La violencia del desarrollo o el desarrollo de la violencia

Cómo las élites cruceñas administran la violencia y el relato que la sostiene  

Gerson Rivero Parada

En Santa Cruz de la Sierra la violencia no es solo un efecto colateral del crecimiento económico que convirtió a una aldea de 42.746 habitantes en la metrópoli más grande de Bolivia, sino un recurso político que las elites administran. El texto recorre cuatro dimensiones de ese proceso. La violencia estructural heredada del orden poscolonial —patriarcal, servil, romantizada en la pintura costumbrista y en el taquirari— que la Revolución Nacional del 52 no clausuró. El auge del narcotráfico, nacido bajo las dictaduras militares e integrado sin sanción social a la vida cruceña hasta su escalada reciente. La inseguridad ciudadana, el fenómeno más nuevo y el más disputado en su explicación. Y la violencia política, la categoría que nadie discute, que reaparece cada vez que el imaginario conservador necesita disciplinar una disidencia. El argumento sostiene que los medios hegemónicos, propiedad de esas mismas elites, producen una sensación permanente de inseguridad que rinde según quién gobierne, y que la contradicción entre la Santa Cruz real —migrante, cosmopolita, con historia progresista propia— y la que se autoproclama hegemónica es lo que reproduce esas violencias. 

A mediados del año 2000 el señor Javier Hurtado fue noticia. Con 75 años había finalizado sus estudios y se graduaba como abogado en la Universidad Gabriel René Moreno.

Era el sueño de su vida. Fue portada del diario El Deber y la propia universidad lo destacó como parte de la propaganda de la gestión. El flamante «doctor Hurtado» había querido estudiar de joven, pero las condiciones económicas no se lo permitieron. Me tocó hacerle la entrevista y off the record me confesó que era una cuestión que iba más allá. «A nosotros los cunumis no nos dejaban ni siquiera subirnos a la acera de la Universidad —la René Moreno se encontraba entonces en plena plaza 24 de Septiembre—. Eso cambió cuando llegó el MNR en 1952; yo por eso soy “emenerrista”», aseguró con orgullo.

Este otrora funcionario público, comerciante, obrero y ahora jurista profesional dedicó gran parte de su vida a la militancia política en el MNR. La revolución le llegó cuando aún era joven, pero no había podido ingresar a cursar estudios superiores. Su sueño era el de muchos jóvenes idealistas, ser abogado para ayudar a acabar con las injusticias del sistema. Crió una familia numerosa con hijos y nietos. Pudo darle a su descendencia mejores condiciones de vida que las que él tuvo y conservaba vitalidad suficiente para ejercer la profesión que acababa de conseguir. Cuando se autodefinía «cunumi» se refería a su origen de clase, incluyendo su color de piel canela; era una denominación frecuente en la Santa Cruz del siglo XX, herencia de un sistema de castas colonialista.

La vida de don Javier Hurtado bien podría servir como una historia de superación. En este texto sirve para mirar la Santa Cruz de la Sierra que transitó de una aldea a mediados del siglo XX a una metrópoli en el primer cuarto del XXI.

Y si bien la historia de Santa Cruz tiene más de 400 años, nos interesa mirar desde la emergencia de la Revolución Nacional del 52, momento en el que —más allá de las diversas miradas ideológicas— todos los análisis históricos, sociológicos, políticos o económicos coinciden en situar el inicio del despegue del departamento como «locomotora de la economía del país».

Ese crecimiento exponencial llevó en menos de 50 años de una aldea que tenía muy arraigada y naturalizada la discriminación, la servidumbre, la violencia intrafamiliar y las diferencias de clase, al destino más cosmopolita del país, una tierra de oportunidades donde esos mismos resabios de clase siguen operando.

El desarrollo económico —la instalación de una agroindustria, una amplia cartera de servicios financieros, desarrollo inmobiliario, comercio y otros rubros— vino acompañado de otros indicadores en los que Santa Cruz igualmente lidera: la violencia y la inseguridad.

El objetivo de este texto es ver la relación entre el desarrollo económico y la evolución de la violencia estructural en sus diferentes formas, que ha tenido su propio proceso, pero no sucede por fuera de la economía cruceña. Las elites económicas mantienen su hegemonía no solo a pesar de sino también a costa de la problemática de la violencia. Esa es la relación que interesa mostrar acá.

El análisis se centra en Santa Cruz, y especialmente en su capital, como objeto de estudio. Esto no supone ninguna valoración competitiva con otros departamentos, ciudades o regiones —la violencia no es patrimonio de una región—, pero algunas cifras nacionales servirán para ver la magnitud del problema.

