya no organizan su pertenencia necesariamente alrededor de una identidad única, sino que optan por formas de identificación más múltiples y móviles que tensionan la clausura del viejo mestizaje y tienden, incluso, al identitarismo. En otras palabras, el nacionalismo ya no solo compite con la plurinacionalidad, sino con una multiplicidad de formas de identificación que dificultan la condensación simple de un «nosotros» nacional. Por tanto, el mismo horizonte global que renovó el atractivo del nacionalismo blanco mestizo puede limitar su capacidad para convertirse nuevamente en una identidad «total». Mientras que la plurinacionalidad puede encontrar en esa diversidad una forma de resignificar la pertenencia, pero esto también puede desplazar a lo indígena como principio de articulación. La cuestión reside en cómo responder a las expectativas de los jóvenes construyendo un marco de pertenencia que reconcilie la identidad indígena con el futuro, es decir, desplazar la pregunta sobre «de dónde venimos» hacia «dónde vamos». De otro modo, la multiplicación de identificaciones puede abrirse a la diferencia, pero también producir un cierre identitario.

El nacionalismo mestizo también pretende desplazar las identidades étnicas por identidades cívicas, restableciendo la figura del ciudadano frente a los pueblos indígenas. No obstante, no hay que olvidar que el «ciudadano» se construyó históricamente bajo el modelo liberal-republicano de sujeto individual, blanco, masculino, propietario y «racional», que se presenta como el referente universal al que todos los grupos sociales deben aspirar si quieren existir políticamente. Así, todas las identidades que no se ajustan a ese modelo deben traducirse a sus términos para ser reconocidas como sujetos políticos legítimos o de otro modo quedan relegadas de participar en la comunidad política. De ahí que se construyan actualmente oposiciones entre «ciudadanos», «civilizados», «emprendedores», «pacíficos» y «de bien» vs. «hordas», “salvajes», «vándalos», «vividores», «radicales» y hasta «terroristas». El objetivo es precisamente restablecer una frontera entre quienes encarnan la ciudadanía legítima y quienes son construidos como amenaza. Así, el discurso liberal republicano transmuta la clasificación racial en un lenguaje aparentemente universal —la ciudadanía, la democracia y la República— que les permite a las élites tradicionales volver a ordenar las diferencias a partir del mestizaje. No obstante, su límite reside en que, después de la incorporación social y política de los indígenas, ya no puede producir una exclusión efectiva desde las mismas categorías. Hoy por hoy la ciudadanía, ahora extendida, puede ser reclamada también por quienes históricamente fueron expulsados de ella, quienes, salvo por la etnicidad, cumplen con sus atributos. Mientras que el desafío para la plurinacionalidad parece ser cómo preservar la dimensión colectiva de la pertenencia indígena, sin oponerla y más bien radicalizando la ciudadanía individual, que los propios sujetos indígenas ya han hecho suya. De otro modo, el retorno del discurso liberal puede reactivar una lógica civilizatoria que, bajo la apariencia democrática, realice una nueva operación de colonización.

El discurso nacionalista también busca dotar de un nuevo sentido a la territorialización mediante el federalismo.A diferencia de las autonomías indígenas, cuya legitimidad se basaba en la preexistencia de naciones y pueblos, el federalismo plantea la distribución territorial del poder como un principio común para todos los bolivianos y las regiones. Tampoco el federalismo equivale simplemente a la profundización de las autonomías departamentales porque supone una redistribución más profunda de la soberanía territorial. De este modo, la territorialidad deja de estar asociada tanto a la existencia de sujetos colectivos, como a formas particulares de pertenencia territorial, pasando a convertirse en la estructura territorial de toda «la nación». Así, se puede recentralizar los municipios rurales en torno a las ciudades a nivel departamental y las viejas pulsiones soberanistas de departamentos como Santa Cruz pueden reconciliarse con la existencia de un Estado central. El objetivo, a nivel cultural, es justamente ordenar las diferencias internas y recomponer la posición de las élites mestizas desde los territorios, dándoles mayores prerrogativas a nivel departamental. Esto explica los actuales debates medulares sobre la profundización de las autonomías y la redistribución 50/50 del pacto fiscal. Sin embargo, esta forma de territorialización puede volver a subordinar a los territorios y autonomías indígenas a una lógica espacial occidental, a tiempo de reinscribir a los sectores urbano-populares bajo el control de las élites mestizas locales. De ahí que el límite del nacionalismo mestizo sea que hoy las urbes son espacios cada vez más heterogéneos y disputados, mientras que el de la plurinacionalidad que la presencia indígena ya no se circunscribe solo a territorios indígenas diferenciados. Al fin y al cabo, ya no existe una correspondencia estable y compacta entre pertenencia, territorio y población.

