La cuadrícula sobre la cuenca
La producción legal de la violencia minera en la Bolivia rural
En Bolivia, la violencia de la minería aurífera se produce dentro del procedimiento administrativo regular, no requiere ilegalidad ni excepción. Este artículo sostiene que, en la admisión del trámite minero, predomina un análisis esencialmente catastral, centrado en la inexistencia de derechos mineros previamente otorgados. Esta lógica convierte el territorio en una superficie de disponibilidad administrativa, donde la cuadrícula jurídica prevalece sobre las cuencas hidrográficas y los sistemas productivos que sostienen la vida rural. A partir del análisis de proyectos de ley, correspondencia oficial y carpetas de contratos mineros, el texto reconstruye tres dimensiones de este proceso: la subordinación de la protección campesina a la garantía de disponibilidad extractiva, la violencia lenta que va del expediente al cuerpo a través de la bioacumulación de mercurio y la conversión del campesino en minero como captura de la voluntad bajo presión material y climática. Nombrar esta violencia legal es el primer paso para disputar su condición de normalidad.
En Soracachi, Oruro, una presa construida para garantizar agua a familias campesinas terminó convertida, administrativamente, en territorio potencialmente minero. Tras años de coordinación y gestión institucional, y durante la etapa de construcción de la obra para microriego, financiada con recursos públicos y fondos de préstamo provenientes de un organismo internacional, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)[1] admitió el trámite para el área minera Masicruz Churiwapunta, cuyas cuadrículas mineras se superponían a la presa, además de parte del origen del caudal que la alimentaba y su área de influencia hídrica.
El caso ilustra con claridad una de las contradicciones más profundas del modelo extractivo boliviano: mientras el Estado destina limitados recursos públicos a sostener economías campesinas en territorios de alta escasez hídrica, sus propias instituciones habilitan simultáneamente trámites para la otorgación de derechos mineros sobre las mismas fuentes de agua destinadas a garantizar la supervivencia productiva de familias en condición de pobreza.
En Cotagaita, comunidades de la Nación Chichas expresaron de manera reiterada durante el 2021 y 2022 su contundente rechazo a la incorporación de un proyecto minero, manifestando su voluntad de preservar su identidad campesina y proteger las tierras de las que depende su producción agrícola y su forma de vida.
Estas realidades evidencian una violencia lenta[2] y sistemática, profundamente ligada a decisiones y omisiones del Estado. Las comunidades indígenas y campesinas son víctimas de malas políticas públicas y de un capitalismo salvaje que degrada el agua, el suelo y las bases de su organización comunitaria, desplazándolas de sus formas tradicionales de producción. Tras años de resistencia y de soportar los impactos en la salud, ambientales, sociales y económicos de la minería, muchas familias terminan incorporándose a los últimos eslabones de la propia cadena extractiva.
El agua como condición material de reproducción campesina
Producir verduras a más de 3500 metros de altura no es fácil; las condiciones climáticas son particularmente adversas. Para sostener la producción en Soracachi, pequeños productores, una asociación de regantes, autoridades municipales y departamentales impulsaron la construcción de una presa de microriego destinada a asegurar el acceso al agua y reducir la vulnerabilidad agrícola de la zona.
Mientras la presa tomaba forma, la AJAM ya avanzaba en sentido contrario sobre ese mismo territorio. Consultada formalmente, la institución —por medio de su Dirección Ejecutiva— confirmó en septiembre de 2024 que había admitido el trámite de solicitud de derechos mineros y había emitido el Certificado de Área Minera Libre (Resolución Ministerial N.º 096/2020). El documento establece además que el criterio fundamental para otorgar dicho certificado consiste únicamente en verificar la inexistencia de derechos mineros o solicitudes previas superpuestas sobre el área requerida. En otras palabras, el procedimiento administrativo en esta instancia prescinde de una evaluación sustantiva del territorio: la existencia de presas, sistemas de microriego, infraestructura hídrica o incluso fuentes de agua superficiales y subterráneas no constituye, por sí misma, una causal suficiente para impedir la admisión ni el curso de la solicitud minera hacia el Contrato Administrativo Minero (CAM), la concesión que sella el derecho a explotar.
La existencia física de la presa de microriego o los 21.626.311,22 bolivianos aproximadamente invertidos en su construcción no pudieron parar el curso de los trámites. El expediente del CAM siguió su marcha hasta que la obra final y la inauguración de la presa coincidieron con la consulta del proyecto minero, y fue en ese mismo acto donde los productores, las autoridades locales y la asociación de regantes advirtieron que de ella dependía la supervivencia de al menos 126 familias campesinas.
En plena etapa de consulta previa, la AJAM reconoció oficialmente que no contaba con información técnica georreferenciada sobre la presa de microriego, atribuyendo dicha omisión a la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), institución pública responsable de la ejecución del proyecto hídrico. En reuniones posteriores, a las que asistí en presencia de miembros de la Asamblea Legislativa, funcionarios de la unidad de asuntos legales de la AJAM en septiembre del 2024 reiteraron que la institución simplemente no disponía de las coordenadas del proyecto ¿Cómo pudo una infraestructura hídrica financiada con recursos públicos permanecer administrativamente invisible dentro del procedimiento de otorgación de derechos mineros?