De la aldea a la metrópoli

En 1950, Santa Cruz era una apacible aldea de 42.746 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de ese año. Era la quinta ciudad más grande del país detrás de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Menos de 50 años después superaba el millón de habitantes. Fue un hito histórico muy simbólico que el empresariado y las instituciones cívicas cruceñas marcaron el 19 de marzo de 1998 con el nacimiento del habitante que completaba el primer millón. Fue muy simbólico que se tratara del hijo de unos migrantes orureños, Emilio Llampa Llusco, conocido como el «bebé millón»[1].

En 1950, la población de la ciudad capital representaba el 17% del total departamental. Hoy, según el Censo 2024, la región metropolitana significa el 70% de los habitantes de Santa Cruz, pero si trasladamos a una división rural-urbana, esta última ocupa el 82,8% del total. Esto debido a que muchas ciudades intermedias han experimentado un crecimiento similar al de la capital cruceña[2].

Los censos de población de 2012 y 2024 han confirmado que la mayoría de los habitantes de la ciudad capital y del departamento de Santa Cruz son migrantes o hijos de migrantes. En 2012 se determinó que el 30,4% de los habitantes del departamento no nacieron allí. Un 2,04% era extranjero y el resto, de otras regiones del país.

Para el Censo de 2024 no se ha publicado oficialmente el dato. Un estudio de la Universidad Gabriel René Moreno (Vargas, 2025)hace una proyección del crecimiento poblacional cruceño y calcula que entre un 25% y un 30% son hijos de padres migrantes o segunda generación. «Estos nacimientos se contabilizan legalmente en los censos como población “no migrante local”, pero forman parte de la enorme base familiar con raíces en Cochabamba, Chuquisaca y La Paz (los principales flujos de origen en 2012)», señala la investigación.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ha dividido naturalmente en una zona noroeste que alberga al 36% de los habitantes de la ciudad según el Censo 2024, frente al 64% que habita el sudeste de la urbe. La imagen del noroeste es la pretensión de la «Miami boliviana», con barrios residenciales, edificios, condominios y avenidas con pasos de nivel, además de la conexión con la por ahora exclusiva zona del Urubó, ya perteneciente a Porongo. Por el sudeste están las grandes ciudadelas El Bajío, Villa 1° de Mayo, Plan 3 Mil, La Pampa y Virgen de Luján, que conectan en sus bordes con los municipios de La Guardia, Cotoca y hasta Warnes. El panorama aquí es más cercano al resto del país. Edificios cuadrados que son una especie de «cholets» tropicalizados, gastronomía de cualquier rincón del país y mucha referencia a la migración del occidente en su estética.

A nivel departamental, las ciudades intermedias de mayor crecimiento —especialmente las de las zonas productivas que generan la riqueza de Santa Cruz— están pobladas en su mayoría por migrantes. Hablamos, por ejemplo, de Montero, Yapacaní y Warnes, en el norte, San Julián y Cuatro Cañadas en el este, o El Torno y La Guardia en el sur. Este crecimiento vertiginoso ha generado diversas tensiones y clivajes que le han quitado a Santa Cruz de la Sierra el adjetivo de apacible. Las tensiones se han generado de manera externa, en la relación histórica con el Estado boliviano, acentuada con ciertos gobiernos específicamente.

Entre los clivajes, entendidos como divisiones persistentes, están los sociales, como las diferencias de clase, que abarcan también lo racial, lo regional y la xenofobia; los ideológicos, siendo una sociedad con una impronta conservadora; y los económicos, asumiendo que Santa Cruz se autopercibe como una sociedad liberal que le debe poco al Estado. Estos diferentes clivajes y tensiones han tenido sus diferentes momentos, acordes con los hitos históricos de la ciudad y el departamento.

Radiografía actual

La motivación de esta iniciativa parte de algunos datos preocupantes sobre la violencia en Bolivia. Nos centraremos en tres, con sus respectivas aristas, la inseguridad, la violencia machista y el narcotráfico.

Un dato que llama mucho la atención es que el 95% de los habitantes de Santa Cruz de la Sierra siente que la ciudad es insegura (Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, 2025; Instituto Cruceño de Estadísticas, 2025). Esta sensación está marcada por haber sido víctima de un hecho delictivo o porque alguien conocido lo ha sido.

En general, las cifras de violencia en Bolivia son menores que el promedio regional. Por ejemplo, la tasa de homicidios en 2025 es de 6,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Sudamérica ronda los 26 por cada 100.000, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana (2025). En ese contexto, Santa Cruz lidera el ranking de inseguridad del país. Una muestra es el reporte de delitos contra la propiedad, referente a robos y asaltos. De acuerdo con informes de la Policía Boliviana citados por el Observatorio, perteneciente al Ministerio de Gobierno, en 2025 Santa Cruz presentó 7.060 denuncias de delitos contra la propiedad, seguido de muy lejos por La Paz con 2.598 denuncias.