Lo cierto es que el nacionalismo encuentra indefectiblemente una frontera en lo indígena debido a que lo construyó históricamente como alteridad para definir su propia identidad. El problema es que lo indígena, después del proceso de incorporación social, ya no constituye un exterior completamente delimitado, sino una presencia incorporada, extendida y transversal que atraviesa toda la comunidad nacional. De ese modo, el nacionalismo mestizo se enfrenta al desafío de cómo producir nuevamente un sentido de «nosotros» que se distinga de aquello que, sin embargo, ya forma parte de él. Para tramitar esta tensión el discurso nacionalista ha buscado establecer formas de ser indígena que resulten compatibles con su idea de «nosotros» y expulsar a aquellos que desafíen las jerarquías internas. Así, por primera vez se habilita un lugar para el indígena blanqueado, propietario y liberal, cuya etnicidad puede coexistir con el modelo de ciudadanía individual, mientras que las formas colectivas de pertenencia que reivindican la autoafirmación, lo comunitario y otras lógicas distintas al capital se deslegitiman y hasta penalizan. Incluso así, la inclusión no está exenta de tensiones debido a que el mestizaje tiene como alteridad a un sujeto racializado que ahora le disputa los mismos espacios de poder. Precisamente por ello, se exacerba el racismo en el momento en que el indígena pasa de ser un sujeto tutelado a un sujeto empoderado que disputa la distribución efectiva del poder. Su función es justamente contener la presión indígena, restableciendo las jerarquías señoriales que históricamente reservaron para las élites mestizas la posición de autoridad. Así, los límites del discurso nacionalista son que la inclusión indígena desestabilizó la propia posición desde la cual el mestizaje podía constituirse como universal. No obstante, la plurinacionalidad tampoco puede interpelar a los nuevos sujetos indígenas sin flexibilizar la pertenencia indígena tradicional. Por tanto, la pregunta ya no es si los indígenas quieren pertenecer a la nación, sino qué nación quieren construir una vez que pertenecer a ella ya no exige dejar de ser indígenas.

En suma, el nacionalismo mestizo, como artefacto cultural, busca recomponer un principio de unidad capaz de articular las transformaciones producidas por el ciclo plurinacional. Su operación discursiva consiste en redefinir los términos de la pertenencia, antes que, en restaurar simplemente una identidad anterior, ofreciendo a las nuevas generaciones futuro, estableciendo una forma legítima de indigeneidad y territorializando el espacio nacional. Sin embargo, al chocar con la inclusión indígena como su límite constitutivo, el nacionalismo mestizo tiende a resolver su imposibilidad de universalizarse a través de la coerción. De ese modo, el otro deja de ser una diferencia a articular para convertirse en una amenaza a la integridad nacional, al punto en que ya no se busca construir la unidad políticamente, sino imponerla mediante la fuerza. Así, la violencia aparece como un mecanismo mediante el cual el nacionalismo mestizo intenta producir una sutura, que ya no puede resolver en el plano de la representación. Sin embargo, la contradicción no se resuelve, solo se desplaza al conflicto abierto donde la diferencia no se tramita como una oposición entre proyectos legítimos, sino como una lucha hasta la aniquilación. La quema de los símbolos indígenas y las masacres populares de 2019 ejemplifican justamente cómo la disputa por la nación corre el riesgo de resolverse a través de la eliminación simbólica y material. Al fin y al cabo, la historia muestra que, frente a la imposibilidad hegemónica de la oligarquía, siempre queda edificar «nación» a partir de un tipo de hegemonía negativa, que construye adhesión social a partir, no de la subsunción, sino de la exclusión. De ahí que hoy vuelvan los viejos discursos de orden y seguridad que encuentran en la lucha contra el «enemigo interno» el fundamento de la cohesión nacional. La pregunta es si logrará el viejo nacionalismo imponerse a la plurinacionalidad o si acaso la sociedad exige ya otro principio de unidad.

En todo caso, hoy la «cuestión nacional» reaparece bajo una condición histórica distinta porque ya no se disputa solamente cómo integrar la heterogeneidad, sino quién puede encarnar el universal después de que la nación se pluralizó. Esta transformación desplaza los términos de la disputa y modifica el modo en que las diferencias adquieren significado social. De ese modo, la nueva cartografía del conflicto reorganiza la disputa étnica y de clase sobre nuevos clivajes, como la generación, el trabajo por cuenta propia y el territorio. El nacionalismo es justamente una respuesta a esa transformación social, que intenta copar los vacíos dejados por la plurinacionalidad reorganizando un campo simbólico que ya no admite la rigidez de las antiguas categorías. El rasgo de la transición reside precisamente en el intento de producir un principio de unidad sobre una sociedad marcada ya por las huellas de la incorporación indígena. Por ahora, la disputa simbólica por la bolivianidad se juega entre una tendencia a recomponer la unidad mediante la homogeneización y otra que trata de sostenerla desde la diferencia, sin que ninguna haya logrado resolver la tensión entre pluralidad y comunidad. Sin embargo, el problema ya no es qué identidad debe ocupar el lugar de lo universal, sino cómo producir un común cuando la sociedad ya no puede ser contenida en las posiciones tradicionales que organizaron hasta ahora lo nacional. Lo que se abre, por tanto, no es simplemente la disputa entre República y Estado Plurinacional, sino la posibilidad de construir un núcleo común capaz de nominar una sociedad con nuevas formas de pertenencia. La nueva síntesis será aquella capaz de resignificar de manera crítica la identidad mestiza y articular la diversidad de trayectorias que hoy se inscriben en la experiencia indígena. La pregunta es ¿qué forma puede asumir la sociedad cuando se ha vuelto más compleja que las categorías con las que una vez fue imaginada?

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[1] La crisis de 2019 se originó en la repostulación de Evo Morales y las denuncias de fraude electoral, desencadenando una movilización de las clases medias mestizas que terminó abriendo una crisis de hegemonía del proyecto plurinacional.

Luciana Jáuregui es socióloga e investigadora social. Sus líneas de investigación son configuraciones estatales, dinámicas de poder, acción colectiva y conflicto político.
Este texto recoge algunos pasajes de su tesis doctoral: Volver a la República. La recomposición de la derecha boliviana en la coyuntura de crisis hegemónica del MAS, Universidad Nacional Autónoma de México.

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