Bastaba la falta de comunicación entre las instituciones del Estado para volver invisible una infraestructura hídrica estratégica. Mientras una entidad pública se endeudaba e invertía para garantizar el agua de la producción agrícola, la otra tramitaba en simultáneo las cuadrículas mineras. Según la AJAM, la empresa minera Inti Cururo S.R.L. anunció el desistimiento de 26 cuadrículas, 650 hectáreas en total, cuando el trámite ya iba en etapas avanzadas. La propia AJAM admitió, al final, que no tenía competencia para pronunciarse sobre el agua.
Esta respuesta estaba diseñada para desplazar el debate hacia un supuesto desconocimiento de competencias institucionales. Obviamente, el cuestionamiento no radicaba en exigir a la AJAM pronunciamientos técnicos sobre el agua, sino en evidenciar cómo sus propios procedimientos institucionales afectan directamente las inversiones del Estado y la vida de las familias campesinas. La invocación de incompetencia sobre temas hídricos no elimina los efectos territoriales de las decisiones de la política minera; por el contrario, evidencia un modelo administrativo fragmentado, en el que ninguna entidad asume una evaluación integral de las tensiones entre el agua, la producción campesina y expansión extractiva. En la práctica, la tramitación minera puede avanzar sin verificaciones territoriales mínimas, sin reconocimiento en campo e incluso sin el uso previo de herramientas básicas de observación satelital del terreno como Google Earth.
Aunque actores del sector minero denuncian de manera recurrente la lentitud de los procedimientos administrativos, casos como este sugieren una interrogante más profunda: ¿cuántos trámites nunca debieron ser admitidos por la AJAM desde un inicio? La sola ausencia de superposición con otros derechos mineros opera como criterio suficiente para habilitar operaciones que afectan los sistemas productivos campesinos, suelos y fuentes de agua esenciales para la reproducción material de las comunidades rurales.
Más allá de un problema técnico o procedimental, existe en las operaciones de nuestras instituciones una jerarquía implícita de prioridades estatales. La protección efectiva de sistemas campesinos y de los pequeños productores queda subordinada a un modelo administrativo orientado prioritariamente a garantizar la disponibilidad de los territorios para actividades extractivas. Y ello ocurre apenas en la fase inicial del trámite minero, antes incluso de la aprobación de actividades de exploración o explotación.
El empleo se cultiva, no se extrae
Una de las justificaciones más recurrentes para defender la expansión de la minería en Bolivia es su supuesta capacidad para generar empleo y sostener la economía nacional. En esta lógica, los impactos socioambientales suelen presentarse como un costo inevitable del «desarrollo». Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta. En Bolivia, la tierra continúa siendo uno de los principales sostenes del empleo y de los medios de vida. La agricultura familiar concentra entre el 92% y el 96% de las unidades productivas agropecuarias del país, involucrando de manera directa a más de tres millones de personas. De las aproximadamente 872000 unidades productivas existentes, alrededor de 725000 pertenecen a pequeños productores y familias campesinas. Pese a operar sobre cerca del 68% de la superficie agrícola, este sector produce el 98,5% de los alimentos que conforman la canasta básica familiar y genera el 61% del volumen total de la producción nacional. Asimismo, aporta el 96% de los 39 productos esenciales de consumo cotidiano —entre ellos hortalizas, tubérculos y frutas— (Solar Maraz, 2025), consolidándose no solo como el principal proveedor de alimentos del país, sino también como una de las mayores fuentes de empleo, ingresos y reproducción económica para la población boliviana. El valor estratégico de la tierra trasciende su función productiva y constituye la base material del empleo rural, la seguridad alimentaria y la subsistencia de millones de bolivianos.
Durante la gestión 2025, las regalías mineras alcanzaron un récord histórico de USD 309,67 millones, lo que representa un incremento del 29,7% respecto al promedio registrado entre 2021 y 2024 (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2026). Detrás de esta cifra, sin embargo, permanece una pregunta fundamental: ¿Cuánto representa realmente ese ingreso frente a los costos que la expansión minera impone sobre la salud, el agua, los territorios y los medios de vida de miles de familias? Mientras las regalías baten récords, la contaminación por mercurio y cianuro se expande, las fuentes de agua se degradan y las comunidades continúan asumiendo costos que difícilmente pueden cuantificarse en términos económicos. Vista desde esa perspectiva ambiental, la aparente bonanza minera se vuelve cuestionable, y todavía más si se considera su verdadero aporte a la economía nacional.
A pesar de que el precio internacional del oro alcanzó un promedio histórico de USD 3387,72 por onza troy en 2025, la Ley Marco de Minería y Metalurgia N.º 535 establece, en su artículo 227, una regalía de apenas 2,5%. A ello se suma un problema estructural de transparencia. Las regalías se calculan únicamente sobre la producción formalmente declarada, por lo que las estadísticas oficiales no reflejan el volumen real de oro extraído. La falta de un sistema efectivo de trazabilidad impide conocer con precisión el origen del oro producido en el país. En la práctica, el oro extraído en un municipio puede ser registrado como si proviniera de otro, alterando las estadísticas oficiales y la distribución de regalías.