Si vemos las cifras de violencia contra la mujer, de la misma manera Santa Cruz registra el mayor porcentaje de denuncias, aunque en cuanto a feminicidios la mayor incidencia está en La Paz. El Instituto Cruceño de Estadística (2025), dependiente de la Gobernación departamental, elaboró un informe que revela lo siguiente: «De los 40.476 casos ingresados a nivel nacional en 2025 bajo la Ley 348 —Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia—, el 33,8% corresponde al departamento de Santa Cruz, es decir, más de 13.680 casos». Los feminicidios alcanzaron un total de 76 a nivel nacional, de los cuales 16 se dieron en Santa Cruz, en el periodo del primero de enero al quince de noviembre de 2025.

Con respecto a la Ley 548 —Código del Niño, Niña y Adolescente—, del total de denuncias por violencia, un 22,0% se registró en Santa Cruz, lo que equivale a 145 casos.

Finalmente, en cuanto al consumo de drogas, el Observatorio (2025) concluye que «las estadísticas del narcotráfico en Bolivia distribuidas por departamento muestran una marcada especialización geográfica, donde Cochabamba concentra la producción de pasta base, Oruro y La Paz lideran la cantidad de operativos y tránsito fronterizo, y Santa Cruz ejerce como el principal nodo logístico de cristalización y consumo». Estas cifras también corresponden al año 2025.

Ese es el panorama actual de la violencia en Santa Cruz. La manera en que se llegó hasta este lugar tiene diferentes historias. La más reciente es la inseguridad, pero la violencia intrafamiliar y el narcotráfico tienen larga data. La primera siempre estuvo, con diferentes matices, casi naturalizada, mientras que la segunda tiene su origen coincidente con la época de las dictaduras militares.

Violencia estructural

La violencia intrafamiliar está relacionada con una estructura social añeja, considera la investigadora social Carmen Sanabria. «Se generaron núcleos de violencia en el periodo poscolonial ya con la república. Una violencia naturalizada que estaba relacionada con estructuras patriarcales y feudales», resume durante una entrevista para este ensayo.

Según Sanabria, eso se aplica no solo a la violencia a la mujer «que estaba muy naturalizada», sino también a las relaciones laborales y el sometimiento de los pueblos originarios, algo que muchos consideran un neocolonialismo. «El llamado mestizaje se valora, pero hay toda una serie de violencias y de heridas, como las violaciones a las mujeres indígenas, la reducción, la pérdida de la identidad originaria, formas de erradicación de la cultura, sin contar además la violencia machista de puertas adentro», explica la investigadora.

Había poco margen para la rebeldía tanto de las mujeres como de los jóvenes, los indígenas o los trabajadores. El líder sindical y ensayista Ricardo Catoira, en su libro Las luchas sociales en Santa Cruz (1998), lo grafica de la siguiente manera. «Mientras los cementerios en los centros mineros se llenaban de cruces por las masacres obreras, en Santa Cruz el mozo cruceño se entregaba voluntariamente al paternalismo de los gamonales. No tenía ni la más remota idea de lo que podían ser las leyes sociales ni mucho menos imaginarse la importancia de los sindicatos».

Incluso ese sistema está romantizado en las artes. Carmen Sanabria cuestionaba, por ejemplo, por qué el reconocido pintor Herminio Pedraza pintaba a las mujeres con cuerpos grandes y cabezas en proporción más pequeñas. «Algo nos dice esa obra sobre la mirada de la artista sobre nosotros», señala.

La pintura costumbrista de Armando Jordán, el más grande exponente del género en Santa Cruz, es otro ejemplo. Está plagada de mujeres en situación de vulnerabilidad, siendo espiadas mientras se bañan desnudas o en situaciones de acoso presentadas de forma jocosa.

Y si hablamos de relaciones de servidumbre, la música tradicional está llena de referencias. Una de ellas es el taquirari El Camba, de Godofredo Núñez, que llamó la atención del músico uruguayo Alfredo Zitarrosa en la década de 1960. El cantante, que también era militante comunista, quedó varado un par de días en Santa Cruz, según lo cuenta él mismo en una grabación, y en esa estadía conoció algo de la actividad musical local. Le llamó la atención que la letra hablaba de la intención de un peón de hacienda de rebelarse ante su patrón.

«Y de borracho yo le diré: “hágame bien la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblau”», dice la primera estrofa del coro.

«Y el patrón enojau dirá: “agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar”», continúa.

Zitarrosa se sorprende cuando le explican que una «arroba» se refiere a 15 latigazos de castigo y decide cantar la canción como una descripción del sufrimiento del obrero. No obstante, esa romantización de un sistema que naturalizaba la violencia hacia los más vulnerables —sean mujeres, indígenas u obreros— a partir de la llegada de la Revolución Nacional de 1952 comenzaba a cambiar.