En estas condiciones, una regalía del 2,5% difícilmente puede compensar los impactos de la minería sobre las comunidades y el ambiente. Sin embargo, el verdadero problema es el caos que rodea la producción y comercialización del oro. Si el Estado no puede determinar con precisión cuánto se extrae, de dónde proviene ni quién lo comercializa, tampoco puede recuperar lo que le corresponde, exigir responsabilidades ni asegurar la reparación de los daños ambientales.
La AJAM reduce el territorio boliviano a una superficie jurídicamente disponible para actividades extractivas
Durante las legislaturas 2022–2023 y 2023–2024, el Ministerio de Minería remitió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley N.º 236, correspondiente a 23 contratos administrativos mineros que involucraban aproximadamente 376 cuadrículas, equivalentes a 9400 hectáreas, y el Proyecto de Ley N.º 036, relativo a 19 contratos que abarcan 358 cuadrículas o 8950 hectáreas.
En esencia, dichos proyectos representaban la fase final de procedimientos administrativos que habían avanzado durante años bajo supervisión de la AJAM y que únicamente requerían aprobación legislativa para consolidar la otorgación de derechos mineros por un periodo de 30 años. Todos los proyectos mineros presentaban cuadrículas superpuestas sobre cuerpos de agua, incluidos ríos, lagunas y áreas de pastoreo. Sin embargo, ninguno de los trámites incorporaba el estudio ambiental multisectorial previsto en la Ley Marco de Minería y Metalurgia N.º 535. Las carpetas carecían de informes sociológicos integrales, los cuales, en teoría, permitirían identificar el número de comunidades afectadas, la población involucrada y las actividades productivas potencialmente impactadas por los proyectos mineros.
Es la propia AJAM —la entidad encargada de promover y administrar los procedimientos para la obtención de un contrato administrativo minero— la que, mediante estos informes sociológicos, define el sujeto de consulta dentro de los procesos de consulta previa. En la práctica, el universo de afectados se reduce a las comunidades sobre las que recae la mayor parte de las cuadrículas mineras, mientras otras comunidades parcialmente afectadas —aunque también comprendidas dentro del área de influencia del proyecto— pueden quedar excluidas de la consulta por presentar una menor superficie de superposición. En la mayoría de los casos, los procesos de consulta terminan limitándose a una o dos comunidades, privilegiando criterios de delimitación administrativa antes que una evaluación integral de los impactos territoriales y de las interdependencias hídricas existentes. Incluso en proyectos ubicados en cabeceras de cuenca o vinculados a sistemas de agua compartidos, la definición de los afectados queda subordinada a los criterios operativos de la AJAM, antes que a las dinámicas reales de uso, dependencia y circulación del agua.
El análisis de las 19 carpetas correspondientes a los contratos contenidos en el Proyecto de Ley N.º 036 revela un patrón sistemático de precariedad de control ambiental dentro de los propios instrumentos técnicos que sustentan la expansión minera. De los 19 contratos revisados, 18 estaban destinados a explotación aurífera del oro. Sin embargo, únicamente cinco mencionaban alguna medida concreta de mitigación ambiental, como diques de colas o pozas de sedimentación; el resto avanzaba prácticamente sin detallar mecanismos específicos de control, contención o manejo de impactos ambientales.
Los Planes de Trabajo de ambos proyectos de ley, aprobados por el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), la entidad estatal a cargo de la supervisión técnica y geológica de la actividad minera, exhiben una brecha presupuestaria que lo dice casi todo. Millones de dólares se destinaban a maquinaria, operación y expansión extractiva, mientras los componentes ambientales, sobre todo los estudios ambientales y los trámites de licenciamiento, se resolvían, en el mejor de los casos, con partidas de entre 2000 y 10000 bolivianos. La dimensión ambiental no pasaba de ser un requisito administrativo mínimo de la licencia ambiental, subordinado por completo a la lógica de habilitar el proyecto minero.
La superficialidad técnica de estos instrumentos resulta especialmente grave tratándose de minería aurífera. Seis planes reconocían expresamente el uso de explosivos —incluida dinamita—, incluso cerca de riberas de ríos. El resto no necesariamente prescindía de dichas prácticas; simplemente no las declaraba. Algo similar ocurría con el mercurio. Únicamente cinco documentos admitían expresamente su utilización para la recuperación de oro fino y dos contemplaban inversiones en tecnologías menos contaminantes, como sistemas gravimétricos. Es decir, la omisión no implica ausencia de uso, sino ausencia de obligación de transparentarlo.
Si bien existe un problema con la voluntad de los actores mineros en ejecutar una correcta mitigación de los impactos que generan, el propio diseño institucional de los procedimientos administrativos de aprobación de derechos mineros excluye cualquier análisis exhaustivo de impactos antes de que la Asamblea Legislativa apruebe o rechace contratos que, en la práctica, ya cuentan con el visto bueno del Órgano Ejecutivo.
Los formatos de Planes de Trabajo aprobados por la AJAM y SERGEOMIN no exigen niveles mínimos de precisión sobre sustancias utilizadas, riesgos ambientales, afectación hídrica o impactos territoriales acumulativos. En consecuencia, trámites para operaciones con potenciales efectos severos sobre ríos, suelos, salud o dinámicas sociales de las comunidades rurales pueden avanzar durante años con información fragmentada, insuficiente y técnicamente deficiente.
Es particularmente preocupante que estos mismos Planes de Trabajo constituyan el principal documento técnico presentado por los actores mineros durante las reuniones de consulta previa. El territorio deja así de ser entendido como un sistema ecológico y social interdependiente, para convertirse en una superficie fragmentada de disponibilidad administrativa, donde la delimitación jurídica de la cuadrícula minera prevalece sobre las dinámicas hídricas, productivas, comunitarias que sostienen la vida rural y el conjunto del mundo vivo y su biodiversidad.
Tras la revisión de más de 40 carpetas de antecedentes de contratos mineros[3], ninguno de los Planes de Trabajo contemplaba medidas concretas para evitar o reducir impactos sobre pequeños productores rurales. Los documentos no analizaban cómo el tránsito constante de maquinaria pesada afectaría caminos comunales, sistemas de acceso, rutas de transporte local o infraestructura utilizada diariamente por las comunidades. Tampoco evaluaban cómo la instalación de campamentos, la remoción de vegetación o la expansión de infraestructura minera alterarían actividades agrícolas, áreas de pastoreo o las condiciones materiales de vida de la población local.
En ninguna etapa del procedimiento se identificaron planes de desarrollo social, estrategias de compensación de largo plazo ni mecanismos orientados a abordar los impactos acumulativos sobre las comunidades rurales. En el mejor de los casos, los Planes de Trabajo mencionaban la eventual contratación de mano de obra local; uno de ellos incluso utilizaba expresamente el término contrato de «peones».
Las actas de las reuniones de consulta previa —muchas reducidas a apenas a un párrafo— registraban preguntas recurrentes de los comunarios sobre cuántos empleos serían generados y qué tipo de trabajo estaría disponible. La expectativa de incorporación laboral reflejaba el interés de las comunidades por ser consideradas dentro de proyectos que transformarían directamente sus territorios. Sin embargo, como ocurre frecuentemente en economías extractivas, los trabajos ofrecidos correspondían principalmente a labores temporales, precarias y de baja calificación, como apertura de zanjas, limpieza de áreas o apoyo operativo esporádico.
La promesa de empleo aparece como un mecanismo de absorción momentánea dentro de un proceso más amplio de desestructuración de la vida campesina. La lógica extractiva no solo transforma el territorio físico; reconfigura también las relaciones sociales y las condiciones de reproducción de las comunidades.
Las familias campesinas pasan gradualmente de ser sujetos productivos relativamente autónomos a depender de ingresos temporales, inestables y subordinados a economías extractivas externas. El campesino deja de ser concebido como productor y custodio del territorio para convertirse, progresivamente, en mano de obra disponible para actividades que erosionan las mismas bases materiales que sostenían su reproducción social.
En los encuentros donde las comunidades afectadas buscan articular una respuesta colectiva y sostener sus disputas legales, el primer gesto suele ser la exposición de fotografías de su propia producción: hortalizas, flores, caminos abiertos con el esfuerzo comunitario, sistemas de riego, centros de acopio. No son figuras de un territorio vacío a la espera de la extracción, sino la economía real que sostienen el trabajo, la organización comunitaria y una adaptación que no da tregua frente a condiciones adversas, sobre todo en lo relativo al cambio climático.
El constante despojo de lo común
En noviembre de 2024, comunarios de Tres Marías, en el municipio de Yanacachi (Yungas de La Paz), denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de actores vinculados a la minería aurífera que operaban con maquinaria pesada, explosivos y presencia policial[4] en áreas destinadas a la producción de flores. Según la comunidad, las actividades extractivas comenzaron a afectar la infraestructura local, los caminos rurales, el río y la producción agrícola.
Tras los enfrentamientos del 19 de noviembre de 2024, varios dirigentes y comunarios fueron denunciados por presunto avasallamiento de áreas mineras. A raíz de una denuncia presentada por una cooperativa aurífera, la Fiscalía de Coroico ordenó la aprehensión de un campesino floricultor, además emitió órdenes de captura contra otros, incluido el secretario general de la comunidad. La acusación por este delito se ha convertido en un mecanismo recurrente para criminalizar a campesinos y pueblos indígenas que defienden sus territorios frente al avance de la actividad minera.
Los comunarios también denunciaron la creación de una supuesta comunidad, Ñequejahuira Cotapata, que, según afirmaron, habría sido utilizada para facilitar actividades mineras, pese a que no figura ni en el Censo de 2012 ni en el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016–2020 del municipio de Coroico. Desde el inicio de las operaciones extractivas se intensificaron los conflictos con las comunidades campesinas. La producción agrícola comenzó a deteriorarse, mientras caminos, puentes e infraestructura comunitaria fueron afectados por el tránsito de maquinaria. Los testimonios también describen amenazas y hostigamiento en un contexto de respaldo o permisividad de algunas autoridades locales hacia la actividad minera, profundizando la asimetría de poder entre las comunidades y los actores extractivos.