Javier Hurtado recordaba el 2000 que antes del MNR la diferencia de clases era tan marcada que el denominado «cunumi», tenía que bajarse de la acera cuando se cruzaba con un señorito. La llegada del MNR con sus luces y sombras provocó un reacomodo social en la ciudad. Si bien en Santa Cruz no hubo reforma agraria como en el occidente, se expropiaron muchas propiedades en los alrededores de la aún pequeña urbe y se convirtieron en barrios obreros. Esto fue conocido como reforma urbana.

Auge del narcotráfico

Un estudio realizado por los investigadores estadounidenses Rex A. Hudson y Dennis Michael Hanratty, llamado Bolivia, un estudio de país, de 1991, concluye que el inicio del auge del narcotráfico en Bolivia se sitúa durante las dictaduras militares de los años 70 y principios de los años 80, principalmente en los regímenes de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981). Este estudio realizado en 1991 y que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Washington, Estados Unidos, vino a confirmar un secreto a voces. En ese tiempo surge la figura del Rey de la Cocaína, Roberto Suárez.

El dinero del narcotráfico comienza a visualizarse en los años 80. Aumenta la flota de avionetas en el aeropuerto El Trompillo, comienzan a florecer barrios residenciales con lujosas viviendas e incluso se apunta al negocio del espectáculo con la llegada de grandes artistas internacionales. También se ve beneficiado el fútbol pues los clubes locales pueden contratar a jugadores de primera categoría.

Hitos de lujo como la boda del hijo de Roberto Suárez en plena Catedral de Santa Cruz de la Sierra eran comentario popular, pero no generaban ninguna sanción social. El asesinato del naturalista Noel Kempff Mercado el 5 de septiembre de 1986 en la serranía de Huanchaca marcó un parteaguas. Kempff Mercado se encontraba realizando un trabajo de investigación de la flora y fauna de este parque natural que ahora lleva su nombre, cuando por error su avioneta aterrizó en una pista clandestina cerca de una fábrica de cocaína. El científico fue asesinado junto al piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada, mientras que el español Vicente Castelló logró escapar ocultándose en la selva, para después poder contar la noticia.

La sociedad civil organizada bajo el paraguas del Comité pro Santa Cruz se vio obligada a protestar por la descarada presencia de los narcotraficantes en la vida cotidiana de la institucionalidad local.  Esto dio pie a que los gobiernos de turno incluyan a la lucha contra el narcotráfico en sus programas, o al menos en sus promesas de campaña.

Cada gobierno posdictadura tuvo su respectivo «narcoescándalo». El de Huanchaca fue durante el periodo de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989). Jaime Paz Zamora (1989-1993) fue investigado por sus «narcovínculos» con el traficante «Oso» Chavarría y su lugarteniente Carmelo «Meco» Domínguez, caso que terminó con Óscar Eid, mano derecha de Paz Zamora, detenido en la cárcel. Durante el turno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) sucedió el escándalo del «narcoavión», incautado en Perú con un enorme cargamento de 4 toneladas de cocaína. El cerebro de la operación fue identificado como Luis Amado Pacheco, alias «Barbaschocas», quien fue preso por el caso. Pacheco fue relacionado con altas autoridades del gobierno de quienes se presumía que dejaron pasar tremenda carga que salió del aeropuerto de El Alto sin ningún control.

Con todos esos antecedentes, el gobierno democrático de Hugo Banzer – Jorge Quiroga (1997-2002) decidió concentrar sus esfuerzos, con apoyo del gobierno estadounidense, en la lucha antidrogas, centrada básicamente en el Chapare.

En el caso de Santa Cruz, la violencia generada por el narcotráfico no era tan visible. Se trataba de hechos aislados, pero en los últimos cinco años, luego de la pandemia por coronavirus, el asunto se hizo preocupante. En 2025 se registraron oficialmente 26 casos de sicariato presumiblemente relacionados con esta actividad en el departamento, de acuerdo con el informe anual de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La presencia de cárteles brasileños como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) fue bastante mencionada por las autoridades, y muchos de los detenidos por narcotráfico y sicariato —o víctimas del mismo identificadas— fueron relacionados con ambos cárteles. Pero, además, se evidenció la presencia de presuntos narcotraficantes de diferentes nacionalidades como colombianos, paraguayos, argentinos, mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, chilenos y hasta europeos, como albaneses y serbios.

El caso más emblemático es el del uruguayo Sebastián Marset, considerado un capo del narcotráfico con conexiones en diferentes partes del mundo y radicado en Santa Cruz de la Sierra. De hecho, tuvo una vida social bastante activa mientras su nombre no apareció mediáticamente como uno de los hombres más buscados en Brasil, Paraguay y Estados Unidos, donde finalmente fue extraditado este año.