Aunque la Constitución reconoce y protege la propiedad colectiva y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, en la práctica estas garantías resultan insuficientes frente al poder económico, jurídico e institucional de la minería. Los operadores mineros cuentan con recursos para financiar maquinaria, operaciones prolongadas, representación legal, transporte de personal y, en algunos conflictos, grupos que ejercen presión o amedrentamiento contra quienes se oponen a la actividad extractiva. En contraste, las comunidades deben afrontar estos conflictos con recursos limitados, escaso acceso a asistencia técnica y profundas barreras para acceder a la justicia. La desigualdad deja así de manifestarse únicamente en el territorio y se reproduce también en el ámbito institucional, donde la capacidad económica determina quién puede sostener un litigio y quién termina renunciando a la defensa de sus derechos por falta de recursos.
Aunque la propiedad de la tierra permanezca formalmente en manos de comunidades indígenas o campesinas, los derechos otorgados mediante contratos administrativos mineros confieren a los operadores un amplio control sobre el territorio. Estos les permiten utilizar fuentes de agua superficiales y subterráneas, perforar pozos, aprovechar recursos forestales e instalar la infraestructura necesaria para la explotación. En la práctica, el derecho de propiedad pierde eficacia frente al alcance de los derechos mineros. El resultado es una transformación profunda del territorio: ríos alterados por explosivos, remoción de sedimentos y sustancias tóxicas como el mercurio o el cianuro dejan de sostener la agricultura, el pastoreo y los medios de vida de las comunidades.
La violencia lenta de la minería
Los efectos de esta ocupación territorial no se limitan a las áreas directamente intervenidas por la minería. Debido a la naturaleza interconectada de las cuencas hidrográficas, la contaminación y la degradación ambiental se extienden mucho más allá de los sitios de extracción, comprometiendo el acceso al agua y los medios de vida de poblaciones situadas aguas abajo. Esta expansión espacial de los impactos constituye una de las principales manifestaciones de la violencia lenta de la minería.
La violencia lenta es una forma de violencia que ocurre de manera gradual, dispersa y muchas veces fuera de la vista pública. No se manifiesta en un único evento dramático o repentino, sino a través de procesos de deterioro que se acumulan con el tiempo. Sus efectos pueden tardar años, décadas o incluso siglos en hacerse evidentes y suelen extenderse sobre amplios territorios (Nixon, 2011). Los incendios dejan un antes y un después que cualquiera puede ver y documentar. La contaminación del agua y el avance progresivo de la minería sobre los territorios agroproductivos no ofrecen esa claridad. Son violencia lenta, persistente y acumulativa, casi ausente en las discusiones políticas sobre estrategias de desarrollo.
Un estudio realizado por el Banco Mundial indica que aproximadamente el 17% de las cuencas hidrográficas, que abarcan cerca del 41% de la superficie del país, reciben aportes de agua que han atravesado zonas con actividad minera y, por tanto, podrían estar expuestas a riesgos de contaminación derivados de la minería. Asimismo, alrededor del 63% de la población consume agua proveniente de áreas donde existe actividad minera (Banco Mundial, 2013). Sin embargo, el estudio fue realizado antes del auge de la minería aurífera que se produjo a partir de 2014. En consecuencia, es probable que la magnitud actual de la exposición de cuencas, fuentes de agua y poblaciones a los riesgos asociados a la actividad minera se encuentre hoy sustancialmente subestimada.
Muchos efectos del extractivismo no se leen como violencia, aunque sus consecuencias sean profundas y, muchas veces, irreversibles. La biomagnificación, la deforestación y el cambio climático topan con obstáculos propios para la movilización social y la acción política. Sus efectos avanzan despacio y casi siempre fuera de la atención pública, y por eso la violencia lenta se subestima y apenas deja huella en la memoria colectiva (Nixon, 2011). Esos impactos corren en tiempos que exceden los ciclos electorales y, en la minería boliviana, exceden también la capacidad institucional del Estado.
Organizaciones en Bolivia en colaboración con centros de investigación han realizado esfuerzos para encontrar evidencia de esta violencia lenta a través de estudios de vigilancia biológica humana que evidencian la relación entre contaminantes derivados de la minería vertidos en los ecosistemas y la salud. Estos estudios requirieron de un esfuerzo conjunto, la participación de epidemiólogos, químicos analíticos, toxicólogos, estadísticos, médicos, sociólogos, entre otros.
En 2021, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) publicó un estudio de biomonitoreo en 1631 mujeres en edad reproductiva de Brasil, Venezuela, Colombia y Bolivia mediante análisis de cabello. Los resultados más alarmantes correspondieron a Bolivia: las mujeres indígenas Esse Ejja de Eyiyo Quibo y Portachuelo registraron la concentración promedio de mercurio más alta (7,58 ± 4,75 ppm) y el 93,7 % superó los umbrales internacionales de riesgo. Como no participaban en actividades mineras ni tenían contacto directo con mercurio, el estudio concluyó que la principal vía de exposición era el consumo de pescado contaminado por la minería aurífera (Bell et al., 2021).
Cuando la contaminación se vuelve herencia
En Bolivia, el mercurio se utiliza principalmente en la minería aurífera, especialmente en el sector cooperativizado. Su bajo costo comparativo, y disponibilidad han mantenido la amalgamación como el método predominante para recuperar oro, pese a la existencia de tecnologías más eficientes y menos contaminantes, como la gravimetría y la centrifugación. Aunque diversas organizaciones han advertido sobre los riesgos de la enfermedad de Minamata[5], la amalgamación sigue siendo percibida como una técnica simple, rápida y de baja inversión.
Pese a la amplia evidencia disponible, los efectos del mercurio siguen siendo subestimados. La limitada respuesta estatal no puede desvincularse de que sus principales víctimas sean comunidades indígenas y campesinas, especialmente mujeres en situación de vulnerabilidad. Más allá del diagnóstico, estas poblaciones continúan sin acceso a atención especializada, vigilancia epidemiológica, tratamiento oportuno ni mecanismos efectivos de reparación.
El auge del mercado aurífero ha intensificado los incentivos para expandir la extracción de oro. En 2025, la demanda mundial superó por primera vez las 5000 toneladas y el valor del mercado creció un 45 % respecto a 2024 (World Gold Council, 2026), impulsando también la demanda de mercurio. Aunque su uso por unidad de oro varía entre operaciones, estudios en Yani, Sorata y Riberalta documentan procesos altamente ineficientes que incrementan las emisiones y la contaminación del aire, el agua y los suelos (Campanini, 2020).
El problema trasciende las fronteras de Bolivia. Según el GIT OR, Bolivia es el único país de la región donde la importación de mercurio sigue siendo legal, lo que facilita su desvío hacia la minería ilegal en países vecinos y debilita el Convenio de Minamata. Según el Inventario Nacional de Fuentes de Emisión de Mercurio, la minería aurífera cooperativizada concentra el 82,3 % de las emisiones nacionales y libera más de 37,5 toneladas de mercurio al año (Campanini, 2020). En 2020, Bolivia fue el principal importador mundial de mercurio; en 2019 importó más de 200 toneladas (GIT OR, 2022; Viceministerio de Comercio Interno, 2021).
Una de las principales evaluaciones piloto sobre la materia fue desarrollado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Departamento de Toxicología de la Universidad de Cartagena y el Instituto de Servicios e Investigación en Salud (SELADIS) de la Universidad Mayor de San Andrés, con la participación de especialistas en toxicología y salud ambiental. La evaluación analizó alrededor de 865 muestras de comunidades amazónicas y generó evidencia contextualizada que refleja las condiciones locales y las particularidades de las poblaciones afectadas. Sus resultados, presentados entre 2022 y 2026, fueron difundidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, eventos públicos y medios nacionales e internacionales.
Los hallazgos, cuando se interpretan junto con la evidencia estadística, configuran un patrón clínico-epidemiológico que vincula la exposición a mercurio con afectaciones concretas a la salud de las mujeres ribereñas. No se trata únicamente de biomarcadores elevados, sino de daños ya expresados en síntomas que afectan la vida cotidiana de las afectadas.
La exposición crónica al mercurio en estas poblaciones puede provocar eretismo, acrodinia, polidactilia y otras malformaciones congénitas, además de manifestaciones asociadas a la enfermedad de Minamata. Desde una perspectiva general, los datos del estudio reflejaron que la mayoría de las comunidades evaluadas presentan niveles de mercurio en cabello superiores al valor de referencia propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Este patrón indica una exposición generalizada que conlleva riesgos sustanciales para la salud, especialmente para el sistema nervioso central y periférico, así como para el desarrollo neurológico. La amplitud de los rangos observados sugiere la existencia de casos extremos probablemente asociados a la ingestión frecuente de peces contaminados, lo cual es consistente con procesos de bioacumulación y biotransformación de mercurio en ecosistemas acuáticos afectados por la actividad minera.
Durante el evento público realizado en septiembre de 2025, se presentó uno de los hallazgos más relevantes del estudio: el 40% de las mujeres evaluadas manifestó haber sufrido al menos un aborto espontáneo. Asimismo, la elevada genotoxicidad identificada, evidenciada por el daño en el ADN de las células analizadas, particularmente en los linfocitos, sugiere un nivel importante de afectación biológica que podría estar asociado, entre otras manifestaciones clínicas, con la alta frecuencia de pérdidas gestacionales.
Durante la exposición pública de los resultados, los investigadores señalaron que el 60% de la población evaluada presentaba algún grado de hipocromía, principalmente moderada. Explicaron que este hallazgo puede estar asociado a alteraciones en la producción de hemoglobina, compatibles con anemia, pero también puede relacionarse con intoxicación por metales pesados.
En consecuencia, estos hallazgos constituyen no solo evidencia científica, sino también prueba de una violencia permanente y del incumplimiento estatal de prevenir, controlar y reducir la exposición al mercurio en comunidades vulnerables, especialmente mujeres, conforme al Convenio de Minamata y la Observación General N.º 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta realidad ilustra la violencia lenta: sus efectos se infiltran silenciosamente en los cuerpos, los ríos y las cadenas alimentarias, acumulándose durante años antes de hacerse visibles.