Pero Marset no era el único. Una lista recopilada el 29 de mayo de 2026 por la red Unitel muestra que 10 prófugos de la justicia internacional habían encontrado refugio en Bolivia y la mayoría en Santa Cruz. Es el caso de los brasileños Gerson Palermo, Marcos Roberto de Almeida alias «Tuta», Jesuilson Pereira Gomez, Diego Muraite Xinaider, Kléber Nóbrega Pereira «Kekeu» y Weberton Santana Da Silva; además del colombiano Jorge Isaac Campaz «Mapaya» y el ya mencionado Marset. Hasta fines de junio de 2026, todos habían sido extraditados, excepto Campaz.

A ellos también se debe agregar los clanes locales, como el de los Lima Lobo. El caso más impactante fue el triple asesinato de dos policías y un voluntario del GACIP (Grupo de Apoyo Civil a la Policía) en Porongo, atribuido a Misael Nállar, identificado como parte del clan Lima Lobo. La presencia de estos personajes coincide con el periodo de violencia que se ha vivido en el oriente boliviano, especialmente en Santa Cruz, aunque también con varios sucesos en Beni.

Inseguridad ciudadana

El crecimiento económico ha traído un desarrollo en diferentes aspectos, pero también conlleva algunos problemas propios del crecimiento vertiginoso de una ciudad, como el caos vehicular, las diferentes formas de contaminación y las asimetrías socioeconómicas.

Este último punto podría interpretarse como la génesis de los problemas de inseguridad, pero también da pie a una tendencia de las clases conservadoras que es la de criminalizar la pobreza. Evidentemente, la desigualdad social y económica es considerada por diferentes estudios como una causa estructural de la delincuencia, pero también lo es la deficiencia del sistema educativo, la debilidad institucional o la desintegración familiar.

A principios del siglo XXI hubo una gran oleada de emigración principalmente hacia Europa. Muchas madres y padres viajaron para buscar una mejor vida para sus hijos, que se quedaron al cuidado de abuelas, tías, hermanos o algún otro apoderado. Un estudio realizado en 2022 por María del Carmen Ledo, investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, llamado «Efecto de las migraciones en las concentraciones urbanas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, Bolivia», refleja esta realidad.

«Los hogares en los que la madre está ausente son más vulnerables debido a que la maternidad a distancia implica en origen una serie de arreglos que realiza el jefe de hogar con la participación de otros miembros que están al lado de la madre y complejizan las relaciones familiares. Se observan signos de ruptura familiar, producidos por la ausencia de los padres y el remplazo de las abuelas que quedaron al cuidado de los hijos, demostrando el rol protagónico encargado a la parentela de la mujer, en especial de las abuelas, que asumen la sobrecarga que significa la crianza de los nietos», dice una de las conclusiones.

Esto se comenzó a evidenciar a mediados de la primera década del nuevo siglo. En Santa Cruz surgió una nueva categoría de delincuentes, «los auteros». El modus operandi era robar un auto y pedir rescate por él. Las negociaciones se hacían en la cárcel de Palmasola. Detuvieron a varios en diferentes operativos, especialmente entre 2008 y 2009. Un denominador común es que eran jóvenes cuyas madres, padres o ambos eran migrantes. Recibían remesas, celulares, ropa de marca y otros lujos habitualmente, pero para entonces Europa y Estados Unidos vivían una recesión económica y los padres no podían enviar lo mismo que antes.

Estos casos sirven de ejemplo para desmitificar que la criminalidad tiene que ver solo con la precariedad. De hecho, la circulación de dinero proveniente de las remesas incentivaba una sensación de ascenso social que no era real. 

La delincuencia también está asociada al consumo de drogas, legales e ilegales, de acuerdo con la visión de Naciones Unidas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, s.f.) en Bolivia, en su página oficial:

Uno de los problemas que enfrenta Bolivia son los altos índices de prevalencia anual de consumo de drogas lícitas e ilícitas, por la población en edad escolar, de 13 y 17 años de edad: el 35,4% consume alcohol; 12,5% tabaco; y, el promedio de consumo de marihuana, inhalables, pasta base, cocaína y otras drogas ilícitas alcanza el 5,1%. Este problema puede estar asociado a los altos índices de violencia intrafamiliar, particularmente de la mujer y los niños/as, embarazos no planificados de adolescentes, violencia entre pares, organización de pandillas juveniles, delincuencia y criminalidad.

El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) realizó un estudio en 2023 que revela que en Santa Cruz una de cada 100 personas ha probado la cocaína. Otro informe del Ministerio de Salud y la UNODC muestra que la mayoría de los consumidores de alcohol está en Santa Cruz. Un 85,7% lo consume o lo ha consumido alguna vez. El mismo estudio dice que un 25,7% de esos consumidores tiene problemas familiares.