Que mujeres indígenas sin vínculo directo con la minería presenten niveles elevados de mercurio evidencia que los impactos del extractivismo trascienden los sitios de explotación y se expanden sobre territorios y poblaciones enteras. La violencia no termina con la exposición ni el diagnóstico: continúa en la falta de atención especializada, tratamiento, seguimiento, alternativas económicas y en las crecientes presiones del cambio climático. El daño trasciende el presente: se instala como una preocupación constante sobre la salud, las capacidades y las oportunidades de quienes heredarán estos territorios, erosionando no solo el bienestar actual de las comunidades, sino también su confianza en el futuro. La bioacumulación del mercurio proyecta la violencia más allá de la generación expuesta. Cuando una comunidad comienza a temer por el futuro biológico de sus propias generaciones, la contaminación deja de ser únicamente un problema ambiental o sanitario y se convierte en una amenaza a la continuidad misma de la vida.
La impunidad que perpetúa la violencia
El informe Delitos Ambientales en Bolivia: Situación de la persecución penal ambiental 2020–2026, elaborado por la Asociación Legal Justicia Ambiental con base en información oficial de la fiscalía general del Estado, registra 2246 causas por delitos ambientales entre durante dicho periodo. Sin embargo, nueve de cada diez procesos concluidos no derivan en una sanción penal efectiva. De mantenerse esta tendencia, para 2028 Bolivia registrará unas 893 causas anuales, con un índice de impunidad cercano al 93,7 % (Czaplicki, 2026). Esta impunidad constituye una forma de violencia: debilita la capacidad preventiva del derecho, transmite un mensaje de tolerancia frente al daño ambiental y deja a las comunidades afectadas sin mecanismos efectivos de protección y reparación.
Frente a este escenario, muchas comunidades financian con enorme esfuerzo la defensa de sus derechos utilizando los escasos ingresos que obtienen de la venta de su producción agrícola. Con esos recursos costean el traslado de sus dirigentes a las ciudades para presentar denuncias, asistir a audiencias o solicitar la intervención de las autoridades. Aun cuando logran activar procesos administrativos o judiciales, con frecuencia enfrentan hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, procesos penales y represalias que alcanzan también a sus familias. En numerosos territorios afectados por la minería, asumir un cargo de representación implica exponerse a riesgos personales que trascienden ampliamente la defensa del territorio.
El caso de la comunidad de Totoral Chico, en el Ayllu Antequera del departamento de Oruro, ilustra esta realidad. Tras ser agredidas físicamente por integrantes de un sindicato minero, varias mujeres viajaron a La Paz junto a sus hijos, aún con lesiones visibles, para denunciar los hechos. El hostigamiento fue tal que algunos niños dejaron de asistir a la escuela y, según los testimonios recogidos, personal de la propia unidad educativa mantenía una postura favorable a la actividad minera, reforzando la intimidación y privando a las familias de un espacio seguro incluso dentro de la escuelita comunitaria.
En las primeras actuaciones, las víctimas y los presuntos agresores fueron convocados a una misma reunión con el propósito de explorar una conciliación. Las mujeres manifestaron sentirse revictimizadas al verse obligadas a compartir el mismo espacio con quienes identificaban como sus agresores. Previamente habían solicitado que las reuniones se desarrollaran de manera virtual, debido al temor fundado de sufrir nuevas agresiones; sin embargo, las autoridades mantuvieron la modalidad presencial.
En una de las primeras reuniones fueron convocados representantes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pero no instituciones especializadas en la protección de la niñez, de las mujeres o de los derechos humanos. Esta decisión resulta particularmente significativa. Los hechos de violencia habían ocurrido apenas semanas antes —el 5 de abril de 2024— y varias de las víctimas continuaban desplazadas de su comunidad por razones de seguridad. Se trataba de madres acompañadas por sus hijos, mujeres adultas mayores y personas que aún no contaban con garantías para retornar a sus hogares.
En ese contexto, la prioridad institucional debió ser proteger a las víctimas, prevenir nuevas agresiones y garantizar su participación segura en el proceso. En cambio, el énfasis recayó en un conflicto sobre derechos mineros, convocando primero a la autoridad sectorial antes que a las instituciones responsables de proteger a personas en situación de vulnerabilidad. La ausencia de protocolos efectivos y de un enfoque centrado en las víctimas evidencia las limitaciones institucionales para responder a conflictos socioambientales marcados por violencia, asimetrías de poder y vulneraciones de derechos fundamentales.
El campesino convertido en minero
En distintas regiones mineras de América del Sur se observa una transformación creciente: comunidades locales han optado por incorporarse a la actividad minera en sus propios territorios, impulsando nuevas formas de minería de base comunitaria.
Con frecuencia, el primer paso hacia esta transición consiste en incorporarse como trabajador asalariado de una operación minera, ser empleados en su propio territorio. A partir de ahí, también surgen actividades económicas dependientes de la minería, como el transporte o la venta de alimentos. Las condiciones laborales en muchos enclaves mineros han sido denunciadas por su inseguridad, insalubridad y bajos salarios. La débil fiscalización sanitaria y ambiental agrava los impactos y los conflictos entre cooperativas, empresas y comunidades.