No obstante, el generador de violencia no es necesariamente el consumo si no el negocio ilícito del tráfico de drogas. «El narcotráfico ha mutado la delincuencia en Bolivia, pasando de una producción rural aislada a redes del crimen organizado transnacional. Esta transformación ha incrementado de manera directa los índices de violencia en el país, manifestándose en delitos como el sicariato, secuestros, ajustes de cuenta y lavado de dinero, con focos principales en regiones como Santa Cruz», señala un informe del Índice Global de Delincuencia Organizada (Ocindex, por sus siglas en inglés), la herramienta que mide los niveles del crimen en diferentes aspectos a nivel global.

Control del relato

Qué hacer con la inseguridad, el narcotráfico y la violencia machista es una pregunta que está en todas las propuestas de gobierno en diferentes instancias, sea nacional, departamental o municipal. Hay respuestas que van desde encontrar explicaciones en la raíz del problema hasta medidas punitivas, una tendencia fuerte hacia la doctrina de la securitización, que en los hechos puede generar más violencia si tomamos algunos ejemplos como Colombia o México.

Pero una categoría que no se incluye y que nadie discute es la violencia política, que no es una novedad, sino que fluye cada tanto. Nos referimos a aquella violencia que se genera a partir de las grandes diferencias ideológicas que abarcan cuestiones de clase, regionalistas, políticas e incluso de facciones distintas de un mismo partido —caso del MNR en los años 50—.

Destacamos tres momentos disruptivos. La década de 1950 con el Plan Bohan, la apertura de la carretera a Cochabamba y el gobierno del MNR. Los años 70, con las dictaduras militares, especialmente la de Hugo Banzer Suárez, que da lugar por un lado al agronegocio[3] y por otro al auge del narcotráfico. Finalmente, a partir del 2006, los 20 años del gobierno del MAS, en los que se instrumentaliza la demanda de autonomía. Todos estos periodos están relacionados con momentos clave para el crecimiento de Santa Cruz en lo que la elite cruceña denomina «el modelo de desarrollo cruceño». Pero también cada uno está vinculado a momentos de violencia de diferente tipo, principalmente relacionada con los gobiernos. Es decir, violencia política.

Durante todo este relato de periodos, aparición de nuevas formas de violencia, auges de narcotráfico y clivajes políticos, se mantiene un denominador común, el crecimiento de la economía.

Los medios de comunicación tradicionales más grandes establecieron sus bases en Santa Cruz. Hablamos del diario El Deber y las redes de televisión Unitel, Red Uno y PAT. Ahora también han dado el salto al espectro digital para mantener su nivel de influencia. El formato establecido en los principales canales de televisión es el sensacionalismo. La sensación de violencia es permanente si uno se guía por los medios. Tiene la misma relevancia noticiosa un asalto que un intento de golpe de Estado, un feminicidio que una represión. La idea es mantener la sensación de inseguridad porque eso es «lo que vende». El morbo vende siempre y cuando sea controlado. Porque cuando hay un gobierno afín a las elites se matiza la situación. Los problemas dejan de ser culpa del gobierno y pasan a ser de los actores civiles o de la oposición.

Es ampliamente conocido el descontento que se reflejó en los medios durante el largo periodo del MAS con Evo Morales y Luis Arce, más allá de ver si era justificado o no. Lo cierto es que con el gobierno de Rodrigo Paz y antes con el gobierno de Jeanine Áñez no se midió con la misma vara. Las principales cadenas de televisión y los diarios tradicionales líderes en cada departamento siempre tuvieron una línea de oposición al gobierno del MAS, que derivó en una estigmatización sobre todo lo que no se ajuste al patrón de ideario conservador. Los propietarios de la mayoría de estos medios son empresarios pertenecientes a elites conservadoras.

Las disidencias sexuales, los migrantes del occidente del país o quienes profesaban divergencias ideológicas eran catalogados bajo el mote de «masistas» u otros calificativos que se volvieron despectivos, como «zurdo» o «comunistas». Esto se masificó con el crecimiento de las redes sociales. Según la plataforma Semrush, que mide el tráfico digital, en Bolivia los líderes de visitas son la red Unitel, El Deber, Red Uno y Eju TV. Todos pertenecientes a grupos empresariales con intereses políticos y con base en Santa Cruz.

En el ranking de junio de 2026, la plataforma Semrush registra 1,12 millones de visitas a Unitel; 671.670 a El Deber; 661.680 a Red Uno y 379.139 a Eju TV. Son los sitios web más consultados de Bolivia, de acuerdo a estos datos, muy por encima de otros medios tradicionales como La Razón, de La Paz, o Los Tiempos, de Cochabamba, o de nativos digitales como Brújula Digital o Urgente.bo, por nombrar algunos, aunque la línea editorial varía muy poco entre todos.