En Bolivia, el término agrominero se utiliza cada vez con mayor frecuencia. La expansión de la minería está transformando las economías rurales y generando profundas divisiones familiares y generacionales. Naturalmente, muchos jóvenes perciben que la agricultura es cada vez menos viable y que la falta de control ambiental, de apoyo financiero a proyectos económicos sostenibles incrementa la vulnerabilidad frente a la minería, que muchas veces se impone como única salida. La minería también aparece como un medio para alcanzar un modelo aspiracional de desarrollo: salir de la ruralidad, migrar a las ciudades y acceder a mayores ingresos, vivienda, salud y educación. Este proceso se expresa en la creación de cooperativas e incluso pequeñas empresas, que en algunos casos operan sin cumplir plenamente los requisitos legales, pero cuentan con respaldo comunitario a cambio de mejoramiento de caminos, escuelas, infraestructura comunal o, simplemente, para evitar el conflicto.
La decisión de incorporarse a la minería responde a una combinación de factores: La percepción de que la expansión minera es inevitable y que es preferible que los beneficios permanezcan en la comunidad; la necesidad de ejercer control sobre el territorio frente al ingreso de actores externos; la falta de alternativas productivas y las urgencias económicas; la existencia de una tradición minera en algunas regiones; y la expectativa de que una minería comunitaria pueda generar menores impactos (Gudynas, 2025).
A estos factores debo añadir otros dos que adquieren creciente relevancia. El primero es el deterioro progresivo del agua, los suelos y las condiciones materiales de producción, que reduce la viabilidad de la agricultura y debilita la capacidad de las comunidades para resistir el avance de la minería. El segundo es la creciente presión del cambio climático. En comunidades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, las severas sequías e incendios forestales de 2023 fueron seguidos por inundaciones a finales de 2024 y comienzos de 2025. Como resultado, muchas comunidades identifican al menos cuatro meses al año como periodos de alto riesgo para la producción agrícola, debido a sequías, inundaciones y plagas, lo que dificulta sostener sus formas tradicionales de vida y debilita su soberanía alimentaria.
Conciencia crítica sobre los límites de la minería
Las comunidades no son actores pasivos. Sus testimonios revelan una comprensión crítica de los límites de la minería. Sin embargo, la acumulación por desposesión promovida por los grandes actores extractivos y el Estado reduce de manera progresiva sus márgenes de decisión y termina subordinando lo colectivo a una lógica de acumulación que privilegia el beneficio inmediato y desvaloriza la protección del territorio. Cualquier análisis de esta transformación resulta incompleto si prescinde de los patrones de violencia, desigualdad y desposesión que condicionan las decisiones de las comunidades e impiden la capacidad real para elegir un modelo distinto de desarrollo.
Referencias bibliográficas
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Nixon, R. (2011). Slow violence and the environmentalism of the poor. Harvard University Press.
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[1] La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es una entidad pública autárquica creada por la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia (2014), bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. Es la encargada de administrar, fiscalizar y otorgar derechos mineros, principalmente mediante el Contrato Administrativo Minero (CAM). Desde su creación, su funcionamiento ha sido cuestionado: la ley que la instituyó se aprobó en medio de fuertes conflictos por el peso concedido al sector cooperativista. A ello se suman cuestionamientos por la creciente participación de capital extranjero en la minería aurífera; la superposición de cuadrículas con áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos; la debilidad de la consulta previa y, en los últimos cinco años, presuntos actos de corrupción que involucraron a diversas Máximas Autoridades Ejecutivas en el favorecimiento de actores mineros específicos.
[2] La violencia lenta es una categoría analítica desarrollada por Rob Nixon (2011) que alude a formas de destrucción gradual y acumulativa con efectos diferidos en el tiempo y el espacio.
[3] La documentación de los proyectos de ley de aprobación de contratos mineros fue revisada por la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado boliviano, que aprobó informes de rechazo en sesión de Comisión. Como asesor, tuve acceso a esta documentación, posteriormente compartida con instituciones de la sociedad civil.
[4] En comunidades rurales alejadas, la presencia policial suele ser limitada y su intervención depende de denuncias, requerimientos fiscales o judiciales, o instrucciones del Ejecutivo. Diversas organizaciones advierten que los actores mineros cuentan con mayores capacidades económicas y logísticas para activar estos mecanismos.
[5] La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico causado por la intoxicación por metilmercurio. Recibe su nombre del brote detectado en 1956 en la bahía de Minamata (Japón), donde el consumo de peces y mariscos contaminados por vertidos industriales provocó una de las mayores tragedias de contaminación ambiental del siglo XX. La enfermedad ocasiona alteraciones sensoriales y motoras, pérdida de coordinación, trastornos visuales y auditivos, y, en casos graves, parálisis, malformaciones congénitas y muerte.
Angélica Coca Ramos es especialista en políticas ambientales. Ha elaborado normativa, estrategias territoriales postextractivistas e iniciativas legislativas en bioeconomía, gestión de recursos hídricos, energía y conservación de ecosistemas. Desarrolló su formación académica en Estados Unidos, Francia y Jordania.