Durante el actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira manejan una línea oficialista que promueve discursos confrontacionales al replicar el discurso gubernamental que criminaliza la protesta, y también dando voz sin ninguna crítica a actores radicales en Santa Cruz que enarbolan banderas regionalistas con tintes separatistas y mucho contenido racista.

El disciplinamiento

Un ejemplo emblemático es la cobertura de los paros cívicos llevados a cabo consecutivamente en 2019, 2021 y 2022 (de 19, 10 y 36 días, respectivamente). Todos fueron liderados por el exgobernador y expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El primero terminó en la renuncia del presidente Evo Morales, con el consiguiente conflicto durante la asunción de Jeanine Áñez que incluye las masacres de Sacaba y Senkata, en las que murieron 21 manifestantes que protestaban contra el gobierno de Áñez.

Para la prensa cruceña, esta fue una gesta heroica y una movilización ciudadana espontánea. Fue reflejada en varias columnas de opinión y editoriales en sus páginas web, pero también en los voceros elegidos para dar las noticias. Los otros dos paros fueron movilizaciones impulsadas desde la Gobernación. El argumento del de 2021 era impedir que se dicte una ley de investigación de fortunas, a la que se sumaron transportistas y gremiales, convenientemente. Lograron el objetivo. El paro de 2022 exigía que no se postergue el Censo Nacional de Población y Vivienda planificado para ese año. Finalmente, no se logró ese objetivo y el Censo se realizó en 2024.

No obstante, en los tres episodios se generó un clima de mucha violencia, discriminación y racismo en Santa Cruz, que fue soslayado, minimizado y hasta justificado por los medios hegemónicos. Esa mirada cambia de manera evidente cuando las protestas vienen del campo popular. Por ejemplo, las manifestaciones en contra del gobierno de Rodrigo Paz. Mientras los bloqueos en Santa Cruz se mostraban como una gesta heroica del «pueblo», los del occidente, principalmente los de El Alto y el Chapare, están llenos de descalificaciones. «Salvajes» y «terroristas» son los términos más repetidos en los voceros oficiales o progubernamentales. «Llamas», «indios de mierda» y otros insultos arrecian ya sin filtro en las redes sociales, con los consiguientes llamados a la represión, el separatismo y otras consignas violentas, sin que haya espacio para la reflexión o posiciones intermedias en los espacios informativos.

Un remanente de la dirigencia del MAS en Santa Cruz dio una conferencia de prensa el 12 de mayo de este año intentando expresar su descontento por la crisis del país. Convocaron a la misma en la Manzana 1, en pleno centro de la capital cruceña. Un grupo de dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista llegó a interrumpir la conferencia y entre al menos cuatro personas empezaron a agredir al dirigente masista Reynaldo Ezequiel. Lo golpearon con un cinturón, símbolo tradicional de disciplinamiento en la lógica conservadora local, y luego fueron a los golpes. Ezequiel se defendió como pudo y luego tuvo que huir. Todo esto ocurrió delante de las cámaras que registraban con morbo y entusiasmo la escena.

La noticia se difundió instantáneamente por todos los medios y en todos los titulares se hablaba de «enfrentamiento», no de agresión. Aunque algunos sí consignaron la agresión, pero como una forma de disciplinamiento. «Reynaldo Ezequiel, dirigente evista, es ‘chicoteado’ en plena plaza», tituló la web de El Deber. Luego agregó en su sumario: «Reynaldo Ezequiel fue increpado por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista que rechazan los bloqueos de rutas en Santa Cruz. La situación derivó en enfrentamientos físicos, gritos e intervención de la Guardia Municipal»[4]. La justificación de la agresión aducida por los unionistas era que quienes convocaron a la conferencia, en su mayoría mujeres, estaban «provocando a Santa Cruz». Durante los siguientes tres días hubo repercusiones de la noticia aplaudiendo, justificando y burlándose de la agresión en las redes sociales. No hubo columnas de opinión al respecto rechazando la violencia.

No obstante, el fantasma del MAS sigue vigente en forma de Edmand Lara, de Otto Ritter, de Johnny Fernández, de cualquier actor político que no se adecúe al imaginario conservador dominante, llegando a niveles de absurdo. Durante la campaña por la segunda vuelta de la Gobernación, en 2025, la estrategia más utilizada para la guerra sucia era acusar de «masista» al contrario. Para distanciarse del MAS, el falangista Otto Ritter tuvo que salir a responder, recordando que fue abogado de los implicados en el caso Terrorismo y que siempre militó en la Falange Socialista Boliviana (FSB), partido histórico de derecha.

El delirio en las redes sociales llegó a tal punto que el término socialista en FSB fue asociado con la izquierda. Es cierto que el Movimiento al Socialismo fue una sigla creada por un líder de Falange y fue vendida al Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), pero eso no quita la esencia histórica de FSB. Sin embargo, para el relato coyuntural todo servía.

El hecho de que alguien tan representativo, toda su vida, de ese imaginario conservador cruceño —tradicionalista, blancoide, de ascendencia europea, heteropatriarcal— como Ritter sea colocado en la vereda de enfrente muestra la capacidad de disciplinamiento de las elites reaccionarias cruceñas.

También lo vivió de esta manera el exalcalde Percy Fernández en la década de los 90, cuando tuvo la osadía de cuestionar a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente, que manejaban toda la institucionalidad cruceña de manera homogénea. Tal desafío le costó perder la Alcaldía, pese a la enorme popularidad que ostentaba. Su retorno a la silla de la Alcaldía en el nuevo siglo estuvo condicionado a ese disciplinamiento. Se acabaron las críticas al establishment, a las logias, a los cívicos, y más bien se alineó a ellos.

La Santa Cruz que no aparece

Se podría decir que Santa Cruz es una sociedad cosmopolita, pese a que predomina el discurso del imaginario conservador. En esta ciudad, en 2000, se realizó el primer desfile del Día del Orgullo Gay, como el mismo movimiento lo denominó entonces. La colectividad LGBTI+ de Santa Cruz es una de las primeras y más organizadas del país.

Si hablamos de política, hay hitos progresistas importantes como la revolución federal igualitaria de Andrés Ibáñez; la nacionalización de los hidrocarburos, propiciada por parlamentarios cruceños como Dionisio Foianini, Humberto Vásquez e incluso el presidente Germán Busch; la reforma urbana llevada adelante por el MNR en los años 1950 y 1960, que dio tierra a las familias más pobres; dirigentes sindicales de talla nacional como Virgilio Vega o Adolfo Román hijo; la recuperación de la autonomía municipal; la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob); la participación popular e incluso la autonomía departamental.

No obstante, nada de lo mencionado, ni la fuerte migración del occidente, ni los colectivos organizados ni los hitos progresistas, aparece en el imaginario conservador cruceño. No se lo estudia en el colegio ni en la Universidad, no se lo reflexiona en espacios de debate y mucho menos se visibiliza en los medios hegemónicos. Pero existe. Esa contradicción entre el «deber ser» o «pretender ser» y lo que «es en realidad» genera tensiones que acentúan la violencia en sus diferentes formas.

La sociedad cruceña en algún momento tiene que reflexionar y darse cuenta de que no es hegemónica, que en las mismas ciudades coexisten diferencias étnicas, de clase, ideológicas y generacionales. Que las canciones del folclore ya no reflejan nuestra profundidad histórica, reflejan solo una parte. Que más allá del miedo que se tenga a admitirla, la realidad existe. La disidencia es real, la convivencia también es real, por tanto, hablar de avasallamiento o colonización como un peligro para la existencia de la sociedad cruceña son simples pretextos de una elite que en realidad tiene miedo de perder sus privilegios de clase.

Referencias bibliográficas

Catoira, R. (1998). Las luchas sociales en Santa Cruz. Editorial Universitaria.

Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. (2023). Estrategia nacional contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Ministerio de Gobierno de Bolivia.

Hudson, R. A. y Hanratty, D. M. (Eds.). (1991). Bolivia: Un estudio de país. División de Investigación Federal, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Instituto Cruceño de Estadística. (2025). Encuesta de sociodemografía: Región metropolitana de Santa Cruz. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Ledo, M. del C. (2022). Efecto de las migraciones en las concentraciones urbanas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, Bolivia. Universidad Mayor de San Simón.

Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. (2025). Dossier de estadísticas en seguridad ciudadana 2019-2024. Ministerio de Gobierno de Bolivia. https://obscd.mingobierno.gob.bo

Vargas, M. (2025). Estudio de los cambios en la distribución de la población en el Departamento de Santa Cruz, con datos censales. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.


[1] Ver nota: https://eju.tv/2014/03/hay-800-000-razones-para-creer-que-el-cruceo-nace-donde-quiere/.

[2] Todos los datos del Censo 2024 presentados en este texto, fueron extraídos de la página web del Instituto Nacional de Estadística: ine.gob.bo.

[3] Modelo de producción agroindustrial a gran escala, enfocado en la soya, el azúcar, el girasol y la ganadería.

[4] Ver nota: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/reynaldo-ezequiel-dirigente-evista-chicoteado-plaza-24-septiembre_1778610572.

Gerson Rivero Parada es periodista desde 1997. Ha sido editor en el diario El Deber; jefe de redacción de La Razón; director de El Día; gerente de informaciones de Bolivia TV y jefe de prensa de PAT, entre otros trabajos.

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